Una nueva Policía de Control de Orden Público: una medida ineficiente e innecesaria

El pasado 5 de marzo en el edificio del ex Congreso Nacional, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla junto a la ex jefa de la División de Seguridad Pública Pía Greene, han realizado una propuesta “revolucionaria” en la comisión bicameral de seguridad, la creación de una tercera policía: la “Fuerza de Control de Orden Público”.

La presentación de las exautoridades estuvo enfocada en la especialización de funciones y en la “subordinación de las policías al poder político”, proponiendo entre otras cosas, la creación de una tercera policía que permita dar cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Política de la República en cuanto a garantizar el “orden público” se refiere. En este sentido, lo que se propone en palabras simples es que Carabineros de Chile potencie su rol preventivo y se dedique a garantizar la seguridad pública interior, mientras que la nueva Policía de Control de Orden Público sería la encargada de garantizar el orden público a nivel nacional en aras de concentrar las funciones de control de orden público, inteligencia y operaciones policiales de alto riesgo.

Esta idea revolucionaria nació de un oficial alemán que en su visita a Chile no entendió por qué un mismo cuerpo policial tenía la misión preventiva y a la vez la función de garantizar el orden público, recomendando a la Subsecretaría del Interior dividir las funciones en dos instituciones diferentes. Pues bien, por muy alemán que sea el oficial, esto no garantiza la efectividad de la medida en esta u otras materias. Corresponde tomarnos la reforma en serio, pero procurando mirar la efectividad del resultado, nuestra idiosincrasia y la realidad nacional.

En este sentido, la creación de una tercera Policía de Control de Orden Público no sólo parece ser una medida ineficiente, sino también inequitativa. En primer lugar, nada asegura la legitimidad y respeto a la nueva policía, cuando hoy tenemos problemas de formación profundos y policías descuidadas por la clase política. Por otro lado, parece ser una medida desigual, pues no aplicaría la justicia distributiva que debe tener toda fuerza policial, y pareciera estar pensada desde la comodidad de los escritorios de la Región Metropolitana, sin mirar nuestra geografía o las necesidades de las otras regiones.

En cuanto a la subordinación de las policías al “poder político”, los expositores bien saben que todos los protocolos de las policías son revisados actualmente en la Subsecretaria del Interior y que Carabineros de Chile ha hecho grandes esfuerzos en materia de accountability. Como prueba de lo anterior, hoy tenemos una Contraloría Institucional, una Dirección de Derechos Humanos y una Dirección de Auditoría Interna de Carabineros.

En este sentido, creo que el problema no está sólo en nuestra institucionalidad policial, sino en el mando político. Una manifestación de lo anterior fue lo ocurrido con el ex Delegado Presidencial de La Araucanía, Cristián Barra, hoy funcionario de la Subsecretaría del Interior, quien se sorprende por la participación de abogados en las reuniones con militares, dando cuenta de un problema mucho más profundo: la falta de competencia de la clase política para ejercer el control civil.

El desconocimiento de Barra es sólo una muestra de la torpeza política en la materia. Cabe destacar que, para los ejercicios multinacionales y operaciones de paz donde cooperan nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, es fundamental la participación de abogados para la fiscalización del cumplimiento de la normativa internacional vigente y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, lo que hizo el jefe de Defensa en la región de La Araucanía fue simplemente respetar el ordenamiento jurídico vigente y al Estado de Derecho. Sin embargo, al actual asesor del subsecretario Galli le pareció confuso y poco convencional, pese a que es una práctica común entre las fuerzas armadas y policiales del mundo.

Hoy, el desafío está en avanzar en la creación de un sistema de seguridad integral e interagencial con participación de la sociedad civil, pero más importante: debemos tener un mando civil a la altura, que sea capaz de dirigir políticamente al selecto grupo de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad.

Ahora, si bien no comparto una idea tan extrema e ineficiente como la creación de una tercera policía, sí parece ser importante reformar el gobierno corporativo de Carabineros de Chile. En este sentido, lo que propusimos en su oportunidad fue la creación de tres macrozonas de Carabineros: la primera desde Arica a la Región de Valparaíso, la segunda desde la Región Metropolitana hasta el Maule y la tercera desde el Bío-Bío hasta la Región de Magallanes. Todo ello, con el fin de descentralizar la toma de decisiones y aumentar la eficacia en la gestión. Asimismo, se propuso modernizar la actual Dirección de Orden y Seguridad integrando el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), Control de Orden Público (ex Fuerzas Especiales, COP) y Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), integrando además altos estándares de protección a los derechos humanos con un trabajo conjunto y coordinado con la Dirección de Derechos Humanos.

La reforma de nuestras policías debe avanzar a un sistema integral con plena participación de sociedad civil. Procurando, en primer término, fortalecer los procesos de formación y delimitar eficazmente las funciones de nuestras policías, atendiendo también los problemas de bienestar del personal policial. Asimismo, es fundamental fomentar la participación regional en aras de descentralizar la toma de decisiones del mando. También, debemos crear un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana con una organización interagencial y un centro integrado para la protección civil; una casa común, donde nuestras policías y servicios de emergencias, en conjunto con la sociedad civil, puedan unificar protocolos y doctrinas en función de la matriz de riesgo y el interés nacional.

Por último, debemos ser capaces de privilegiar lo cualitativo de lo cuantitativo, pues para tener un país realmente seguro, es menester integrar procesos y atender el problema desde la incomodidad de la realidad nacional. Hoy debemos dar una respuesta oportuna a la población, ejecutando procesos y no planificando programas que poco o nada ayudarán a nuestra sociedad. Necesitamos tomarnos en serio la creación del sistema integral de seguridad ciudadana.