Opinión
La evolución de la crisis sanitaria generada por el coronavirus se encuentra ad portas, nuevamente, de generar un impacto directo en el calendario electoral con la postergación de las jornadas de elecciones del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo. La elección de nuevas autoridades municipales (alcaldes y concejales), gobernadores regionales y miembros de la Convención Constitucional se aplazaría así en más de un mes.
El aumento de los contagios durante las últimas semanas, el cual supera los indicadores de los peores días de junio del año pasado, ha llevado las camas críticas al límite, llegando casi al máximo de ocupación en algunas regiones. Ante esta situación, el Gobierno ha tomado medidas más drásticas, dejando en cuarentena al 97 % de la población del país, incluyendo a toda la Región Metropolitana, y estableciendo mayores controles para los viajeros que ingresan al país, imponiéndoles una cuarentena obligatoria en una residencia sanitaria, a cargo de ellos.
Si bien tanto la elección de gobernadores regionales como la elección de convencionales constituyentes son inéditas en la historia de Chile, es necesario poner el foco en esta última, pues por medio de ella se elegirá a las 155 personas que escribirán nada menos que la nueva Constitución.
Para el plebiscito de octubre del 2020 fuimos testigos de una participación histórica; la más alta desde el plebiscito de 1988. No obstante, no caben dudas que hubiesen participado más ciudadanos y ciudadanas si no hubiese existido el peligro de contagio. Es preciso recordar que para ese entonces aún no había vacuna disponible y que, hasta el día de hoy, la evidencia científica comparada no es concluyente en señalar que la celebración de elecciones incremente el número de contagios.
Lo que resulta claro es que su postergación, en el marco nacional, alterará un calendario electoral que ya arrastra una demora de seis meses producto de la postergación del plebiscito durante el 2020. Este antecedente limita el margen de maniobra del Gobierno para seguir modificando las fechas del superciclo electoral 2020-2022.
Más allá de la necesidad urgente de controlar la emergencia sanitaria frente a la diseminación de nuevas cepas, la institucionalidad no puede pasar a segundo plano. Esto quiere decir que la decisión debe ser acompañada de medidas concretas para hacer frente al aumento abrupto de los contagios, pero ello sin dejar de garantizar a la vez la posibilidad de dar continuidad al proceso electoral y, en definitiva, no volver a postergar la fecha de la elección.
No es menos cierto, sin embargo, que la decisión de mantener las elecciones para el 10 y 11 de abril podría haber resultado sumamente costosa si la participación electoral se hubiese visto afectada significativamente por un miedo al contagio generalizado de parte de la población. En este sentido, una débil participación en las elecciones podría haber redundado en una composición sesgada de la Convención Constitucional, afectando la legitimidad de ésta.
En efecto, si llegara a votar menos de la mitad de la ciudadanía –como es la tendencia en elecciones no plebiscitarias–, esto podría favorecer a los diversos sectores que han seguido con desconfianza este proceso. Por otro lado, una menor participación no se distribuiría de igual manera a través de los distintos sectores socioeconómicos, pues, como ha sido demostrado por la literatura, los sectores de más altos ingresos participan más frecuentemente que los sectores de menores ingresos, y los adultos participan más que los jóvenes.
Chile nunca ha tenido una Constitución redactada por una Convención Constitucional que cuente con una amplia participación ciudadana en todas las etapas de su diseño. Cualquier decisión respecto de la realización del proceso electoral en un contexto sanitario de riesgo que pueda tener un impacto negativo sobre la participación ciudadana y sobre la legitimidad de esta etapa clave, puede generar cuestionamientos que nos priven en última instancia de contar con una Constitución que pueda superar los déficits de nuestra actual Carta Magna.
Finalmente, es posible que la nueva fecha propuesta por el Gobierno se “quede corta” considerando que en cinco semanas más difícilmente se logrará el “efecto rebaño” que sería necesario para desarrollar las elecciones en condiciones de una razonable seguridad sanitaria. La última palabra la tendrá el Congreso.
