Opinión
Desde el año 2010, cada 31 de marzo se recuerda a las regiones como una forma de realizar balances y desafíos en torno a sus problemáticas. En términos comparados con nuestra propia historia, el año 2021 es donde más motivos tenemos para estar expectantes en regiones. Pero, como todo cambio estructural, es complejo, genera resistencias y es necesario mantener la cautela sobre todo por la discusión constitucional, la naturaleza de la reforma a la descentralización aprobada, y las propuestas de mejora que ha hecho el gobierno, especialmente la ley corta y la ley de financiamiento regional.
Por otra parte, la pandemia hizo ver las debilidades del centralismo y las dificultades que existen para implementar políticas públicas cuando no hay coordinación, o se carece de atribuciones competenciales en regiones y municipalidades. Nunca antes las regiones han estado mejor posicionadas en la opinión pública, de eso no hay duda.
Todo este entramado de cambios institucionales hacen pensar que estamos en un momento histórico. Este año se concretará la elección de gobernadores regionales y gracias a la discusión constitucional ha ido ganando terreno en la opinión pública el anhelo de distribuir de mejor manera el poder a nivel territorial.
Este contexto ha contribuido a reafirmar que Chile no puede seguir con el modelo unitario centralizado que promueve sólo la descentralización administrativa. Pero este consenso genera aún resistencias y debe derrotar símbolos, barreras administrativas y estructurales que impiden iniciar un proceso de descentralización política con la debida dignidad y proyectar un cambio profundo en la nueva Constitución.
La primera barrera es simbólica y se dará este año: ¿dónde tendrán sus oficinas los gobernadores regionales? El centralismo decidió que los Delegados Presidenciales Regionales ocuparán los mismos lugares de trabajo de los actuales Intendentes. Esto, sin duda, es un despropósito político y no sólo una cuestión administrativa. La soberanía popular de regiones elegirá gobernadores regionales, ellos son el símbolo de la voluntad política regional. Los delegados presidenciales regionales son la expresión del centralismo, por lo cual, a lo menos y por un acto de dignidad, deberían ocupar los lugares de las actuales gobernaciones provinciales que coinciden con las capitales regionales y dejar su actual lugar a los gobernadores regionales. No resiste mayor análisis el desaire de ubicar en cualquier lugar a la autoridad política regional electa por la ciudadanía.
Segundo, la ley corta y la ley de financiamiento regional pareciera que irán en la línea de no empoderar a regiones y gobernadores regionales. Esto abre un desafío y es que los gobernadores regionales empujen, desde el primer día de su mandato, la necesidad de corregir estas anomalías y deficiencias legales. No es lo mismo que reclame una ONG o un parlamentario por una autoridad que no existe, a que lo haga la propia autoridad y más aún asociada con sus pares para demandar dignidad a su cargo. Es de esperar que las acciones de los gobernadores regionales para corregir una mala legislación no caigan en saco roto y que la corrección estructural la realice la nueva Constitución.
En este sentido, es preciso señalar que la discusión constitucional que se ha dado hasta el momento ha sido ideológicamente tibia, algo panfletaria y sin mayor trasfondo. Todos los candidatos quieren “más descentralización”, pero muy pocos se atreven a plantear si la quieren, por ejemplo, en el marco de un Estado unitario (corregido), un Estado unitario regional, o un Estado federal simétrico o asimétrico. Poco o nada se ha hablado del vínculo que existe entre la distribución territorial del poder y la pluralidad étnica existente en Chile.
Este es el momento de tomarnos en serio la descentralización, así como se la tomó en serio el régimen militar en los años ochenta, para quien descentralizar iba de la mano de reducir el tamaño del Estado. Creo que debemos dar una discusión mucho más ideológica sobre esta materia, en el sentido de que distribuir poder, empoderar territorios, reducir desigualdades, fortalecer la democracia son objetivos políticos e implican un Estado fuerte y activo en materia de desarrollo territorial.
No da lo mismo la definición de las reglas del juego político a nivel territorial, no da lo mismo entender la descentralización en el marco de un Estado Regional, Federal o Unitario pero con presencia mínima, rol subsidiario o con municipalidades y gobiernos regionales que sólo administran pocos recursos, con escasas competencias, y múltiples funciones asignadas desde el nivel central de gobierno.
El Día de las Regiones nos debiese recordar que es buen momento para comenzar a pensar en estos temas, pero sin complejos. La descentralización no es una técnica, no es neutra, es un acto de poder, por tanto, fuertemente ideológica.
