Opinión
La decisión de no apoyar la investigación de la Universidad Austral con el anticuerpo de alpaca para el tratamiento del COVID-19 es una muestra clara –una más– de la vergonzosa negligencia con que ha actuado el Gobierno al enfrentar esta pandemia. Este desacierto tiene el agravante de que no solo afecta a nuestro país, sino a la humanidad en su conjunto. Si existe en Chile un equipo científico capaz de encontrar una solución que permitiría salvar millones de vidas en todo el mundo, el Gobierno debiera aclarar a la brevedad los motivos por los cuales se ha resistido a apoyar estos estudios en los términos que corresponde.
Desde abril de 2020, un grupo de científicos de la Universidad Austral de Chile logró identificar y producir los anticuerpos que permiten neutralizar al virus causante de la actual pandemia que sacude al mundo. Aun antes de las vacunas que hoy se aplican en diferentes países, investigadores de esta universidad chilena han sido capaces de obtener resultados muy promisorios en el combate al coronavirus.
El trabajo de estos científicos –que ha suscitado atención mundial– ha consistido en la utilización del anticuerpo W25 que producen las alpacas, especie animal característica de esta zona del continente americano. En concreto, el tratamiento permitiría bloquear la replicación del virus, inhibiendo el contagio y la mortalidad. El hallazgo cobra mayor relevancia incluso, considerando su bajo costo.
Una de las mayores ventajas del proyecto desarrollado en Chile es que es complementario a las vacunas ya existentes, lo que permitiría tratar a las personas que sufren los síntomas de la enfermedad. Además de lo anterior, la investigación ha logrado resultados también exitosos al tratar con las variantes sudafricana y británica, y podría neutralizar además la variante brasileña.
Sin embargo, y aunque parezca increíble, a la fecha el Gobierno de Chile no ha apoyado el desarrollo de estos estudios con los recursos suficientes. En efecto, la investigación solo ha contado con un aporte del gobierno regional de 200 millones de pesos, en circunstancias que se requieren cerca de 4 millones de dólares para generar las dosis –a través de nebulizadores– y efectuar los estudios clínicos asociados a su aplicación. Si bien la cifra puede sonar alta para el bolsillo personal, se trata de una suma ínfima en relación con los montos que habitualmente se requieren para la investigación científica y médica. Normalmente en este tipo de actividades se habla de decenas y cientos de millones de dólares.
En tal sentido, resulta escandaloso que el Ejecutivo no haya sido capaz de desembolsar un monto insignificante en relación con los enormes beneficios que podría tener la utilización de este anticuerpo en el combate al coronavirus. Aparte del gigantesco drama que significan las más de 30 mil muertes y las decenas de miles de personas hospitalizadas asociadas al COVID-19, el costo económico de la pandemia es casi incuantificable, por lo que una inversión de 4 millones de dólares es una mínima fracción de lo que el Estado podría ahorrar de implementarse luego estos tratamientos.
La decisión de no apoyar la investigación de la Universidad Austral con el anticuerpo de alpaca para el tratamiento del COVID-19 es una muestra clara – una más– de la vergonzosa negligencia con que ha actuado el Gobierno al enfrentar esta pandemia. Nuevamente queda claro que las políticas restrictivas del Ministerio de Hacienda tienen mayor preponderancia frente al rol protagónico que debieran asumir los ministerios de Ciencia y de Salud ante una crisis sanitaria y social tan descomunal como la que vivimos actualmente.
Este desacierto –sea por omisión o mezquindad– tiene el agravante de que no solo afecta a nuestro país, sino a la humanidad en su conjunto. Si existe en Chile un equipo científico capaz de encontrar una solución que permitiría salvar millones de vidas en todo el mundo, el Gobierno debiera aclarar a la brevedad los motivos por los cuales se ha resistido a apoyar estos estudios en los términos que corresponde. Explicación que merecen no solo las ciudadanas y ciudadanos del país, sino toda la comunidad internacional.
Todavía es tiempo de corregir. El Gobierno tiene la palabra.
