Opinión
Hoy se discute en la Comisión Mixta de Economía de nuestro Congreso una modificación legal que afectará severamente la Institucionalidad de Protección de Datos Personales en nuestro país, al atribuirle al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) competencia amplia sobre esta materia.
De aprobarse esta modificación, los datos se transformarían en una materia de consumo y, lo que es más delicado, se convertiría al Sernac en la Agencia encargada de velar por esta garantía fundamental en Chile. Adicionalmente, y a pesar del reciente y esperado anuncio del Presidente de la República de crear una Agencia de Ciberseguridad, también dotaría de atribuciones en esta materia al Sernac.
Cabe recordar que hace 4 años se inició en nuestro país la discusión legislativa para generar una nueva normativa e institucionalidad en materia de Protección de Datos Personales, que actualizará nuestra “vieja” ley del año 1999. Ese proyecto, que actualmente se encuentran en la Comisión de Hacienda del Senado sin urgencia, ha sido fruto de un consenso trasversal del Ejecutivo, Legislativo, academia, sector privado y sociedad civil.
Ese consenso se sustentó en resguardar la garantía fundamental a nuestros datos personales, pero sin desconocer la realidad del ecosistema digital en que estos transitan, y el necesario pero delicado equilibrio que debe existir entre estos.
Un pilar fundamental de lo anterior fue el reconocimiento de una Agencia de Protección de Datos colegiada, especializada, e independiente, aprobándose que cumpliera ese rol el Consejo para la Transparencia, encargado de velar por el acceso a información pública en nuestro país. Este modelo institucional y de Agencia es tanto el de los países OCDE como de la Unión Europea.
El que hoy se proponga para este rol al Sernac, órgano sujeto al “ciclo político”, y no una agencia colegiada, especializada e independiente como la que plantea el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, sumado a la dispersión normativa que se ha producido en nuestro país por este vacío legislativo, constituye una amenaza a lograr como país el estándar mínimo adecuado que hace tanto tiempo se nos exige por la OCDE, pero, lo que es más grave, arriesga nuestra inserción y desarrollo en la sociedad y economía digital de la que tanto dependemos y que esta pandemia ha hecho tan evidente.
Cristian Sepúlveda Tormo
Abogado Universidad de Chile
