Opinión
Crédito: Aton
Es preciso estar alertas a eventuales malas prácticas que no solo se asocian al trato directo, sino que también se pueden dar en procesos licitatorios. Por ello, para impedir que las grandes licitaciones impulsadas por el Estado, como las de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Registro Civil, Carabineros, entre otras, vuelvan a ser foco de cuestionamientos, deben existir mecanismos idóneos para controlar que esos recursos sean bien utilizados y se orienten al bien común.
La crisis de confianza sociopolítica que atraviesa a nuestro país se caracteriza, entre otras cosas, por la percepción de bajos niveles de integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública y por el conocimiento de una serie de irregularidades y situaciones de corrupción que afectan a instituciones públicas y privadas. Algunas de ellas emergen en ese espacio en que los intereses de las empresas y las necesidades del Estado se cruzan: el de las grandes contrataciones y compras públicas.
Un ámbito aún más sensible hoy si pensamos en el actual contexto de pandemia, que obliga al Estado a imprimir celeridad en sus acciones para responder a la emergencia, sumado esto a la decisión de contribuir a la reactivación.
Esta superposición de factores, necesidades apremiantes y aumento del gasto público, es –lamentablemente– un terreno fértil para eventuales irregularidades, cuestión que ha sido preocupación manifiesta en distintos órganos de transparencia e integridad en el mundo. Lo anterior requiere del Consejo para la Transparencia y de otras entidades estar prestos a desarrollar herramientas potentes y efectivas de control para precaver y combatir el mal uso de los recursos públicos y la corrupción.
[cita tipo=»destaque»]El actual contexto de pandemia, que obliga al Estado a imprimir celeridad en sus acciones para responder a la emergencia, configura un cuadro de necesidades apremiantes y aumento del gasto público que lamentablemente es un terreno fértil para eventuales irregularidades. En este escenario, la transparencia y el acceso a la información son, precisamente, de los mecanismos más eficaces para salvaguardar el buen uso de los dineros del Estado y garantizar un correcto ejercicio de las funciones públicas. [/cita]
Es preciso estar alertas a eventuales malas prácticas que no solo se asocian al trato directo, sino que también se pueden dar en procesos licitatorios. Por ello, para impedir que las grandes licitaciones impulsadas por el Estado, como las de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Registro Civil, Carabineros, entre otras, vuelvan a ser foco de cuestionamientos, deben existir mecanismos idóneos para controlar que esos recursos sean bien utilizados y se orienten al bien común.
La transparencia y el acceso a la información son, precisamente, de los mecanismos más eficaces para salvaguardar el buen uso de los dineros del Estado y garantizar un correcto ejercicio de las funciones públicas. Por ello, el Consejo ha presentado propuestas para elevar los estándares de transparencia en distintas instancias: normativas –tanto en la Ley de Acceso a la Información 2.0 como en iniciativas sobre compras y contrataciones del Estado– y mediante recomendaciones directas a las instituciones que realizan grandes compras.
Esto último, debemos considerarlo con especial relevancia en el ámbito de las Obras Públicas y a partir del plan histórico anunciado por estos días. Frente a grandes riesgos, necesitamos grandes soluciones. Sistemas más robustos en transparencia e integridad, mayor control social y minimización de riesgos de corrupción. Es fundamental que, en la base de las grandes compras del Estado, se erija un ecosistema de transparencia e integridad pública, mediante la configuración de una política pública integral y coordinada, que conjugue la existencia armónica de normas sobre transparencia, probidad y anticorrupción.
