Opinión
Resulta crítico considerar la vinculación intrínseca que el derecho a la vivienda posee respecto de otros derechos humanos, tales como el agua, el medio ambiente sano, la salud, el trabajo, la educación y la participación. Así, un verdadero derecho a la vivienda digna pasa por garantizar también aquellos elementos transversales a ellos, como la igualdad y no discriminación; la especial protección de los grupos especialmente vulnerados; el establecimiento de mecanismos judiciales que permitan exigir su cumplimiento; la promoción de viviendas y ciudades con enfoque de género; y la generación de planes para la implementación progresiva de este derecho, que utilicen el máximo de los recursos disponibles.
La Convención Constitucional recientemente electa tiene un enorme desafío: redactar una nueva Constitución que garantice y represente las demandas y anhelos de la ciudadanía, incluyendo por primera vez el derecho a la vivienda adecuada.
El escenario no es para nada fácil. Según el último catastro realizado por TECHO-Chile y Fundación Vivienda, 81.643 familias actualmente habitan en campamentos, lo que evidencia un aumento del 74% desde el año 2019. Estas cifras no hacen más que refrendar las dificultades y barreras a las que se enfrentan las personas en Chile a la hora de obtener una garantía de su derecho humano a una vivienda digna, a la vez que solo representan la “punta del iceberg” de una enorme cantidad de hogares que son parte del déficit habitacional, viven en condiciones de exclusión y no encuentran respuestas oportunas en los mecanismos institucionales de vivienda.
Para apoyar la enorme tarea de las y los constituyentes, desde TECHO-Chile, Fundación Vivienda, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), Urbanismo Social y Casa Abierta, estamos impulsando el Compromiso por el Habitar en Dignidad, el cual busca facilitar la exploración de formas más justas, inclusivas y democráticas de habitar nuestros territorios, ciudades y barrios.
Sin duda, el primer paso para avanzar hacia el objetivo propuesto es la incorporación del derecho a la vivienda en el nuevo texto constitucional. Sin embargo, este desafío nos exige ampliar nuestras comprensiones del derecho a la vivienda más allá del aseguramiento de un techo, poniendo énfasis en una serie de responsabilidades que en este contexto debe asumir el Estado. En este sentido, el derecho a la vivienda adecuada requiere de la adopción de medidas que garanticen la disponibilidad de servicios públicos; de materiales, facilidades e infraestructuras que atiendan las diversas esferas de la vida humana; medidas que hagan asequibles las viviendas; que las localicen fuera de zonas de riesgos, cerca de las fuentes de trabajo y los servicios sociales; y que incorporen componentes culturales que representen las diversas identidades de las personas que las habitan.
Lo anterior implica, en lo sustantivo, una consagración del interés público en la regulación del uso del suelo que dé paso a políticas que garanticen un uso justo y ambientalmente sostenible de los espacios urbanos y rurales. A ello se liga la necesidad de consagrar el derecho a la ciudad como dimensión colectiva del derecho a la vivienda, el que se manifiesta a través de la posibilidad de todas y todos sus habitantes para utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar la ciudad.
Por último, resulta crítico considerar la vinculación intrínseca que el derecho a la vivienda posee respecto de otros derechos humanos, tales como el agua, el medio ambiente sano, la salud, el trabajo, la educación y la participación. Así un verdadero derecho a la vivienda digna pasa por garantizar también aquellos elementos transversales a ellos, como la igualdad y no discriminación; la especial protección de los grupos especialmente vulnerados; el establecimiento de mecanismos judiciales que permitan exigir su cumplimiento; la promoción de viviendas y ciudades con enfoque de género; y la generación de planes para la implementación progresiva de este derecho, que utilicen el máximo de los recursos disponibles.
Confiamos en que la consideración de estos lineamientos en la nueva Constitución permitirá formular las bases de una acción pública que garantice un real derecho a viviendas dignas para todos y todas, a través de mandatos normativos sostenibles y a largo plazo que mejoren y transformen continuamente las condiciones de existencia y la dignidad de las personas y comunidades.
Sebastián Bowen, Director Ejecutivo TECHO-Chile FV
Vicente Silva, Representante Latinoamérica GI-ESCR
Celsa Durán, Presidenta Asociación Casa Abierta, Valparaíso
Pilar Goycoolea, Directora Ejecutiva Urbanismo Social
