Política pública en debate: crisis y reflexiones pandémicas para el proceso constituyente en Chile

La política pública como herramienta de acción estatal, sin duda, es un elemento troncal en las sociedades contemporáneas. Considerando el proceso constituyente en Chile, en este texto abrimos una discusión escasamente extendida en el espacio público: el carácter de la política pública y su futuro. Al respecto, argumento que existen múltiples modos de comprender y realizar política pública, y que aquellas orientaciones dependen en gran medida de los gobiernos. En esta línea, a pesar de las especificidades de cada periodo, en Chile desde el 90’ a la fecha parece haber primado un entendimiento respecto a la política pública como una intervención, en donde, los mecanismos estatales abordan tal o cual problema, bajo las ideas de: focalización, legitimidad tecnocrática economicista y privatización de la función pública. En Chile, este modo específico de comprender y ejercer la política pública ha sido posicionada como un absoluto, no permitiendo ver otras alternativas de acción pública. Desde nuestra perspectiva no se ha reconocido que aquel modelo de realizar política pública ha mantenidos conflictividades desde su génesis y también explotó con el 18 de Octubre del 2019. Ahora bien, en la medida de que no se ha reconoce su fracaso, tampoco han existido esfuerzos de abrir el debate, pensar nuevos modos de desarrollo y enlazar el debate constituyente (qué define límites del Estado) con la discusión sobre modos de política pública (acción del estado). En este texto, abrimos la reflexión a partir de dos artículos de investigación teórica recientemente publicados en el campo de las políticas públicas.

Existen múltiples y variados modos de entender teóricamente qué es una política pública, remitiremos principalmente a dos. Primero, desde la teoría del cambio se entiende a la acción estatal como una intervención, en donde, las medidas que se implementen y su modo de ejecución determinarían qué y cómo transformarías la realidad. Desde este enfoque, la idea de intervención es fundamental y se enlaza con distintas disciplinas tales como la economía, la sociología, el trabajo social, la antropología, el derecho, entre otros. Segundo, existe un enfoque que se aproxima a la política pública desde una dimensión cognitiva, allí, se entiende que 1) la gente que diseña, ejecuta y monitorea políticas también posee modos de entender el mundo, lo cuál, inciden en las políticas; 2) el estado es parte de la realidad y en muchos momentos es parte del problema; y 3) la realidad que se construye no solo se encuentra en un nivel material, sino que las políticas públicas también participan de la constitución de percepciones, orientaciones de futuros, imaginarios, entre otros.

Ahora bien, estos entendimientos no solo existen en un nivel teórico, sino que son adoptados y adaptados por los gobiernos para ser puestos en práctica.   Lo que aquí relevamos es que el modo en que las políticas públicas se desarrollan desde el estado no depende solo de las capacidades técnicas de los y las ejecutoras, sino que también del entendimiento político que los propios gobiernos posean respecto a la acción estatal.  En el caso chileno, predomina una política pública bajo la idea de intervención, allí, políticas, planes/programas y proyectos atacan o se enfrenta a “x” problemática de la vida cotidiana organizando su accionar en objetivos, fines, productos y actividades.

[cita tipo=»destaque»] El 18 de Octubre ha sido analizado desde múltiples enfoques, en específico en este texto, relevamos el rol del modelo de acción estatal, que desde nuestra perspectiva se encuentra totalmente en crisis. Situamos el punto de crisis -y enfoco este texto- en el presente, debido a que nos encontramos ad portas de un proceso constituyente y luego de una crisis social y sanitaria. No obstante, estas conflictividades y fracturas en torno a la política pública, inclusive se extienden desde su propia génesis. Así, los conflictos contra la política de vivienda y el endeudamiento habitacional no surgen en el 2019, ni los reclamos por mayor acceso y calidad de la salud, ni tampoco las protestas por la educación (recordar 2006, 2011 y 2017). En efecto, el malestar por el modo en que el estado actúa constantemente ha generado fricciones.  Ahora bien, desde nuestra perspectiva el 2019 marca un punto de inflexión política[/cita]

En ningún caso nos gustaría homogenizar todo un periodo desde el 90’ a la fecha, no obstante, relevo algunas pautas y/o características constantes en el modo de acción estatal, las cuáles, se relacionan con la idea de “política pública como intervención”.  Primero, la focalización, en donde es un imperativo acotar los públicos objetivos para cada política. Segundo, dotar de legitimidad a las iniciativas mediante el tecnocratismo economicista, en desmedro de una validación social. Tercero, la privatización como estrategia de acción, en donde privados ejecutan diferentes momentos de la política pública (Ojeda y Joustra, 2021). Lo que sostenemos, es que en Chile un modo específico de realizar política pública y sus características, progresivamente se van transformando en un imperativo absoluto en la acción estatal. Este es compartido por los gobiernos y en general por la política institucional, en la cuál, encontramos poca resistencia y más bien, cierto inmovilismo.

En Chile, a nivel macro, observamos que al primer ciclo privatizador/subastador de empresas estatales, es seguido por un segundo momento en donde el mercado se hace parte fundamental de la ejecución de funciones originarias de la acción del estado. Así, la vocación hacia “derechos universales”, e inclusive la misma noción de derecho social se ve constreñida por un espacio que también se constituye como nicho de acumulación privada. Aquí observamos a lo menos dos lógicas de acción, la primera consiste en un giro estructural hacia la entrega de cuantiosas sumas de dinero al sector privado para que ejecute políticas. Por ejemplo, si pensamos en el sistema de salud, allí se bonifica a clínicas del sector privado para que atiendan patologías específicas o por el uso de infraestructuras. Muchas veces estos valores rebasan con creces los montos que el mismo gobierno entrega al sistema público. Así, cuando se siguen buscando ejemplos, la lista es interminable: SENAME y el flujo de dineros a las organizaciones dueñas de las residencias (muy cuestionadas, por cierto), Transporte público mediante licitaciones a Express y Alsacia, el pago de becas y gratuidad a universidades privadas, entre otros.  La segunda lógica que es posible observar, consiste en la deslocalización total de responsabilidades estatales y su tránsito hacia el sector privado, en donde encontramos como caso emblemático el sistema de pensiones a cargo de las AFP’S. En la práctica, el estado transfiere su completa responsabilidad de seguridad social de los y las jubiladas a empresas cuya principal finalidad se aleja a la de entregar buenas pensiones.

El 18 de Octubre ha sido analizado desde múltiples enfoques, en específico en este texto, relevamos el rol del modelo de acción estatal, que desde nuestra perspectiva se encuentra totalmente en crisis. Situamos el punto de crisis -y enfoco este texto- en el presente, debido a que nos encontramos ad portas de un proceso constituyente y luego de una crisis social y sanitaria. No obstante, estas conflictividades y fracturas en torno a la política pública, inclusive se extienden desde su propia génesis. Así, los conflictos contra la política de vivienda y el endeudamiento habitacional no surgen en el 2019, ni los reclamos por mayor acceso y calidad de la salud, ni tampoco las protestas por la educación (recordar 2006, 2011 y 2017). En efecto, el malestar por el modo en que el estado actúa constantemente ha generado fricciones.  Ahora bien, desde nuestra perspectiva el 2019 marca un punto de inflexión política en donde el profundo fracaso de estas tendencias y modos de comprender la acción estatal son más evidentes que nunca (Ojeda y Campos, 2020; Ojeda y Joustra, 2021). Lo que se ha denominado malestar cotidiano (Araujo, 2020) y/o crisis del sistema de dominación neoliberal (Ruiz, 2020) en gran parte pasa por el sentimiento de que se debe remar solo y sola contra la corriente, observando a un estado sin capacidad política, ni administrativa, de realmente apoyar al ciudadano común.

Ahora, al analizar en detalle, podemos trazar algunas claves respecto a los límites de este modelo de política pública. Primero, la lógica de intervención basada en la focalización, legitimación en base al tecnocratismo economicista y privatizada no ha dado el ancho, porque justamente existen problemas que son universales, necesitan de medidas validadas por la sociedad para su éxito y perfectamente pueden ser ejecutadas por el estado (Ojeda y Joustra, 2021). Segundo, generalmente se utiliza la capacidad política del estado de agrupar actores y mediar entre intereses, en la etapa de diagnostico y elaboración de la acción. Luego de que esta se promulga parece imposible de ser modificada y cualquier reclamo debe ser dirigido a la “OIRS”, las famosas oficinas de atención de reclamos y sugerencias. Esto, lo que nos demuestra es que al obviar su dimensión de construcción cognitiva de la política pública se termina por reducir la participación a un elemento procedimental, no sustantivo y temporalmente acotado. Tercero, se pasan por alto las recomendaciones y los aportes de la ciudadanía, construyendo instrumentos sumamente rígidos y poco porosos a la realidad de las personas, en donde la ciudadanía debe ponerse un traje de “luchadora constante de la vida” para poder acceder a cualquier tipo de servicio ¿alguno/a de quién lee este texto ha ido a algún servicio público o ha sido beneficiario/a de alguna política sin tener que disputar o conflictuar en Chile? Probablemente la respuesta sea no, y allí se encuentre el locus de nuestra reflexión.

En el malestar vivido o cotidiano (Araujo, 2015; 2018; 2020) pareciera no solo producirse por una dimensión estructural, marcada por agobiantes e inauditas desigualdades, sino que también, la propia lógica de realizar política pública adoptada por los gobiernos post-90. Intervenimos y focalizamos, haciendo que la gente deba pelear por ser “más pobre” para poder acceder a la acción del estado ¿Qué nos genera entonces esta lógica de política pública? Una acción estatal que: 1) no aborda cabalmente la magnitud de los problemas y 2) se transforma en un productor de malestar social.

El proceso constituyente que estamos próximos a vivir, nos entrega la posibilidad de realizar modificaciones, que organicen los límites de la política y del Estado. En este sentido, las transformaciones también debiesen ser capaces de reorientar el  accionar público de la maquinaria estatal. Discutir esta temática es de suma importancia para pensar el futuro de la sociedad, sin embargo, esto han sido escasamente problematizadas en el ámbito de lo público. Muchas veces el momento en que lo constituido decae y lo constituyente emerge implica abordar tantas temáticas, que aquellas más naturalizadas corren el riesgo de mantener continuidad. Más aún, cuando en torno a estas temáticas existen intereses creados que neutralizan el debate público.

Respecto a la pregunta: ¿qué alternativas hay de salida a esta crisis en la política pública? Cerramos este texto, planteando dos vías. Primero, tensionar el absoluto comprensivo de la acción estatal como una intervención. Permitiendo que otras perspectivas puedan ir abriéndose paso, como por ejemplo, la idea de resonancia  que considera dimensiones cognitivas y rescata la idea de desarrollo institucional (Ojeda y Campos, 2020). Añadiendo mayor cantidad de mecanismos de participación constante y también, flexibilidad y porosidad en las instituciones para insertar aquellas recomendaciones ciudadanas en el ejercicio de las políticas. Segundo, no es necesario viajar miles de kilómetros en busca de complejas experiencias internacionales (que sin duda pueden aportar), sino que también podemos encontrar interesantes sorpresas cuando revisamos nuestra historia reciente. Sin ir más lejos la política de vacunación contra la pandemia COVID-19 en Chile, es un ejemplo interesante, hablamos de una política universal, socialmente legitimada, estatal y descentralizada cuyos resultados compartidos han sido positivos. En efecto, dejamos abierta la siguiente pregunta la política pública ¿es solo una intervención o una co-construcción?