Opinión
La reciente instalación en sus cargos de gobernadoras y gobernadores regionales, resultado de un proceso histórico de elección directa, marca el inicio de un ciclo de empoderamiento de las regiones, y que presenta desafíos relevantes de articulación con el proceso constituyente y la transición entre el actual gobierno y el venidero. Como sabemos, este es un proceso que se encuentra incompleto, fundamentalmente, debido a las reticencias transversales que impiden superar un modelo altamente centralizado, que en su momento aseguró a las regiones mínimos en infraestructura, servicios básicos, salud y educación. Sin embargo, todavía el país mantiene brechas regionales significativas en la interacción entre diferentes niveles estructurales en ámbitos económicos y sociales, acceso a recursos para el desarrollo integral, medio ambiente, así como sistemas integrados de movilidad y diversificación económica basada en nuevos resultados de ciencia y tecnología.
Actualmente, las tensiones sociales del país son múltiples: la demanda de mayor equidad, especialmente en los ámbitos de educación, salud y seguridad social, y un verdadero estado social garantizado por el Estado; la superación de los conflictos ambientales, basados en un fortalecimiento del poder regional y local, que mejore la calidad de vida de las comunidades; la necesidad de mejorar los empleos, con una participación activa del sector privado emprendedor que oriente sus esfuerzos hacia la diversificación significativa de la matriz productiva, evitando sobreexplotar los recursos naturales; y el requerimiento de un dinamismo colaborativo desde los territorios hacia una economía con valor agregado y sustentable entre gobiernos regionales, empresas, universidades y sociedad civil. En cada uno de estos aspectos, el mayor empoderamiento de las regiones cumple un rol clave.
Desde la Universidad de Concepción, se ha promovido durante las últimas décadas la transformación del Estado Unitario, basado en un fuerte poder central, hacia un Estado Regional, fórmula intermedia entre los estados unitarios y los federales, inspirada en parte en las autonomías españolas y el fuerte poder subnacional en los estados escandinavos, así como en los avances en esta dimensión en Colombia, Perú, Bolivia. Lo anterior implica la existencia por ley de rentas regionales, en una combinación de coparticipación en los ingresos nacionales y royalties a los recursos naturales, tal como lo propuso, en forma unánime, la Comisión Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional del año 2014, complementado con un Fondo de Convergencia Regional creado en 2017. Con un procedimiento similar, Europa asegura el principio constitucional de equidad horizontal para que todos los gobiernos territoriales puedan desarrollar sus competencias de manera sostenible.
Una dimensión urgente que se debe completar consiste en la instalación de los gobernadores regionales y el proceso de empoderamiento de consejos y gobiernos regionales. Para ello, se requiere de reglamentos que orienten y ordenen a las agencias estatales -seremías y servicios- para la coordinación de tareas, con lo cual se pueda aceptar la conducción regional en sus distintos ámbitos. A su vez, las delegaciones ministeriales en las regiones se deben articular con el Gobierno Regional y sus nuevas divisiones, del mismo modo como ha ocurrido en otras experiencias de transición desde el centralismo hacia sistemas de estados modernos descentralizados.
Para completar las prioridades en la búsqueda de mayor coherencia a este proceso de instalación y transición, se necesita un proceso de traspaso de competencias en forma consistente con el poder normativo clave, entregado en la ley 21.074 a los nuevos gobiernos regionales con mayor autonomía para sus gobernadores(as) electos. Esto implica el traspaso de las competencias que obliga de manera simultánea a entregar a las gobernaciones regionales los servicios que abogan por el transporte, el fomento productivo y agrícola, los planes ambientales y desarrollo social, además de mayores recursos y coordinación intergubernamental para una decidida conducción regional.
En la nueva institucionalidad son destacables las mayores capacidades de decisión del Consejo Regional, el fortalecimineto de la unidad de control del gasto regional, y la creación del consejo de la sociedad civil regional. Las decisiones pendientes en materia de rentas y competencias, fundamentales para el desarrollo territorial, es responsabilidad de todos los actores e implica pactos y voluntad de transformación con coherencia y eficacia.
Para avanzar en los aspectos pendientes, es relevante contar con estructuras representativas transversales, como la creación de una asociación o federación de gobiernos regionales que puede cumplir un rol determinante, como se ha demostrado en otros países. Un primer encuentro de las regiones, convocado por las recién asumidas gobernadoras y gobernadores, se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Concepción, con el objetivo de profundizar en los aspectos de descentralización y regionalismo.
En concordancia con la esperanza ciudadana de que los gobiernos regionales se traduzcan en mejoras en sus vidas cotidianas, debido al entendimiento integral de las necesidades y demandas desde sus propios territorios, debemos aportar a que este proceso se complete con éxito.
