La acusación constitucional a Yasna Provoste fue una odiosa conjura política

Cada cierto tiempo aparece o se afirma en ciertos medios digitales o en campañas de RRSS interesadas en injuriar o calumniar a la señora Yasna Provoste Campillay con la falacia de que la acusación constitucional en su contra en el año 2008 se debió a que “se le perdieron US$600 millones”.

Resulta absurdo desmentir una falsedad evidente, porque simplemente no es creíble. No obstante, ante la pertinacia en difundir esa mentira se contamina el ambiente de una elección presidencial democrática, generando imágenes o mitos que deben ser desvirtuados con la verdad de los hechos.

1. La Acusación Constitucional suscrita por 10 diputados de la UDI y RN tuvo su origen en la filtración de una auditoria habitual que realizaba la Contraloría, cuyo proceso no había finalizado. Así se desprende del texto de la Acusación: “A partir de una evaluación realizada por la Contraloría General de la República, en el marco del plan anual de fiscalización, llevado a cabo durante el año 2005 y cuyo informe fue remitido al Ministerio en Febrero de 2006, el organismo determinó que se adoptaran una serie de medidas, destinadas a corregir el incumplimiento de la normativa de los procedimientos contables establecidos por el órgano contralor y asimismo, se efectuaran las conciliaciones de las cuentas corrientes de la Secretaria Regional Ministerial de la Región Metropolitana. Estas medidas, surgen como consecuencia de la existencia de cheques caducados, documentos con deficiencias en su emisión y por determinarse que las conciliaciones bancarias no se encontraban al día y no existía plena certeza del destino de los egresos de la cuenta de subvenciones” (página 13, párrafo segundo, del texto de la Acusación que publica la BCN).

2. Afirmaron, además, los diputados que a pesar de lo informado a la Contraloría hasta el momento de la acusación “no han sido aclaradas todas las cuentas ni se ha logrado la conciliación bancaria de los años 2004 y 2005”. Y añadieron, los mismos acusadores que: “lo que ha sido aclarado son sólo los movimientos bancarios del año 2006 y 2007 y, desde hace dos semanas, lo que corresponde a noviembre y diciembre de 2005” (página 16, final párrafo cuarto, del texto que publica la BCN).

3. De este modo, del propio relato de la acusación presentada, se desprende que a la Ministra Provoste nunca se le imputó “pérdida alguna de dinero fiscal”, sino que sólo se señaló que no se había finalizado un proceso de conciliación de las cuentas corrientes de la SEREMI Metropolitana de Educación de los años 2004 y 2005, esto es, por un período muy anterior a la fecha que asumiera el cargo de Ministra de Educación.

4. Es necesario agregar que, en definitiva, ese proceso de conciliación de cuentas corrientes fue aclarado por el Ministerio a la Contraloría como consta de diversos oficios. Entre ellos, el ‘Oficio de seguimiento’ Nº 44548 de 24 de septiembre de 2008, en el cual el Señor Contralor de la época expresó -a partir de lo informado en el oficio Nº 7.109 de 2008, emitido por la SEREMI Metropolitana de Educación- que se habían remitido “las conciliaciones bancarias de cada uno de los meses del citado período 2004 al 2006, de las cuentas corrientes en cuestión, así como también, las planillas excel de saldos y movimientos del sistema de conciliación bancaria diseñado al efecto”.

5. En conclusión, en aras a dejar establecida la verdad y con el fin de replicar la mentira injuriosa que circula, es mi deber profesional dejar en claro tal como, en su oportunidad, lo manifesté a la CIDH, que, de conformidad a todos los antecedentes examinados, mientras Yasna Provoste Campillay ejerció el cargo de Ministra de Educación:

1. No se perdió un solo peso del que se le pueda imputar alguna responsabilidad, como mañosamente se ha pretendido instalar;
2. Jamás hubo alguna denuncia judicial ni administrativa en su contra, y
3. La acusación constitucional fue una odiosa conjura política. Así se desprende de lo manifestado, entre otros, por los siguientes personeros de la derecha chilena que siempre tuvo y sigue teniendo miedo al liderazgo de la hoy Presidenta del Senado.

Bastan los dos antecedentes que se enuncian a continuación para dejar en evidencia la maniobra política urdida y, asimismo, la inocencia absoluta de la entonces Ministra Provoste:

• Marcela Cubillos Sigall (UDI), diputada acusadora de la Ministra Yasna Provoste, y Andrés Allamand Zavala (RN), senador que en esa calidad actuó como jurado y la declaró “culpable”, dedican -con el mayor de los descaros- un título completo del libro “La Estrella y el Arcoíris” -del que son coautores (Editorial Aguilar, edición 2010, página 137)- a describir que “EL PRINCIPAL HITO OPOSITOR” destinado a lograr “el desalojo” de los gobiernos de la Concertación fue “LA ACUSACIÓN A LA MINISTRA PROVOSTE”. Este hecho es un reconocimiento evidente de que su destitución e inhabilitación por 5 años fue parte una “conjura política de la derecha” que, como en todo acto ilegítimo de  tal naturaleza, los resultados importan más que las personas. Y,

• El reconocimiento explícito de “la injusta acusación constitucional a Yasna Provoste” formulado en su última alegación por la defensa de Andrés Chadwick Piñera, cuando él fue acusado constitucionalmente en 2019, contradiciendo así su voto como Senador para removerla de su cargo de Ministra, el 16 de abril de 2008.

Ojalá que estas aclaraciones que dejan en evidencia la cara más sucia de la “no política”, sirvan para que las campañas, presidencial y parlamentaria, que se vienen en noviembre próximo, sean asumidas con la transparencia y limpieza que demanda la buena política. Esa de las ideas de la dignidad y la justicia que el pueblo, hace largo tiempo, exige y espera de quienes buscan el auténtico servicio público y no la satisfacción de un interés personal o de su grupo.