Opinión
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¿Cuáles debiesen ser los mecanismos de comprensión y gestión del agua que se discutan en el proceso constituyente? No existe una respuesta única pues la realidad socioambiental de Chile es diversa y dinámica. De esta manera, se hace necesario definir una hoja de ruta y principios claros respecto de la importancia de proteger el agua garantizando su acceso para las personas y protección de sus funciones ecosistémicas, así como también el reconocimiento y respeto de sus diferentes significados y usos en el seno de la multiplicidad de comunidades y pueblos originarios del país.
Uno de los aspectos claves de la redacción de la nueva Constitución, estará determinado por la manera en que se definirá cómo entenderemos la naturaleza. Desde hace décadas, diferentes disciplinas han cuestionado el paradigma moderno sobre el cual se construye nuestra sociedad occidental, en donde naturaleza y sociedad son entes separados y beligerantes. Es precisamente el reconocimiento de que la naturaleza y la sociedad se encuentran indivisiblemente unidos en un híbrido socioambiental, una alternativa de cambio al status quo que nos tiene al borde del colapso. Para el caso de Chile, una de las más claras expresiones de esta concepción sesgada de naturaleza es la grave crisis hidrosocial que vivimos.
Nuestro país atraviesa la peor sequía de la que se tenga registro instrumental. Los estudios paleoclimáticos nos muestran que, aunque agravados por el cambio climático contemporáneo, las sequías son parte de la dinámica propia de nuestros territorios. En un escenario climático, donde la variabilidad es la norma, los modelos de comprensión y relación con el agua que establezcamos como sociedad, son la piedra angular de nuestro futuro hidrosocial. En este sentido, la crisis hídrica actual tiene una fuerte relación con el modelo de gestión del agua que ha permitido que los derechos de agua estén sobre otorgados en promedio 3 veces a nivel nacional. En palabras simples, a la disminución progresiva de las precipitaciones, se suma una muy desigual distribución del agua, que no garantiza el derecho humano a ésta y pone en riesgo los equilibrios ecosistémicos y socioambientales de nuestras cuencas.
Desde las ciencias humanas y sociales, existe suficiente evidencia internacional y nacional como para afirmar que el libre equilibrio entre la oferta y la demanda (mercado) no es el mejor mecanismo para determinar el acceso al agua. Pese a la transversalidad de estas evidencias, los diferentes mecanismos de administración privada de acceso al agua, cuyo máximo interés es el beneficio económico para sus accionistas, se siguen fortaleciendo.
[cita tipo=»destaque»]En palabras de Carl Bauer, profesor de la Universidad de Arizona “hay muchos países que reconocen derechos de propiedad sobre el agua, pero en ningún caso el Estado tiene tan poca potestad para intervenir como sucede en el caso chileno”. Y es así como en el análisis de 92 Constituciones a nivel mundial realizado por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la PUC, Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de agua a escala Constitucional.[/cita]
A escala global, la tendencia es clara y apunta a una arremetida de las empresas transnacionales por quedarse con la administración de las aguas locales. Hace sólo unos meses, dos de las empresas sanitarias más grandes del mundo, las gigantes Veolia y Suez, llegaron a un acuerdo de fusión, lo que implica la creación de un gran monopolio mundial de la gestión de las aguas. Asimismo, a inicios de este año veíamos cómo la cotización de los derechos de aprovechamiento del agua Californiana en la bolsa de Nueva York, reavivó el debate respecto del “negocio del agua”. Lejos de ser el único, estos mercados ya existen en países como Australia, Sudáfrica, parte de Canadá y España, y en una versión mucho más opaca, en Chile. En palabras de Carl Bauer, profesor de la Universidad de Arizona “hay muchos países que reconocen derechos de propiedad sobre el agua, pero en ningún caso el Estado tiene tan poca potestad para intervenir como sucede en el caso chileno”. Y es así como en el análisis de 92 Constituciones a nivel mundial realizado por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la PUC, Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de agua a escala Constitucional.
Entonces ¿cuáles debiesen ser los mecanismos de comprensión y gestión del agua que se discutan en el proceso Constituyente? No existe una respuesta única pues la realidad socioambiental de Chile es diversa y dinámica. De esta manera, se hace necesario definir una hoja de ruta y principios claros respecto de la importancia de proteger el agua garantizando su acceso para las personas y protección de sus funciones ecosistémicas, así como también el reconocimiento y respeto de sus diferentes significados y usos en el seno de la multiplicidad de comunidades y pueblos originarios del país.
Por otro lado, diferentes estudios geo-históricos, centrados en la comprensión de las aguas del Desierto de Atacama, nos han demostrado que las dinámicas que transformaron al agua en un bien exclusivamente económico son anteriores al Código de Aguas vigente y se encuentran relacionados a procesos complejos y heterogéneos, como la introducción de la minería industrial (salitre y cobre), los discursos científicos sobre Atacama de fines del siglo XIX e inicios del XX y la creación de los Estados-Nación (peruano y chileno en el caso de Tarapacá), entre otros aspectos. Estos resultados contrastan con las perspectivas que se centran sólo en el Código de Aguas de 1981 y ponen en evidencia la necesidad de incorporar estudios multidisciplinarios y multi temporales en las discusiones que se lleven a cabo en el proceso Constituyente. En este sentido, rescatamos las premisas elaboradas 17 destacados (as) académicos (as) y respaldadas por decenas de académicos (as) premios nacionales en la llamada Acta de Tarapacá: “pueblo sin agua, pueblo muerto”, donde se destaca la importancia de la profundidad histórica en la comprensión de los procesos socioambientales actuales, particularmente respecto del agua. Es preciso entender que el cómo comprendamos y nos relacionemos con el agua está directamente conectado con el presente y futuro de nuestra sociedad, el cual no debe seguir considerando el agua como un recurso exclusivamente económico y separado de la sociedad.
Finalmente y comprendiendo que los desafíos respecto del agua están profundamente ligados a la relación de nuestra sociedad con la naturaleza en su conjunto, quisiéramos explicitar, en este momento tan particular en que se escribe nuestra nueva Carta Magna, que no todo lo que es “verde” es “ecológico”. La imperante necesidad de cambio a nivel global, ha empujado a las élites económicas y políticas a adaptarse a la moda “verde”, para de esta forma, seguir obteniendo réditos económicos. Es así como abundan los eufemismos “economía verde”, “minería sustentable”, “carbono-neutral”, “desarrollo sustentable”, entre tantas otros, que, continúan abordando la realidad socioambiental como piezas de un puzle, que pueden entenderse de forma individual y sin prestar atención al conjunto. Como si la electrificación del parque automotriz en el hemisferio norte no estuviese conectada con la desecación de los salares altoandinos y vulneración de territorio indígena para la extracción del litio, o como si la refinación del cobre, metal clave en las “tecnologías verdes”, no tuviese relación con la contaminación atmosférica en Tocopilla o en Quintero-Puchuncaví, o como si la construcción de paneles solares y turbinas eólicas no dependieran de toneladas de cobalto o tierras raras en cuya extracción se utiliza masivamente el trabajo infantil en la República del Congo o la contaminación de vastos territorios urbanos y rurales en China. La nueva Constitución debe superar la tentación de la mera retórica de lo “verde”, y marcar un precedente que logre establecer una nueva forma de comprender nuestra relación con la naturaleza y el territorio que cohabitamos.
Pese a que hace sólo unos días ha comenzado a establecerse la Convención Constituyente, creemos que esta instancia sociopolítica es un proceso que no finalizará con la redacción de una nueva Constitución. Tenemos la ilusión, como activistas y académicos, que este proceso se extenderá hacia afuera de las instituciones políticas tradicionales, para llegar al seno de nuestras discusiones y acciones cotidianas. A nuestro juicio, es un proceso que debiese buscar cambios profundos en las relaciones socioambientales que se han arrastrado desde incluso antes de que Chile fuera un Estado soberano. El desafío es titánico, y cómo tal, se extenderá por varias generaciones e involucrará más de una Constitución. Es tarea de cada persona, no sólo informarse y abogar por el fin de “la naturaleza” como ente separado de la sociedad, sino que seguir participando activamente desde la mesa de su casa, desde el colegio, en sus trabajos, en las universidades, en las asambleas y también en las urnas.
