Opinión
Crédito: ATON
Este miércoles la historia de minera Dominga continúa, cuatro años después de que los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo denunciaran presiones del nivel central para recomendar la aprobación del proyecto. Para este miércoles 11 de agosto se citó a una sesión extraordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, cuyo único objetivo es votar el Estudio de Impacto Ambiental, pero que en la práctica no tiene ningún sentido, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema que podrían anular cualquier resolución. ¿Por qué un proyecto con recursos judiciales pendientes tiene tanta prioridad? ¿Cuáles serán los criterios para que se ponga en tabla este cuestionado proyecto?
Para todas y todos quienes hemos seguido desde cerca la tramitación del proyecto minero portuario Dominga, ya casi no nos sorprenden los privilegios y las oportunidades entregadas a una minera que desde un inicio presentó un Estudio de Impacto Ambiental deficiente. Desde entonces, han pasado ocho años y aún sigue flotando.
Solo para recordar un hecho, el exfiscal Carlos Gajardo relató –en una entrevista televisiva– cómo, en el primer Gobierno del Presidente Piñera, el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, recibió pagos de uno de los controladores de este proyecto minero. Sin embargo, como muchos casos de este tipo, terminó sin la investigación correspondiente, a pesar de presentarse un posible cohecho.
Este miércoles la historia continúa, cuatro años después de que los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo denunciaran presiones del nivel central para recomendar la aprobación del proyecto.
Desde que asumieron los delegados presidenciales, el 14 de julio, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo ha sesionado solo una vez. Para este miércoles 11 de agosto se citó a una sesión extraordinaria, cuyo único objetivo es votar el Estudio de Impacto Ambiental de Minera Dominga, pero que en la práctica no tiene ningún sentido, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema que podrían anular cualquier resolución.
¿Por qué un proyecto con recursos judiciales pendientes en la Corte Suprema tiene tanta prioridad? ¿Cuáles serán los criterios para que se ponga en tabla este cuestionado proyecto?
Cuesta entender las razones, sin embargo, el centralismo, el conflicto de intereses y las influencias podrían ser algunas de ellas.
[cita tipo=»destaque»]Cuesta imaginar entonces que, un proyecto como Dominga, con tantas deficiencias, siga siendo revisado en pleno 2021. Su aprobación, ante una crisis climática irreversible, según lo señalado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), sería realmente confirmar su ruta de privilegios.[/cita]
El periodista Daniel Matamala indicaba, en la emisión del 8 de agosto del programa “Tolerancia Cero”, lo contradictorio que es el hecho de que “el delegado presidencial y los Seremis, o sea, personas que dependen del Gobierno central”, sean los que voten, mientras que los habitantes de la Región de Coquimbo escogieron democráticamente a una gobernadora ambientalista hace algunas semanas.
Nuestra institucionalidad ambiental no había considerado la posibilidad de votaciones mientras los procesos están judicializados, es más, esta será la primera vez.
En 2017, Dominga fue rechazada por levantar una línea de base insuficiente, identificar y evaluar incorrectamente los impactos, proponer medidas parciales frente a sus grandes consecuencias. Sumado esto a los deficientes análisis de los impactos sinérgicos.
Estas fueron solo algunas de las razones técnicas para que este proyecto haya sido rechazado. Con esa misma información, este miércoles el proyecto será votado una vez más, por otro Gobierno.
Cuesta imaginar entonces que, un proyecto como Dominga, con tantas deficiencias, siga siendo revisado en pleno 2021. Su aprobación, ante una crisis climática irreversible, según lo señalado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), sería realmente confirmar su ruta de privilegios.
