Opinión
Las decisiones del Tribunal Constitucional respecto al sistema de garantías de los derechos de la niñez; del Ministerio Público, de no perseverar en el caso SQM; y de la Corte Suprema, de indemnizar a los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay con 1.000 millones de pesos, son asincrónicas y funcionan como una verdadera confirmación de que el diagnóstico de la multitud ciudadana del 18-O parece correcto: el problema es tan grave que se hace necesario solucionarlo con un cambio muy profundo. Para esto, el proceso constituyente es solo el inicio.
Recientemente, tres importantes instituciones han adoptado determinaciones que parecen calzar mejor con el país que existía hasta el 18 de octubre de 2019.
A fines de julio, el Tribunal Constitucional (TC) sentenció que había normas inconstitucionales en el proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, lo cual impedirá que se conviertan en ley varias disposiciones que eran manifestación de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y que les permitían ejercer y exigir personalmente sus derechos, así como recibir protección directa.
Unos días después, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación por platas políticas que involucra a SQM. Entre los imputados, como se sabe, figura un exministro de Estado e hijos y amigos de políticos.
Por su parte, la Corte Suprema falló que el fisco debe indemnizar a los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay con 1.000 millones de pesos. Hay que ser enfático aquí: se trata de un crimen horroroso; aun así, sorprende el monto indemnizatorio que, usualmente, es muchísimo menor cuando de ser compensado por la falta de servicio del Estado se trata.
En lo que respecta al TC, su sentencia es una muestra más –entre un largo listado de casos– del activismo conservador de aquella magistratura, que ha operado como barrera frente a los cambios requeridos por el país, decididos legislativamente. Ese órgano ha sido funcional a una minoría de derecha que defiende el statu quo, sobre la base de confinar a la política (y a la democracia) desde el programa constitucional que dejara la dictadura.
[cita tipo=»destaque»]Las anteriores determinaciones son muy llamativas en el actual momento constituyente, porque este tiene, entre las múltiples justificaciones que le dieron origen, dos muy poderosas: el problema de una política incapaz de hacer reformas en beneficio de las personas, y el tratamiento desigual recibido por las chilenas y los chilenos corrientes.[/cita]
En cuanto a las decisiones del Ministerio Público y la Corte, no es extraño el revuelo causado cuando parecen producir un desequilibrio en el tratamiento que las instituciones han de entregar a las personas: allá se deja impunes a los imputados por platas sucias en la política, sin que haya un beneficio equivalente para cualquiera que comete un ilícito; y acá las víctimas parecen obtener más dinero del que normalmente se otorga en la litigación contra el fisco.
Las anteriores determinaciones son muy llamativas en el actual momento constituyente, porque este tiene, entre las múltiples justificaciones que le dieron origen, dos muy poderosas: el problema de una política incapaz de hacer reformas en beneficio de las personas, a causa de los dispositivos institucionales que las impedían (el Tribunal Constitucional entre ellos); y el tratamiento desigual recibido por las chilenas y los chilenos corrientes en distintos ámbitos, en comparación con quienes se encuentran en mejor posición social.
Bajo este escenario, las decisiones del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Corte Suprema son asincrónicas, y funcionan como una verdadera confirmación de que el diagnóstico de la multitud ciudadana del 18-O parece correcto: el problema es tan grave que se hace necesario solucionarlo con un cambio muy profundo. Para esto, el proceso constituyente es solo el inicio, porque la tarea de las instituciones configuradas por la próxima Carta Fundamental será también modificar su ethos vigente, que ha sido posibilitado e inspirado por el marco constitucional, político y social que se está extinguiendo.
