Opinión
Crédito: Aton
Si bien no hay una campaña literalmente orquestada que apunte a hacer fracasar el trabajo de la Convención y su propósito central –redactar una nueva Carta Magna–, sí hay, en el oficialismo y algunos medios ligados a él, una campaña organizada para dañar su imagen y, por ende, tal vez hacer fracasar su gran objetivo: dotar de una nueva institucionalidad democrática a Chile. Cuidemos la Convención Constitucional. No solo quienes la conforman sino también quienes miramos expectantes sus resultados. Este país ya ha tenido demasiada violencia institucional a lo largo de su corta historia republicana.
La derecha recibió con una amarga sorpresa los resultados de la elección de convencionales constituyentes el pasado 16 de mayo, donde como sector estuvieron lejos de alcanzar el tercio al que aspiraban y que les daba poder de veto. Entre las electas estaban dos figuras polémicas del Rechazo que, ahora, sin pudor alguno, se presentaban –y eran electas en comunas de “la burbuja”– como algunas de las protagonistas que escribirían una nueva Constitución.
El día de su instalación, en un contexto de movilizaciones en los sectores aledaños al ex Congreso Nacional y un lamentable actuar de Carabineros, que retrasó la institucionalización de la instancia derivada del plebiscito de 2020, se evidenciaron diversos cruces de opiniones entre los distintos constituyentes. Teresa Marinovic –que con Marcela Cubillos han tenido una resonancia mediática muy por sobre lo que representan–, entre otras cosas, señaló ese día a Canal 13 que “somos un grupo importante, y si no los somos en términos de votos, vamos a buscar otra manera”.
Un poco antes, el martes posterior a la elección de constituyentes, Emol publicaba un texto del historiador, ex UDI, Gonzalo Rojas, que en el contexto de una crítica profunda a la derecha y al Presidente Piñera remachó –ante esta catástrofe del sector y sobre el qué hacer en este escenario adverso– con la siguiente frase: “Hace cincuenta años, lo tuvimos muy claro”. Esto, respecto al rol del sector en el quiebre de nuestra democracia.
Esa misma semana, ante un robo con violencia perpetrado a su residencia, el presidente de la CPC, Juan Sutil, manifestó a Emol que «hoy en día todos somos vulnerables, hay un clima de inestabilidad y poca seguridad». «Se ve en todos los barrios, en toda la ciudad. Esto no distingue, hemos ido perdiendo grados de seguridad y lo que es más grave es el nivel de agresividad con que actúan los delincuentes. Eso es muy triste, porque nos va cambiando el país y además nos tenemos que defender y autoproteger”.
[cita tipo=»destaque»]De allí, también, la responsabilidad de los propios constituyentes, de ponerse a la altura de la circunstancia histórica para la que fueron electos y que actúen con responsabilidad, evitando la provocación y la emisión de declaraciones que pueden prestarse, en un clima de crispación creciente, para malentendidos o tergiversaciones.[/cita]
En general, con posterioridad al establecimiento de la Convención, en especial desde cierta prensa escrita y digital tradicional, como Emol y LT, y en menor medida algunos medios de TV de la cadena nacional permanente, se ha ido instalando con cierto éxito –y con algunas vocerías del sector con mucha resonancia mediática, muy amplificadas, como las que indicamos– la idea de que la Convención Constitucional es innecesaria, un derroche. Esto se ha masificado con el malintencionado debate en torno a las asignaciones presupuestarias que se dio durante la semana pasada, donde hubo, derechamente, una campaña de desinformación que en la cultura del WhatsApp –donde ya nadie lee nada ni se informa– se prestó para difundir las más diversas tonteras, lo que le ha hecho un daño tremendo a esta institución que es la que tiene más legitimidad democrática en la actualidad. Quizá esa sea la explicación final al intento por destruirla.
Que un día es Emol el que toma una frase, que pareciera más que razonable, de la constituyente Elisa Loncon –“no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas”–, sobre un conflicto que ya lleva más de 500 años sin resolución y donde el acusado es más bien el Estado chileno, y que concluye hasta con el vocero de Gobierno, aparte de las constituyentes de derecha, el presidente de la CPC y los medios de la cadena nacional permanente, exigiéndole explicaciones y que se retracte de sus declaraciones.
Que, después, ese mismo periodismo pone en el tapete la supuesta “improductividad” de la Convención, luego de apenas 33 días de funcionamiento, en un escenario que no ha sido fácil, dado el contexto de ingobernabilidad y donde escasea la legitimidad de las instituciones, poniendo el foco en la idea de que no se cumplirá con el itinerario fijado para escribir la nueva Constitución.
Que otro día es LT y el hipotético excesivo gasto en alimentación, cuando luego los propios constituyentes evidencian, en Twitter y en redes sociales, que las más de las veces comen en el suelo; que este fin de semana son “los excesivos gastos” en asignaciones presupuestarias que, como bien se sabe, estaban en la partida respectiva del Ministerio de Hacienda desde el año pasado y que no deberían haber llamado la atención de nadie, en particular, cuando es un gasto necesario y acotado a un determinado tiempo, que es el plazo fijado para entregar la propuesta de nueva Carta Magna.
Que después es la renuncia de Catalina Parot a la secretaría ejecutiva de la Convención –que ya había tenido la baja de Francisco Encina– y se cierne un manto de duda sobre su real motivo, en especial, cuando el subsecretario de la Segpres estaba ejerciendo una presión sobre ella que la colapsó y cuyo guion estaba escrito, pareciera, desde más arriba.
Si bien no hay una campaña literalmente orquestada que apunte a hacer fracasar el trabajo de la Convención y su propósito central –redactar una nueva Carta Magna–, sí hay, en el oficialismo y algunos medios ligados a él, una campaña organizada para dañar su imagen y, por ende, tal vez hacer fracasar su gran objetivo: dotar de una nueva institucionalidad democrática a Chile. Lo anterior es un téngase presente a estos esfuerzos y hay que señalarlo con todas sus letras, pues, en este esfuerzo, una inmensa mayoría de chilenos no somos neutrales.
De allí, también, la responsabilidad de los propios constituyentes, de ponerse a la altura de la circunstancia histórica para la que fueron electos y que actúen con responsabilidad, evitando la provocación y la emisión de declaraciones que pueden prestarse, en un clima de crispación creciente, para malentendidos o tergiversaciones.
El año 1959 nació la revista Estanqueros, vinculada a un grupo empresarial que se reconocía en Diego Portales y en su modelo de autoritarismo político. Un año antes había fracasado el gobierno de Ibáñez del Campo que, se suponía, iba a “barrer con la política”, y desde 1958 el país iba camino de la polarización de la que, cual más, cual menos, fueron todos responsables. Estanqueros y sus concepciones e ideas autoritarias y antidemocráticas afortunadamente, por ese tiempo, eran excepcionales y minoritarias.
En la década del 60 varios grupos políticos declaran, a un costado y al otro, su opción por caminos ajenos a los de la democracia, y diversos documentos y textos, de uno y otro bando, fueron masificando la idea –recuerdo en particular el libro de Mario Arnello, Proceso a una democracia– de que la democracia era un gastadero innecesario de plata, un pozo sin fondo.
Al concluir el Gobierno de Frei, los intentos de golpes de Estado ya estaban a la orden del día, como ocurrió con el Tacnazo que encabezó el general Viaux. Antes de que asumiera Allende, y en su intento por impedirlo, un grupo paramilitar de derecha, Patria y Libertad, secuestra al comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, y termina asesinándolo. No pasaría mucho tiempo para que, desde las propias instituciones democráticas, como el Congreso Nacional, se renunciará a resolver las dificultades institucionales de un modelo económico colapsado, con más democracia y no con golpes autoritarios o llamados a las Fuerzas Armadas y de Orden.
El resultado de aquello –que en 1959 era una idea marginal– fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y sus secuelas que no solo pagaron las víctimas de ese horroroso régimen, sino también los niños y niñas de Chile que crecimos en un ambiente de secretismo, mutismo, de padres desempleados, y de una educación y socialización superideologizada.
Cuidemos la Convención Constitucional. No solo quienes la conforman sino también quienes miramos expectantes sus resultados. Este país ya ha tenido demasiada violencia institucional a lo largo de su corta historia republicana.
No tropecemos –como en 1833, 1925 y 1980– de nuevo con la misma piedra, si esta vez, de verdad, queremos obtener un resultado distinto.
