Opinión
Crédito: Aton
La frase de Rodrigo Mundaca es la expresión práctica de lo mal diseñado que quedó el proceso de descentralización, por lo que resurge la pregunta: ¿qué hacer con la figura designada de los delegados presidenciales regionales? Han surgido una serie de propuestas, pero este es el momento político menos adecuado para apuntar al Gobierno para mejorar esta reforma, por lo que los esfuerzos deberían estar puestos en la Convención Constitucional y en provocar allí una discusión profunda sobre el modelo de Estado Regional y Comunal para Chile.
“Esa weá no procede”, fue la notable frase expresada la semana pasada por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y que refleja la síntesis de lo que se ha venido planteando como la principal crítica a la reforma a la descentralización, la cual contempló dos autoridades regionales, una electa y otra designada (delegado presidencial).
¿Cuál es el problema que refleja el gobernador de Valparaíso? Su frase interpela al corazón de esta mala reforma y es la expresión práctica de lo mal diseñado que quedó el proceso de descentralización. Dos autoridades políticas que cohabitan en un mismo territorio y que comparten similares funciones en materia de gestión regional, pero con distintas atribuciones, fundamentalmente en lo referido a “coordinar servicios públicos desconcentrados en el territorio”, es decir, a los Seremis (secretaría regional ministerial).
Como se ha dicho anteriormente, el delegado presidencial regional tiene la atribución de proponer la designación de secretarios regionales ministeriales y coordinar su acción en el territorio. Estos servicios públicos desconcentrados son esenciales para el desarrollo territorial y para el éxito de la Implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo, todos aspectos relacionados íntimamente con la acción y gestión del Gobierno Regional, que encabeza el gobernador y el consejo regional.
En definitiva, estamos viviendo lo que anticipamos en columnas, papers, seminarios, cursos, que se provocaría una colisión entre estas dos autoridades regionales, por lo que resurge la pregunta: ¿qué hacer con la figura designada de los delegados presidenciales regionales? Dado que en los últimos días se ha intensificado el debate sobre sus atribuciones y presencia en regiones, han surgido una serie de propuestas.
Se aprecian al menos 3 propuestas sobre el futuro del delegado presidencial regional. La primera consiste en la eliminación del cargo y que todas las funciones, incluidas las de seguridad interior, pasen a formar parte de las atribuciones y funciones del gobernador regional, modelo “algo similar” al de Colombia.
La segunda propuesta es que el delegado presidencial regional se quede con la función de seguridad interior (coordinar policías) y fiscalizar servicios públicos desconcentrados, mientras que coordinar servicios públicos desconcentrados, incluida su propuesta de designación, pase a formar parte de la función y atribución del gobernador regional.
[cita tipo=»destaque»]El gobernador de Valparaíso tensionó no tan solo a su delegado presidencial, sino que vino a reflotar una discusión ideológica que no se ha dado con fuerza. Esta es si seguiremos parchando con transferencias y competencias a nuestros débiles gobiernos regionales y municipalidades, sin modificar los cimientos institucionales consagrados en la Constitución del 80. O vamos a aprovechar que “#EstaWeaNoProcede” para discutir un modelo de Estado Regional y Comunal con gobiernos regionales y municipalidades fuertes, con nuevos cimientos institucionales y constitucionalmente habilitadas para hacer frente a las desigualdades sociales y territoriales que existen en el país. Voy por lo segundo, es una oportunidad histórica y esto sí que procede.[/cita]
La tercera propuesta es que, en vez de tener delegados presidenciales regionales, existan solo delegados presidenciales provinciales a cargo de la seguridad interior y extranjería. Con esta propuesta además se ganaría en que exista solo una autoridad política regional y la autoridad administrativa presidencial desconcentrada queda en el nivel provincial. En esta propuesta también los gobernadores regionales quedarían a cargo de proponer y coordinar a autoridades de los servicios públicos desconcentrados (Seremis).
El dilema que se produce con este escenario es el siguiente: ¿dónde buscar la solución de fondo al problema de la cohabitación? Con todo lo intenso que está el debate, este es el momento político menos adecuado para apuntar al Gobierno para mejorar esta reforma. Insistir en este camino sería hacerlo sobre un Gobierno que no tiene convicción descentralizadora, que no quería concretar esta elección regional, que además no tiene agenda regional y le quedan pocos meses en el poder.
Los esfuerzos deberían estar puestos en la Convención Constitucional y en provocar allí una discusión profunda sobre el modelo de Estado Regional y Comunal para Chile, donde la figura del delegado presidencial regional es una más de las tantas falencias que padece el centralismo chileno. Otro tema profundo y sin posibilidad de discutir con este Gobierno, e incluso sin posibilidad de abordar con candidatos presidenciales, es la idea de construir un modelo fuerte de rentas regionales o descentralización fiscal, que a lo menos nos iguale con los promedios de los países OCDE.
Por otra parte, también es una oportunidad única para discutir el carácter administrativista, subsidiario e ideológico del modelo de descentralización que la Constitución del 80 dispuso sobre los órganos de gobierno en regiones y comunas. El hecho de que hoy gobiernos regionales y municipalidades no tengan atribuciones y sean instituciones públicas débiles para enfrentar las desigualdades sociales y territoriales, fue una decisión deliberada que la dictadura concretó en la actual Constitución del 80. De esto, hasta hoy, ¡no se oye padre!
En síntesis, intensificar la discusión únicamente sobre la utilidad de un “delegado presidencial regional” no será muy rentable, a menos que sea el motivo para revisar de manera profunda la condición de Estado regional y comunal que actualmente tenemos y el que queremos tener en la nueva Carta Magna. El gobernador de Valparaíso tensionó no tan solo a su delegado presidencial, sino que vino a reflotar una discusión ideológica que no se ha dado con fuerza. Esta es si seguiremos parchando con transferencias y competencias a nuestros débiles gobiernos regionales y municipalidades, sin modificar los cimientos institucionales consagrados en la Constitución del 80. O vamos a aprovechar que “#EstaWeaNoProcede” para discutir un modelo de Estado Regional y Comunal con gobiernos regionales y municipalidades fuertes, con nuevos cimientos institucionales y constitucionalmente habilitadas para hacer frente a las desigualdades sociales y territoriales que existen en el país. Voy por lo segundo, es una oportunidad histórica y esto sí que procede.
