Opinión
La actual Política de Defensa no fue “desarrollada a escondidas de los chilenos” y tampoco puede leerse como un documento desvinculado del amplio y provechoso debate de los últimos 30 años en torno a estos temas. Deslizar la idea de que una política pública como esta es un instrumento hecho con fines corporativos de las instituciones de la Defensa Nacional, es un error y un desconocimiento de la profunda vocación patriótica de ellas. Las FF.AA. defienden una sola corporación… y esa se llama Chile.
En esta tribuna se ha manifestado una serie de opiniones respecto a una función fundamental para cualquier Estado-nación: su Defensa y sus instrumentos. Sin embargo, un tema tan importante y central para el normal desarrollo para los Estados, siendo sin duda de naturaleza política, requiere basarse en hechos objetivos y criterios técnicos. Asimismo, debe abstraerse de prejuicios ideológicos y de resabios analíticos del siglo pasado. Al fin y al cabo, la Defensa es un bien público puro, sobre el cual son válidas las más diversas aproximaciones, pero que exige contribuciones responsables.
Desde la publicación de la Política de Defensa 2020 (PD), hemos presenciado una serie de opiniones divergentes (o directamente detractoras), que sabemos provienen de la mejor intención de aportar al debate, pero que expresan juicios de valor desde una perspectiva teórica, lo que dificulta sopesar los fundamentos que subyacen en una política de este tipo.
En primer lugar, es necesario establecer que esta PD es la consolidación de un largo proceso institucional de debates y consensos. Este comenzó con las reuniones de trabajo que dieron vida al primer Libro de la Defensa Nacional de Chile (LDN) en 1997, para cuya elaboración fueron convocados políticos y académicos, civiles y militares, representantes de diversos poderes, organismos e instituciones del Estado, además de centros de estudios y otros actores de la sociedad civil. Este ejercicio fue profunda y transversalmente valorado, como da cuenta Cristian Faundes (2007) sobre la base de diferentes testimonios.
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Posteriormente, con las experiencias obtenidas, se realizó un nuevo esfuerzo que dio como producto el LDN 2002, el cual, según diversas autoridades políticas y académicas, tendía ya a constituir una política pública. Un paso más avanzado aún se observa en el LDN 2010, en el cual se sostiene que “el país ha logrado avanzar hacia una gestión cuyo centro del quehacer es la formulación, gestión y renovación eficaz y eficiente de la política pública de defensa” (p. 5). Como lo destacaron Flisfisch y Robledo en el año 2012, “desde la publicación de los libros se puso en marcha un número cada vez mayor de políticas militares, mientras que la formulación de las políticas de defensa y militar, así como una creciente injerencia civil en la supervisión de la planificación estratégica, fueron amplia y abiertamente aceptadas por las Fuerzas Armadas”.
La versión 2017 es aún más clara al respecto. De hecho, en su presentación la entonces Presidenta Bachelet afirmó que se renovaba “la idea de que la Política de Defensa, a cuyos contenidos concurren los aportes de diversos sectores, públicos y privados, es un asunto que compete al conjunto de la sociedad porque está al servicio de todas y todos quienes habitan en nuestro país”. Por su parte, el ministro de Defensa de la época indicó que los LDNs “han constituido un hito de participación en la formulación de la Política de Defensa con la concurrencia tanto de civiles como de militares, y por el espectro de los temas de defensa que son objeto de un análisis y de un debate abiertos”.
En consecuencia, esta Política de Defensa no fue “desarrollada a escondidas de los chilenos” (El Mostrador, 5-agosto-2021) y tampoco puede leerse como un documento desvinculado del amplio y provechoso debate de los últimos 30 años en torno a estos temas. Como es lógico, su proceso no estuvo libre de escollos, todos las cuales se superaron con el fin de aunar opiniones distintas, conforme a lo que ocurre en un país donde operan la libertad de expresión, la democracia, el diálogo y la tolerancia.
Ahora bien, con respecto a la postura estratégica de Chile refrendada en esta PD 2020, revisemos algunos aspectos técnicos sobre disuasión. Teorizar sobre este vocablo no es nuevo y su práctica de manera común e instintiva es tan antigua como la conformación de sociedades humanas (George y Smoke, 1974). El término se ha utilizado en una amplia diversidad de contextos para diferentes propósitos. Su uso no está circunscrito a cuestiones estratégicas-militares de alto nivel ni se limita al ámbito europeo o norteamericano. Así se encuentra en textos de la Antigüedad y la época bíblica, con un enfoque integral entre la diplomacia y la guerra. Como ejemplo, podemos mencionar que su aplicación en temas religiosos ha sido reflejada en trabajos de Pieter W. van der Horst (2005), mientras que John North (1998) demuestra que la disuasión se utilizaba en la medida que se creaban las ciudades internacionales en el período helenístico.
Durante la Guerra Fría, los escritores militares en lengua francesa de finales de los años cincuenta y sesenta, como Beaufre (1965), utilizaron la palabra francesa dissuasion en el contexto de los asuntos nucleares; se referían a los arsenales nucleares y la capacidad de países menos poderosos para intervenir en los asuntos entre EE.UU. y la URSS, disuadiéndolos de utilizar Europa como campo de batalla. Por esto, la palabra dissuasion quedó plasmada en la documentación de la OTAN, así como su traducción al inglés deterrence, en lo convencional y no convencional.
A raíz de lo anterior, EE.UU. comenzó a utilizar el término, sin embargo, la “destrucción nuclear mutua asegurada” fue declarada recién a inicios de los años 60, cuando la URSS logró desarrollar una capacidad nuclear equivalente, cuya aplicación buscaba reflejar la irracionalidad de un enfrentamiento atómico, más que señalar que los costos de un ataque serían mayores a los beneficios.
En el ámbito nacional, el término “disuasión” fue incluido en la primera PD del año 1991, por lo cual resultaba de toda lógica explicitar dicha postura estratégica. Asimismo, se especificó que esta política era de carácter disuasivo y su orientación fundamental defensiva, aspecto que no fue producto de arreglos posteriores.
La idea de defensivo no representa una intención de “diluir su voluntad implícita de empleo de la fuerza y transformarla en una estrategia no creíble” (El Mostrador, 5-agosto-2021) sino comunicar que el país no tiene aspiraciones expansionistas ni intenciones de reivindicar pérdidas territoriales, pero que, en caso de recibir una agresión, se empleará la fuerza en legítima defensa. El decretar aquello la hace creíble, directa y realista, a diferencia de otros Estados que publican políticas similares que no se condicen con sus acciones.
Una posición defensiva resulta consecuente con la Resolución N°2625 de la ONU, que declara que los Estados miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado” y compatible con el Artículo 51 de su Carta que consagra el “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado”.
Finalmente, aunque su utilización en términos formales se inició en 1991, no significa que Chile haya prescindido del efecto de disuadir. Desde la posguerra del Pacífico, en medio del proceso de actualización doctrinaria, se consideraba la absoluta necesidad de contar con una capacidad que protegiera de potenciales adversarios:
“Es indispensable que el país se encuentre materialmente asegurado contra toda eventualidad; es necesario que la paz de que disfruta un pueblo sea verdaderamente estable i no espuesta a los malos designios de cualquiera otra nación poco respetuosa de los tratados o de las leyes del derecho internacional” (Memorial del Ejército, 1906).
Por lo anterior se puede decir que la Política de Defensa 2020, es un marco que las FF.AA. necesitaban para el desarrollo de sus capacidades mínimas requeridas, lo que no obsta a que pueda ser un documento sujeto a revisiones periódicas para asegurar su vigencia.
Norberto Bobbio nos decía que los cánones de moderación son inherentes a la democracia, la cual debe estar libre de todo tipo de fanatismo ideológico. En consecuencia, deslizar la idea de que una política pública como esta es un instrumento hecho con fines corporativos de las instituciones de la Defensa Nacional, es un error y un desconocimiento a la profunda vocación patriótica de ellas. Las FF.AA. defienden una sola corporación… y esa se llama Chile.
