Opinión
Crédito: @iniachile
El sector rural está en alta medida invisibilizado por el país político o urbano, pero debe ser objeto de consideraciones particulares tanto en la Constitución como en la política económica del país. Chile debe contar con una expresa política de desarrollo rural sostenible que aborde en ese campo los aspectos productivos, sociales y medioambientales para beneficio de las presentes y futuras generaciones. Los contenidos específicos de dicha política pueden cambiar de período en período, pero la Constitución debería establecer el mandato de contar con un plan de esa naturaleza.
Lo que se entiende oficialmente en Chile por sector rural tiende a minimizar la importancia cuantitativa y cualitativa de este sector de la economía y de la sociedad chilena y apunta a establecer una visión dual y simplona, en la cual lo rural es, por un lado, expresión del atraso y de la marginalidad, y por otro, paralelamente, un sector moderno y dinámico.
Según la definición oficial, lo rural está constituido por las localidades con menos de 2.000 habitantes. De acuerdo a esa definición, el sector rural chileno está conformado por el 13 % de la población. Según la OCDE, lo rural está conformado por las comunidades que presentan una densidad poblacional de menos de 150 habitantes por km2, incluyendo distritos y comunas, pero excluyendo las capitales regionales. De acuerdo a esta definición, lo rural en Chile alcanzaba al 29 % en el 2014. Hay regiones del país, tales como O´Higgins, Maule, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en que, con esta definición de la OCDE, la población rural alcanza a más del 50 %.
Siempre según la definición de la OCDE, el 82 % de la superficie nacional está conformada por territorios rurales y 241 de las 346 comunas existentes presentan esa caracterización de ser rurales.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Casen, de 2017, el 16.5 % de la población rural vive en condiciones de pobreza, mientras que en la población urbana ese índice es solo de 7.4%. Por lo tanto, el nivel de pobreza rural más que duplica el nivel de pobreza imperante en el ámbito urbano y en los años 2019 y 2020, al calor de la crisis, es dable suponer que esos indicadores se hayan hecho más negativos todavía. Además, el acceso a la vivienda digna, el acceso al agua, a internet o a la educación son también menores en el ámbito rural que en el urbano.
Por el hecho de estar dislocados en todo el territorio nacional y por ocupar una gran parte de su superficie para fines productivos en los cuales utilizan el agua y la tierra, el mundo rural tiene una alta responsabilidad en el cuidado y protección del medio ambiente o, por el contrario, en su deterioro y destrucción de los ecosistemas. Por ello, toda política medioambiental debe contar con la participación activa de los habitantes del medio rural.
En el ámbito rural conviven –en relaciones no siempre armónicas– la pequeña propiedad rural, fundamentalmente de carácter familiar, con predios menores a las 20 hectáreas; la propiedad mediana, con predios que se ubican entre las 20 y las 100 hectáreas; y la gran propiedad, que ocupa más de 100 hectáreas.
[cita tipo=»destaque»]Por el hecho de estar dislocados en todo el territorio nacional y por ocupar una gran parte de su superficie para fines productivos en los cuales utilizan el agua y la tierra, el mundo rural tiene una alta responsabilidad en el cuidado y protección del medio ambiente o, por el contrario, en su deterioro y destrucción de los ecosistemas. Por ello, toda política medioambiental debe contar con la participación activa de los habitantes del medio rural.[/cita]
La pequeña propiedad rural o agricultura familiar campesina, según el Censo Agropecuario del 2007 –el último existente–, está constituida por 208.216 explotaciones, que corresponden al 73 % de las explotaciones rurales –donde vive una población cercana al millón de personas–, pero que ocupan solo el 3.06 % de la superficie agrícola del país, con una superficie promedio de 5.42 hectáreas por explotación. La agricultura familiar campesina juega un rol de primera importancia en lo que se refiere a abastecer a las ciudades de productos agrícolas frescos, sin perjuicio de que aportan también producción para la fruticultura, la ganadería y la actividad forestal. También la agricultura familiar campesina es proveedora importante de mano de obra –generalmente temporal– para la mediana y la gran explotación agrícola.
La gran propiedad está constituida solo por 21.223 explotaciones, que en total ocupan más de 33 millones de hectáreas, con un promedio de 1,576 hectáreas por explotación.
El sector rural juega un importante rol como generador de divisas, por la vía de sus exportaciones. En el año 2020, por ejemplo, el sector agrícola, silvícola y pesquero realizó exportaciones por 6.363 millones de dólares, cantidad que no incluye los alimentos procesados tales como el vino, el salmón o la celulosa.
No hay, por lo tanto, en la economía y en la sociedad chilena, otro sector que tenga, simultáneamente, tanta importancia demográfica, social, productiva, exportadora y medioambiental. Esa importancia se pone de manifiesto en el campo de la seguridad alimentaria nacional y en el normal abastecimiento de las ciudades, en la descentralización y la planificación regional, en la protección del medio ambiente, en la protección del patrimonio genético de plantas y fauna, en el desarrollo social de un sector demográficamente importante de la población y en la protección y desarrollo del patrimonio cultural nacional.
Sin embargo, el sector rural está en alta medida invisibilizado por el país político o urbano y/o se asume, equivocadamente, que las políticas económicas y de desarrollo gestadas en y para el sector urbano, industrial o manufacturero, tendrán en el mundo rural siempre el mismo grado de aplicabilidad y de eficiencia. Peor aún, cuando se asume –como todavía piensan algunos– que la mejor política es no tener política alguna, sino que hay que dejar que el mercado lo resuelva todo, no se logra sino reproducir o agravar las situaciones presentes en el mundo rural.
Los antecedentes expuestos en este artículo nos llevan a postular que el sector rural debe ser objeto de consideraciones particulares tanto en la Constitución como en la política económica del país.
En una muy apretada síntesis, se puede plantear que el país debe contar con una expresa política de desarrollo rural sostenible que aborde en ese campo los aspectos productivos, sociales y medioambientales para beneficio de las presentes y futuras generaciones. Los contenidos específicos de dicha política pueden cambiar de período en período, pero la Constitución debería establecer el mandato de contar con un plan de esa naturaleza.
