Opinión
Crédito: Aton
Titánico es un calificativo apropiado para el encargo sin precedentes que les efectuamos a los convencionales constitucionales (a quienes se lo toman en serio, claro está). Elaborar una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco, sin capacitación previa, con el Gobierno tratando de colocarles obstáculos y sabotearlos, con un grupo de infiltrados atornillando al revés, y todo ello en el lapso de un año es, qué duda cabe, una tarea titánica. Sin embargo, no es una misión imposible.
Solemos llamar «titánica» a aquella tarea que se nos antoja enorme, casi imposible de resolver, en implícita referencia a Atlas, el desventurado titán que fue condenado por Zeus a soportar sobre sus hombros el peso del cielo por toda la eternidad.
Pareciera ser, entonces, un calificativo apropiado para el encargo sin precedentes que les efectuamos a los convencionales constitucionales (a quienes se lo toman en serio, claro está). Elaborar una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco, sin capacitación previa, con el Gobierno tratando de colocarles obstáculos y sabotearlos, con un grupo de infiltrados atornillando al revés, y todo ello en el lapso de un año es, qué duda cabe, una tarea titánica.
Sin embargo, no es una misión imposible, y los convencionales no necesitan ser encarnaciones de Ethan Hunt para llevarla a feliz término, en especial si se organizan de manera apropiada para abordar las seis grandes áreas temáticas en las que se divide una Constitución: la identificación de los constituyentes; el tipo de Estado que constituirán; los objetivos de este; los principios que enmarcarán la vida social; los derechos y deberes de los constituyentes; y, la guinda de la torta, la forma en que se organizará ese Estado que se constituye para validar y respetar esas identidades, alcanzar esos objetivos, controlar que los principios y deberes sean cumplidos, y garantizar que los derechos establecidos —todos, sin excepción— puedan ser ejercidos a plenitud por los ciudadanos.
Esa es la ventaja de los esquemas: una tarea muy compleja se reduce a nada más que siete conceptos: identidad, tipo de sociedad, objetivos, principios, derechos, deberes y organización. Vista así parece más abordable, ¿verdad? Incluso, hay una secuencia implícita, pues la organización, dado que depende en gran medida de lo que se defina en las restantes áreas, debiera ser resuelta al final.
Demos un breve y superficial vistazo a cada área temática.
En la primera, la identificación, los convencionales tendrán que resolver los espinudos temas de la soberanía, los pueblos y las culturas. ¿Dónde reside la soberanía? ¿Quién o quiénes concurrirán al acto constituyente (no me venga a decir que la República, porque lo repruebo en el acto)? ¿Será la Nación chilena como un todo? ¿Habrá una redefinición previa del concepto «Nación»? ¿Se recurrirá a una «Plurinación»? ¿Cómo se insertará la plurinacionalidad en la nueva Carta Fundamental? ¿O serán los pueblos quienes se constituirán? Y, de ser así, ¿cuáles pueblos? ¿Se le dará aquí, por fin, el reconocimiento constitucional a cada uno de ellos? ¿De qué manera?
En la segunda área, la del tipo de sociedad que se constituirá, los convencionales deberán abordar varios temas polémicos. No está en cuestión, dado lo dispuesto en el artículo 135, el tipo de Estado que se conformará: será una «república democrática». Pero ¿tendrá más apellidos? ¿Cuáles? ¿Tendremos más de un idioma oficial? ¿Más de una bandera? ¿Cuál será el lema que figurará en el escudo patrio? ¿Se eliminará per saecula saeculorum la tercera estrofa de la canción nacional? ¿Se dispondrá el derribo, por fin, de las estatuas de genocidas y criminales de derechos humanos que aún permanecen en pie? Sería esta, además, una excelente instancia para suprimir de la lista de presidentes de la República a cualquier dictador sanguinario que aún forme parte de ella, y para asentar de manera concluyente el carácter laico de nuestra sociedad y extirpar para siempre toda clase de juramentos en nombre de alguna improbable y todopoderosa entidad divina.
La tercera área, los objetivos, aunque ausente casi por completo de la Constitución vigente, es clave. En ella se responde una inquietud fundamental: ¿para qué conforman los constituyentes esa sociedad llamada Estado? ¿Cuáles son los beneficios que pretenden lograr por su intermedio?
Por cierto, no vale aquí el tan manoseado «bien común», concepto indefinible y, por tanto, inmedible e incontrolable. El preámbulo de la Carta Fundamental española puede servir de punto de partida al respecto, precisando aún más lo que haya que precisar y agregando objetivos ineludibles que están ausentes, tales como una mayor equidad y el respeto irrestricto al medio ambiente.
[cita tipo=»destaque»]La discusión sobre derechos y deberes de los ciudadanos será un manjar para algunos y una tortura para otros. No es necesario ser pitoniso para anticipar aquí un debate sanguinario, en particular respecto del derecho de propiedad —¿quién debe ser el propietario de las aguas, de los minerales, pesquerías, playas y riberas, cerros, montañas, del bosque nativo, de la fauna autóctona?; ¿se seguirá autorizando la caza?; ¿se prohibirán la tala del bosque nativo y el desarrollo de actividades extractivas que afecten áreas protegidas, como es el caso de Dominga?; ¿se establecerá algún límite a la acumulación desmedida de propiedad, ya que atenta contra el bienestar de la sociedad?[/cita]
La cuarta área, los principios, debe incorporar, corregidos y mejorados, los que forman parte del capítulo de Bases de la institucionalidad de la actual Constitución, pero también algunos cuya definición no puede seguirse dilatando. Respecto de la familia, por ejemplo, ¿se restringirá el concepto solo a la definición tradicional o se abrirá a las demás formas existentes? Respecto de la jerarquía, ¿se establecerá por fin que las normas constitucionales prevalecen sin excepciones sobre los códigos y leyes (terminando así con el absurdo de que la Fiscalía no puede perseguir crímenes en ausencia de una querella del SII)? Respecto de la probidad, ¿se dispondrá de una vez por todas que la no denuncia de un posible delito es causal de pérdida del cargo para el no denunciante? Y respecto de la responsabilidad, ¿se dejará normado con claridad meridiana que las personas jurídicas no son responsables de la comisión de faltas o delitos, y que son las personas naturales las únicas que deben responder por ellos?
La quinta área, los derechos y deberes de los ciudadanos, será un manjar para algunos y una tortura para otros. No es necesario ser pitoniso para anticipar aquí un debate sanguinario, en particular respecto del derecho de propiedad —¿quién debe ser el propietario de las aguas, de los minerales, pesquerías, playas y riberas, cerros, montañas, del bosque nativo, de la fauna autóctona?; ¿se seguirá autorizando la caza?; ¿se prohibirán la tala del bosque nativo y el desarrollo de actividades extractivas que afecten áreas protegidas, como es el caso de Dominga?; ¿se establecerá algún límite a la acumulación desmedida de propiedad, ya que atenta contra el bienestar de la sociedad?—, y de los de salud, educación, vivienda, seguridad social, justicia, igualdad ante la ley y un largo etcétera. Le doy por firmado que el sistema privilegiado de pensiones de las FF.AA. y Carabineros generará un gran debate, así como la impunidad que disfrutan quienes disponen de poder político y económico. También, no faltaba más, la equidad tributaria.
Por cierto, en una sociedad donde la asimetría de información es brutal, debe incorporarse el derecho a recibir información completa, verídica y no sesgada. Y también es imperioso, y más aún en un país tan desigual e inequitativo como Chile, que se complemente el derecho de igualdad ante la ley estableciendo que el abuso, todo abuso, sea por definición un delito y, como tal, deba ser denunciado, perseguido y sancionado. Por último, y ligado a lo anterior, habría que plantear un «derecho a la equidad», que sería el derecho de las personas a que la desigualdad no supere una determinada magnitud (si la medimos con el coeficiente de Gini, que este no sea mayor que 0,30, por ejemplo).
En cuanto a deberes, hay que definir si se reestablecerá el voto obligatorio y si se eliminará el servicio militar obligatorio, buscando profesionalizar al máximo las FF.AA. y reducir su tamaño a aquel que sea indispensable para preocuparse solo de nuestra seguridad externa (otro debate sanguinario, uno más).
Ahora bien, si estas primeras áreas provocarán dolores de cabeza a los convencionales, en especial la quinta, imagine la cefalea que los abrumará con la sexta. Tendrán que definir, en el escaso tiempo que les reste, cuál es la organización del Estado más adecuada para, lo reitero, conseguir que las identidades definidas se validen y respeten; medir, perseguir y alcanzar los objetivos establecidos; controlar que los principios y deberes sean cumplidos y no se transformen en letra muerta; y conseguir que los derechos ciudadanos —todos, sin excepción— sean respetados y ejercidos a plenitud por quienes los detentan. Este punto es crucial, porque las organizaciones no son constructos que pueden ser sujetos de copy paste y seguir funcionando como si nada. No sirve aquí el prêt-à-porter. Una organización debe ser diseñada, sí o sí, de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar por su intermedio.
Dicho esto, hay demasiados temas que resolver en este ámbito. Por ejemplo: ¿cuántos poderes tendrá el Estado? ¿Solo tres, como hasta hoy? ¿O a los existentes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se agregará un cuarto, el Defensor del pueblo, que defenderá los derechos de los ciudadanos y supervisará que los tres restantes los respeten a cabalidad? ¿Cuál será el grado de descentralización que se implementará? ¿Será Chile un Estado unitario, federal o uno conformado por comunidades independientes? El sistema de gobierno, ¿seguirá siendo presidencial o derivará a (semi)parlamentario? El Poder Legislativo, ¿será uni o bicameral? ¿Se suprimirá el Senado o solo se modificarán sus atribuciones? ¿Se eliminará el TC, asignando sus funciones a la Corte Suprema? ¿Se creará, al amparo de esta, un Tribunal de Derechos Humanos y Ciudadanos? ¿Se suprimirá la injerencia del Gobierno y el Parlamento en la selección de los jueces, estableciendo un sistema de promociones donde todos los ascensos se efectúen por calificaciones? ¿Se eliminarán los abogados integrantes y los jueces provenientes de la actividad privada? ¿Se eliminarán las prescripciones de ciertos delitos, como los homicidios, violaciones, el abuso infantil y los efectuados en contra del fisco y de la comunidad (mal uso y apropiación de bienes y dineros fiscales, colusiones, cohechos y delitos tributarios, entre otros)? Destaco que una medida como esta permitiría perseguir a la mayor parte de los delincuentes de cuello y corbata que han sido beneficiados con el abuso de la impunidad.
Hay más. ¿Seguirán siendo las FF.AA. y Carabineros instituciones clasistas con doble escalafón o serán transformadas en organizaciones inclusivas con uno solo? ¿Serán refundados Carabineros y la PDI? ¿Habrá policías regionales y municipales? ¿Cuál será el papel de la Contraloría? ¿Podrá supervisar los gastos de todos los organismos del Estado o seguirá teniendo las actuales limitaciones? ¿Serán elegidos los fiscales nacionales por voto popular o se mantendrá el vergonzoso sistema de selección vigente? ¿Se transformará el SII en un servicio autónomo? ¿Los jefes de los servicios y los embajadores pasarán a ser funcionarios de carrera? ¿Se pondrá límites a los cargos políticos a todo nivel?
Respecto del derecho a informarse, ¿se crearán una radioemisora y un periódico de propiedad pública cuya misión sea investigar y destapar los abusos, cualquiera sea su origen? ¿Se reestructurará TVN para convertirlo en el canal público que necesitamos y dotarlo de autoridades comprometidas con la verdad y la transparencia, y no de vulgares operadores políticos, como hasta ahora?
Y en temas misceláneos, ¿se reducirán las dietas parlamentarias, asociándolas además al salario mínimo? ¿Se eliminarán las dietas y asignaciones de los expresidentes? ¿Se suprimirá el CNTV? ¿Se eliminarán las notarías, traspasando sus funciones a un servicio público?
Y agregue unas cuantas decenas más.
Espeluznante, ¿verdad? ¡Menuda tarea la que les espera a nuestros convencionales! Espero que de verdad la hayan aquilatado y estén tomando todas las medidas necesarias para desarrollarla en buena forma. Estoy seguro, no obstante, de que serán capaces de sacarla adelante; con algunas canas y arrugas adicionales y un poco menos pelo, cierto, pero de manera satisfactoria. Tendremos, tengo la certeza, una nueva Constitución que será muy superior a la que dejaremos en el pasado.
Mal que mal, si de titanes se trata, no han existido quejas hasta la fecha del desempeño de los antiguos —el cielo, como es fácil de comprobar, sigue pendiendo sobre nosotros—. ¿Por qué, entonces, tendría que ser distinto con los nuevos?
