Opinión
Crédito: Aton
El Informe de Finanzas Públicas (IFP), recientemente publicado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, muestra un monumental déficit fiscal y un inmenso crecimiento de la deuda de Gobierno, y que los especialistas prevén que a futuro serán aún peores para solventar las transferencias sociales extraordinarias debido a la pandemia y satisfacer las demandas sociales emergentes. Estas cifras, lamentablemente, confirman la eminente “quiebra anunciada de la Defensa” que hemos advertido durante las pasadas dos décadas en presentaciones y medios de comunicación, a pesar de quienes han intentado negar esta situación.
En este mes de septiembre en que celebramos el aniversario de nuestra Independencia y el día de las Glorias del Ejército, es necesario reflexionar sobre los difíciles escenarios financieros futuros que afectan a nuestra Defensa Nacional, para evitar a tiempo los efectos de situaciones extremas similares al trágico fin de la antigua Unión Soviética, como resultado de postergar su economía para intentar mantener un gasto militar insostenible. Por ello, una vez más me permito invitar a civiles y militares a trabajar juntos para sincerar esta grave situación y construir a tiempo una nueva arquitectura militar financiable que nos facilite reconstruir un gran país y, simultáneamente, seguir gozando de paz. Este debería ser el aporte de nuestra comunidad de la defensa al nuevo Chile que nace.
En efecto, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) recientemente publicado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, muestra un monumental déficit fiscal y un inmenso crecimiento de la deuda de Gobierno, y que los especialistas prevén que a futuro serán aún peores para solventar las transferencias sociales extraordinarias debido a la pandemia y satisfacer las demandas sociales emergentes. Estas cifras, lamentablemente, confirman la eminente “quiebra anunciada de la Defensa” que hemos advertido durante las pasadas dos décadas en presentaciones y medios de comunicación, a pesar de quienes han intentado negar esta situación.
[cita tipo=»destaque»]En el marco de una nueva Política de Defensa, consensuada, sustentable y consistente, que nos permita sintonizar una Fuerza Militar Conjunta con las realidades presupuestarias descritas, las nuevas prioridades del Estado y los escenarios estratégicos del siglo XXI, deberemos reorientar nuestra Defensa Nacional hacia una financiable postura de legítima defensa, según lo establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, junto a una activa Política Exterior de cooperación internacional. Por favor, no sigamos imaginando que esta difícil situación se resolverá mágicamente y que luego podremos seguir financiando unas Fuerzas Armadas obsoletas para resolver conflictos del siglo XXI.[/cita]
Para fundamentar este escenario, podemos señalar que el IFP estima que este año 2021 se cerrará con una deuda fiscal bruta algo mayor a US$113.000 millones, representando un 34,1% del PIB, un tremendo aumento respecto al 28,2% en el año 2019 y que para el próximo año 2022 proyecta que esta deuda aumente en US$15.600 millones, convergiendo optimistamente al 38,5% del PIB para 2025; aunque otros destacados economistas estiman que la deuda fiscal bruta podría llegar a cerca de US$ 183.000 millones, es decir, cerca del 50% del PIB, requiriendo una amortización anual de más de US$5.700 millones en 2025, equivalente a cerca de 1,5 % del PIB, valor que representa al mismo porcentaje sobre el PIB de nuestro gasto total anual de Defensa. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas ha informado que el 50% de los trabajadores chilenos recibe menos de $420.000 mensuales.
Por otra parte, el reciente informe «Aumento de deuda y estimación de gasto financiero», preparado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), confirma estas proyecciones, pero contradictoriamente su Facultad de Ingeniería sigue validando un Programa Continuo de Construcción Naval para un nuevo intento de nuestra Armada de construir en Chile buques transporte y ocho fragatas a un costo actual estimado de US$6.000 millones, que en dólares de la próxima década podría llegar duplicar este valor, según los índices de la Ley XVI de Augustine. Realmente resulta inentendible este apoyo académico y, peor aún, que un programa de Gobierno se haya contagiado con este sueño imposible de impulsar la construcción de fragatas, lo que reafirma mi llamado a superar los prejuicios y voluntarismos y a sumarnos a debatir en serio esta grave situación, antes de repetir muy malas experiencias de la historia del siglo XX.
Las cifras expuestas hablan por sí solas respecto de las prioridades presupuestarias a que, inexorablemente, se enfrenta nuestra Fuerza Militar. Con el objeto de resolver este oscuro futuro llegó el momento de no seguir con el negacionismo de ciertos sectores para aceptar esta realidad y sincerar nuevas respuestas a viejas preguntas, tales como: ¿de qué defendernos?, ¿cuánta defensa es suficiente?, ¿cuánta defensa podemos financiar?, ¿cómo organizamos la Defensa?, ¿con qué estrategia?, ¿qué tipo de Fuerza Militar?, ¿qué carrera militar?, ¿con qué sistemas de armas?, etc.
Para ello, en el marco de una nueva Política de Defensa, consensuada, sustentable y consistente, que nos permita sintonizar una Fuerza Militar Conjunta con las realidades presupuestarias descritas, las nuevas prioridades del Estado y los escenarios estratégicos del siglo XXI, deberemos reorientar nuestra Defensa Nacional hacia una financiable postura de legítima defensa, según lo establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, junto a una activa Política Exterior de cooperación internacional. Por favor, no sigamos imaginando que esta difícil situación se resolverá mágicamente y que luego podremos seguir financiando unas Fuerzas Armadas obsoletas para resolver conflictos del siglo XXI.
