Opinión
Crédito: ATON
El aparato policial es representante de políticas xenófobas y racistas institucionalizadas, y se pone de relieve que los protocolos no son suficientes para cambiar y erradicar conductas arraigadas por años en una institución. Sin embargo, aun así, los avances son necesarios ante el Chile pluricultural en el que nos situamos hoy en día, en aras de que nunca más suceda un caso como el de Joane, que sigue todavía, después de años, sin justicia.
El 30 de septiembre del año 2017 se dio a conocer el fallecimiento de Joane Florvil, madre e inmigrante haitiana, quien fue detenida, acusada y criminalizada tanto por la policía como por diferentes instituciones en nuestro país.
Tras sufrir el robo de sus pertenencias, un mes antes de su fallecimiento, Joane asistió a una oficina municipal en busca de apoyo. La dificultad del idioma hizo que fuese desesperadamente a buscar ayuda, un traductor en específico, dejando a su hija junto al guardia del recinto. Fuentes de ese lugar señalaron en ese entonces que apenas se percataron de la menor sin su madre se emitió una alarma, la que acusaba el abandono de la lactante. La directora de Dideco comenzó a impartir órdenes. Ordenó el contacto inmediato con Carabineros de Chile y el Sename. Aunque la niña dormía tapada y tranquila en su coche, la orden fue textual: había que deshacerse del problema.
Fue alrededor de las 18:00 horas del día 30 de agosto que Carabineros de la 48° Comisaría de Asuntos de Familia en Santiago recibió la denuncia de abandono de una menor y se dirigió a la casa de Joane. A las 21:00 horas, por instrucción de Fiscalía, la detuvieron por presunto abandono de menor.
Las irregularidades se mantuvieron por cerca de 12 horas. Se estima que entre las 21:00 y 22:25 horas Florvil conversó con Carabineros, intentando explicar lo sucedido. Pasadas las 23:30 fue ingresada en calidad de detenida al segundo pabellón de aislamiento de la 48° Comisaría. Allí era observada mediante las cámaras de seguridad. Eso, hasta que cerca de las 12 de la noche comenzó a golpearse la cabeza contra el muro del calabozo.
Días más tarde, fue ingresada a la UCI producto de una hepatitis fulminante. La muerte cerebral le costaría la vida el 30 de septiembre del 2017.
Este acontecimiento encendió las alarmas nuevamente con el actuar institucional y, en específico, con la negligencia y deficiencia de las instituciones policiales. El racismo institucional constituye un problema de larga data y no solo es parte de nuestro país, sino que se reconoce también en gran parte del mundo. Por lo mismo, afecta tanto a personas migrantes como a pueblos indígenas.
[cita tipo=»destaque»]El paso de los años deja de manifiesto las deficiencias estatales de políticas públicas para hacer frente a la violencia y la discriminación sistémica. Pareciera ser que incluso el escenario actual muestra una profundización de esta crisis con la violencia que han tenido que vivir las personas migrantes. Vemos cómo los discursos públicos de representantes legitiman o promueven el rechazo de migrantes. El conjunto de leyes, normas, regulaciones y procedimientos se dirigen a reproducir desigualdad, limitando los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las personas migrantes. Las políticas públicas que tienen efectos discriminatorios, directos o indirectos, abarcan tanto políticas migratorias desde el Estado como las políticas que tienen que ver con derechos sociales.[/cita]
Podemos conceptualizar al racismo institucional como una forma de violencia metapolítica de Estado dinámicamente simbólica, que ha estructurado, en la larga duración, un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante las estrategias ideológicas de la invisibilidad (Maya Restrepo, 2009), el ocultamiento, la negación, la omisión y la estereotipia. El racismo institucional es, sin duda, parte de la cultura institucional estatal y, más aún, forma parte de la estructura del aparato policial.
El paso de los años deja de manifiesto las deficiencias estatales de políticas públicas para hacer frente a la violencia y la discriminación sistémicas. Pareciese ser que incluso el escenario actual muestra una profundización de esta crisis con la violencia que han tenido que vivir las personas migrantes. Vemos cómo los discursos públicos de representantes legitiman o promueven el rechazo de migrantes. El conjunto de leyes, normas, regulaciones y procedimientos se dirigen a reproducir desigualdad, limitando los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las personas migrantes. Las políticas públicas que tienen efectos discriminatorios, directos o indirectos, abarcan tanto políticas migratorias desde el Estado como las políticas que tienen que ver con derechos sociales.
Es menester y urgente encontrar salidas congruentes y soluciones eficaces para hacer frente al racismo institucional y evitar que siga avanzando. Como hemos visto, las soluciones a estas temáticas son solo “parches” que no apuntan a enfrentar el problema de raíz por parte de las instituciones. Ante la crisis migratoria y un país que cada vez recibe mayor población migrante, lo que se ha agudizado –sobre todo en el norte del país–, no se puede hacer caso omiso a las imágenes que muestran actos masivos de violencia y discriminación, acciones que son avaladas por las fuerzas policiales, sin frenar o poner límites a sus manifestantes.
A fin de cuentas, el aparato policial es representante de políticas xenófobas y racistas institucionalizadas, y se pone de relieve que los protocolos no son suficientes para cambiar y erradicar conductas arraigadas por años en una institución. Sin embargo, aun así, los avances son necesarios ante el Chile pluricultural en el que nos situamos hoy en día, en aras de que nunca más suceda un caso como el de Joanne, que sigue todavía, después de años, sin justicia.
