Opinión
Crédito: ATON
En plena etapa de campañas presidenciales, con un Gobierno en sus últimos meses encargado de implementar un nuevo servicio de protección; en medio de un histórico proceso con una Convención Constitucional próxima a abordar cuestiones de fondo; a poco de conformarse una nueva (la tercera) Comisión Investigadora por hechos ocurridos en recintos del Sename y sin una Ley de Garantías de Derechos de la Niñez vigente, la meta de alcanzar lo exigido por el Comité de Derechos del Niño se ve, al menos hoy, muy lejana.
Pocos temas suelen estar más presentes en la agenda, tener un alcance tan extenso y exhibir tal complejidad como el problema asociado a la desprotección de la infancia en nuestro país.
Y pocos son, a su vez, tan demostrativos de la desidia y el desinterés de un Estado que desoye sistemáticamente infinidad de denuncias, llamados, observaciones y recomendaciones de multiplicidad de actores e instituciones que frecuentemente lo hacen visible y buscan aportar desde su rol y especialidad.
Prostitución y trabajo infantil, pobreza, consumo problemático de sustancias, salud mental y escolarización, custodia estatal, desplazamiento y migración o incumplimiento crónico en el pago de sus pensiones de alimentos son solo caras de un mismo bloque, demasiado pesado y difícil de mover, que desemboca en casos de vulneración que aguardan, a menudo silentes, por protección.
En medio de este desolador panorama, conviene recordar que Chile desatiende las observaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 2018: “Las grandes vulneraciones se producen por cuatro causas estructurales que han favorecido las graves y sistemáticas situaciones ocurridas: la visión tutelar de la infancia; una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; la excesiva judicialización; y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema de protección de la niñez”.
[cita tipo=»destaque»]Prostitución y trabajo infantil, pobreza, consumo problemático de sustancias, salud mental y escolarización, custodia estatal, desplazamiento y migración o incumplimiento crónico en el pago de sus pensiones de alimentos son solo caras de un mismo bloque, demasiado pesado y difícil de mover, que desemboca en casos de vulneración que aguardan, a menudo silentes, por protección.[/cita]
Expresivo de lo anterior es el derrotero del proyecto que establece un “Sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia”.
Tras seis años, el Congreso finalizó su tramitación a comienzos de septiembre, quedando en condiciones de ser promulgado como Ley de la República, lo que permitiría a Chile saldar un compromiso adquirido hace más de treinta años, cuando ratificó la “Convención de Derechos del Niño».
Concebida como la obra gruesa de una superestructura integradora y comunicante, se trata de un conjunto de principios bajo la forma de una ley «marco», que pretende implementar un sistema integral y coordinado de protección de la infancia que asegure la efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes para velar por su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, atendiendo su identidad cultural o su pertenencia a pueblos originarios.
Buscó el legislador, a través de la Ley de Garantías, reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, incorporando mecanismos que aseguren su debida protección, como la «desjudicialización» de los asuntos que les afectan por medio de la «protección administrativa», limitando con ello la competencia de los Tribunales de Familia, pero sin definir qué sucederá con las vulneraciones leves o menos graves.
Esta protección administrativa aseguraría la coordinación de los distintos servicios del Estado para garantizar el efectivo y oportuno goce de derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud o la educación, entre otros.
Pero, a pesar de la voluntad expresada por mayoría en ambas cámaras del Congreso, sufrió una nueva dilación tras el requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), interpuesto por el Presidente de la República en contra de la negativa de la Cámara y el Senado a admitir, a su turno, el veto del Ejecutivo, que buscó dar progresividad a la ejecución de la ley, condicionándola a la existencia de recursos económicos, entre otras objeciones. Requerimiento que el TC está estudiando en estos días.
Con sus observaciones, y pese al largo debate y voluntad mayoritaria de parlamentarias y parlamentarios, el Ejecutivo insiste en limitar la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, afectando también su derecho fundamental de acceso a la justicia, privándoles de una representación jurídica, especializada y universal en todos los asuntos donde se ven afectados sus derechos.
Pese a los esfuerzos, el nuevo «Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia» –que viene a reemplazar al Sename– comenzará a operar con anterioridad a la dictación de la Ley de Garantías; con recursos insuficientes; sin una representación jurídica universal y especializada de niños, niñas y adolescentes y limitando incluso la ya existente; ausencia de políticas públicas de protección de la infancia migrante, de salud mental para niños y niñas; y la negación constante de la autonomía progresiva de la infancia y adolescencia, entre otras falencias.
En suma, y contra toda lógica, un servicio destinado a custodiar estatalmente a la infancia vulnerada se hallará inserto en un sistema que no ha reconocido ni consagrado previamente su calidad de sujetos de derechos para la tutela judicial y administrativa de sus derechos fundamentales.
Durante la tramitación del proyecto de ley de «Garantías…», especialistas de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados así lo advirtieron, junto con reconocer que juezas y jueces de Familia somos parte del mismo sistema estatal deficiente en su respuesta para el pleno goce de los derechos que le asisten a todo niño, niña y adolescente ante las autoridades administrativas cuando se incumplen los estándares internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
En plena etapa de campañas presidenciales, con un Gobierno en sus últimos meses encargado de implementar un nuevo servicio de protección; en medio de un histórico proceso con una Convención Constitucional próxima a abordar cuestiones de fondo; a poco de conformarse una nueva (la tercera) Comisión Investigadora por hechos ocurridos en recintos del Sename y sin una Ley de Garantías de Derechos de la Niñez vigente, la meta de alcanzar lo exigido por el Comité de Derechos del Niño se ve, al menos hoy, muy lejana.
