Opinión
Crédito: Aton
Esta guerra hasta ahora solo la ha ganado el narco y, de seguir igual, no solamente seguirá triunfando sino también aumentando su poder. Pero la posibilidad de éxito descansa en la capacidad que el Estado tenga para recuperar el espacio perdido. Este cambio parte por una nueva política de drogas que deje de enfocarse en la presa fácil y sea eficiente en perseguir al gran narco con determinación y fuerza. Reformas a una insuficiente Ley 20.000 son urgentes. Acto seguido, se debe instalar un modelo regulatorio a drogas como el cannabis, para que sea el Estado el que se haga cargo de regularla y no el crimen que ha encontrado en la prohibición la gallina de los huevos de oro
Dos y medio millones de nuevos pobres, alto desempleo e incertidumbre. A la par, homicidios que crecieron en 20% el 2020, aumento de armas, protagonismo de carteles extranjeros, reflorecimiento de economías ilegales y violencia armada al alza. Policías debilitadas en legitimidad; la confianza en la justicia y otras instituciones fundamentales por el suelo. Un Gobierno prácticamente congelado frente a la inseguridad y conectado a la respiración artificial de la excepcionalidad constitucional. Un Congreso incapaz de salir de la espiral de respuestas simples a problemas complejos en seguridad. Operativos que terminan siendo simbólicos en lo comunicacional pero inefectivos en la práctica. Llevamos décadas persiguiendo pitos y plantas, encarcelando pobreza y soldados, mientras el narco llega incluso a cortar los servicios básicos de poblaciones como forma de extorsión, corrompe, se arma y hace crecer su poder. Se fragua una tormenta perfecta.
Durante la pandemia, el Estado se expandió en control, pero se contrajo justamente donde y para quienes más necesitan protección. Esto está generando capital humano valioso y desechable para el crimen. La ayuda económica tardía que generó desprotección, de la mano con la inacción para reformar a las policías y ejecutar políticas de seguridad sin miedo, nos pasan la cuenta. Frente al vacío, el narco avanza.
No es una historia nueva. Ya fue vivida por gran parte de los países latinoamericanos. Con dos elementos en común. El primero es que en algún momento aseguraron que esto nunca les pasaría, actuando como si se tratara de un fenómeno criminal corriente. Lo segundo, es que han replicado la guerra contra las drogas creada en EE.UU. hace 50 años. El resultado: una estela sangrienta de homicidios, corrupción, crecimiento del negocio de la seguridad privada, violaciones de derechos humanos y expansión del poder del narco, como también del uso de drogas. Un mal negocio redondo.
[cita tipo=»destaque»]Esto no es romanticismo de izquierda, sino pragmatismo social. Claro que no es fácil, pero continuar en la comodidad de seguir haciendo lo mismo frente a una de las principales amenazas para nuestra democracia es una irresponsabilidad, y seguir cediendo espacio solo para alimentar una agenda ideológica es un imperdonable político. Estamos a tiempo.[/cita]
Esta guerra hasta ahora solo la ha ganado el narco y, de seguir igual, no solamemte seguirá triunfando sino también aumentando su poder. Pero la posibilidad de éxito descansa en la capacidad que el Estado tenga para recuperar el espacio perdido. ¿Cómo competimos con un negocio que, en Chile, solo por la venta de algunas drogas, mueve entre uno y cinco millones de dólares al día? ¿Sobre un negocio que, a pesar de las 600 mil detenciones en los últimos 10 años, no muestra debilitamiento? No por medio de más gasto policial y militar; menos, con más de lo mismo. Recuperar lo perdido pasa por una decisión política de cambiar la lógica con que enfrentamos este fenómeno y que por mucho tiempo se ha basado en trabas morales, tabúes ideológicos y conveniencias políticas. La estrategia ha estado fundamentada en deseos más que en evidencia y pragmatismo.
Este cambio parte por una nueva política de drogas que se deje de enfocar en la presa fácil y sea eficiente en perseguir al gran narco con determinación y fuerza. Reformas a una insuficiente Ley 20.000 son urgentes. Acto seguido, se debe instalar un modelo regulatorio a drogas como el cannabis, para que sea el Estado el que se haga cargo de regularla y no el crimen, que ha encontrado en la prohibición la gallina de los huevos de oro. ¿A alguien le parece razonable seguir fomentando que sea el crimen el que decide dónde se usa droga, cómo se usa, quién la usa, su calidad y además fije precios? Desde un modelo de estricta regulación legal, se debe construir un enfoque basado en educación, prevención y legalidad. ¿Por qué mantener una lógica de prevención y educación negacionista centrada en deseos morales que solo sigue alimentando la demanda?
Con todo, el país necesita un sistema de inteligencia con capacidad de generar la información necesaria para poder actuar con precisión y no bajo la pesca de arrastre. Para que este modelo funcione, la policía es clave. Esta debe recuperar la credibilidad, legitimidad, el respeto y su capacidad operativa. No tendremos la policía que necesitamos sin la reforma necesaria. No olvidemos el rol del Ministerio Público. Si bien está jugando un papel relevante, queda corto por la naturaleza misma en que opera. Necesitamos al menos una fiscalía especialmente dedicada al narcotráfico y el crimen organizado con alcance nacional.
Pero lo anterior de nada sirve sin actuar sobre el corazón del fenómeno. El Estado debe volver a proteger y hacerlo estando presente, expandiendo su capacidad sobre la vida de las personas y los territorios que más lo necesitan. Todo esto bajo el entendido de que esto depende de la provisión de seguridad social, oportunidades laborales, protección, educación y transporte digno. Esto no es romanticismo de izquierda, sino pragmatismo social. Claro que no es fácil, pero continuar en la comodidad de seguir haciendo lo mismo frente a una de las principales amenazas para nuestra democracia es una irresponsabilidad, y seguir cediendo espacio solo para alimentar una agenda ideológica es un imperdonable político. Estamos a tiempo.
