Opinión
Crédito: ATON
Es de esperar que la crisis de la degradación social que tuvo su ensayo el día sábado 25 pasado, con la marcha contra la inmigración, donde se leían carteles de “Chile para los chilenos, no más inmigrantes indeseables”, sea el punto de inflexión para que las autoridades dejen de lado el errático comportamiento que han tenido hasta la fecha y lleven adelante un abordaje de esta crisis con alianzas regionales y de las agencias técnicas especializadas en la materia, teniendo como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La movilidad humana es parte de la historia de la humanidad. Sin desplazamientos de personas, difícilmente el mundo sería lo que es hoy. Sin embargo, este fenómeno ha ido adquiriendo distintas características según la época. Solo por mencionar los episodios más relevantes de los últimos cien años, las guerras mundiales; Guerra Fría; dictaduras latinoamericanas; persecuciones étnicas y tribales, delinearon los principales procesos de movilidad humana durante el siglo pasado. Hoy se suman a lo anterior el cambio climático y otros procesos de crisis sociales que tienen su expresión más elocuente en Afganistán, Venezuela, Haití y los países del triángulo norte en Centroamérica. Hace algunos años fue el caso de Siria y los rohingyas en Myanmar. Para bien o para mal, la movilidad humana es inherente al desarrollo de la humanidad. La globalización y el impacto que ello produce en las personas tiene alcances inimaginables hoy. Hace pocos días se encontraron documentos de identidad chilenos, pertenecientes a ciudadanos haitianos, en la frontera sur de Estados Unidos. O sea, personas que hicieron su ruta migratoria de Haití a Chile, unos años después emprenden una nueva ruta migratoria hacia el extremo norte del continente. Así de dinámico es el fenómeno.
Todo este preámbulo es para insistir en que los desplazamientos de las personas y sobre todo el de grandes grupos, no es algo que sea posible paralizar de un día para otro. Esto es igual que un río crecido buscando un cauce. Si el “cauce natural” no está habilitado o ha sido intervenido, el río vuelve a encontrarlo o se cuela por lugares que generan un impacto muchísimo mayor si el cauce hubiera estado habilitado.
Este ejemplo sirve para ilustrar la situación que atraviesan las personas venezolanas durante los últimos cinco años. Casi seis millones han huido de su país, buscando un horizonte que les brinde la seguridad humana de la que carecen en su nación. Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de otros organismos internacionales, han retratado con crudeza la grave vulneración de los derechos humanos que se vive en Venezuela. A consecuencia de esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que los ciudadanos venezolanos deben ser considerados bajo la categoría de refugiados, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984. Sin embargo, pocos países del continente han seguido ese criterio, aunque otros han empleado mecanismos humanitarios alternativos para proveerles la ansiada protección migratoria.
Ese “río” crecido ha desbordado todos los cauces naturales del continente. Sin embargo, su impacto ha sido aun más brutal en aquellos lugares donde se ha intentado poner una barrera. Este último es el caso de Chile. El año 2019, la autoridad migratoria impuso una exigencia adicional a los venezolanos que desearan ingresar a Chile, mediante un visto consular. Esto es, una autorización extendida por la autoridad consular chilena, sin la cual no se podía ingresar como turista al territorio nacional. Ello causó la primera crisis migratoria en la frontera de Arica-Tacna. Miles de venezolanos, incluidos niños y grupos familiares, quedaron “varados” por el cambio exigido por la autoridad, en circunstancias que muchos de ellos ya habían emprendido viaje hacia Chile cuando este requisito fue anunciado.
Después de varias semanas y de un impacto mediático importante, la situación se destrabó. Un año y algunos meses después, ya en plena pandemia, una situación similar comenzó a ocurrir en la frontera de Colchane-Pisiga. Esta vez, con el agravante de que las personas, al ser rechazadas en la frontera por no contar con la autorización consular o por no ser reconocidas como refugiadas, hicieron ingreso al país de manera irregular, debiendo guardar una especie de cuarentena en esta pequeña localidad, desbordándola.
En ese contexto, se han documento algunos casos de personas que perdieron la vida en pleno altiplano, debido a las extremas condiciones que debieron enfrentar. Desde esta “segunda crisis” hasta ahora, la situación no ha sido muy diferente, y el aumento de ingresos por la frontera de Colchane-Pisiga ha seguido demostrando que flujos masivos no se detienen con exigencias como las creadas el 2019, sobre todo si se consideran las condiciones geográficas de nuestras fronteras. No somos una isla (y aunque lo fuéramos, si no es cosa de ver lo sucedido en Australia y el envío de personas migrantes que intentaban llegar a las costas, a campos de retención en la isla Manus, o al Estado de Nauru, en la Micronesia), a la que se le impida el embarque de los ciudadanos de determinado país para que no puedan “volar” hacia Chile. Estamos insertos en un continente con fronteras muy “porosas”, que dificultan cualquier política restrictiva de la inmigración en casos como el que enfrentamos en la actualidad.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejarlos entrar a todos? ¿Abrir las fronteras?
La respuesta no es tan simple, pero hay alternativas. Tal como lo demostró la crisis de refugiados sirios en Europa el año 2015, este tipo de situaciones exige un abordaje regional, y con apoyo de las agencias especializadas, que permita a los diferentes Estados, según sus capacidades, intentar organizar este cauce. El enfoque regional ha estado completamente ausente de la crisis venezolana, y los países han tenido respuestas muy variadas para hacerle frente, lo que ha demostrado ser un total fracaso. En Chile, se optó por incorporar la visa de “responsabilidad democrática”. Sin embargo, este instrumento ha carecido de eficacia e interés genuino en su otorgamiento, pues solo un 14% han sido otorgadas a la fecha.
[cita tipo=»destaque»]La situación que estamos evidenciando estos días en Iquique demuestra, una vez más, la ausencia de una política migratoria con sentido de realidad y conocimiento. En vez de abordar la situación humanitaria que afecta a migrantes y nacionales de esa ciudad, el Estado opta por emplear la fuerza. Es la misma respuesta que esta administración ha dado a otros problemas, montando planes de retorno voluntario (o expulsiones encubiertas) a ciudadanos haitianos, u operativos de expulsiones colectivas con amplia cobertura mediática. La no política migratoria, o la política de la expulsión como la llamamos, es lo que el Estado hizo el día viernes 24 de septiembre con las personas que se encontraban en la Plaza Brasil de la ciudad de Iquique.[/cita]
En segundo lugar, la implementación de un mecanismo de reconocimiento de la calificación de refugiados prima facie, tal como lo establece la legislación nacional vigente, en la Ley 20.430. El ACNUR ha llamado a que los Estados reconozcan a las personas venezolanas que han huido de su país, bajo el concepto ampliado de refugiado que se deriva de la Declaración de Cartagena de 1984, y que fue recogida en la ley antes citada. Sin embargo, lejos de aquello, la autoridad nacional ha impedido el ingreso al procedimiento de refugio, y las pocas personas que han podido acceder a este, terminan con solicitudes rechazadas por parte del subsecretario del Interior. El Estado tampoco ha considerado la ayuda que pueda brindar el ACNUR en esta materia, que podría ser importante para dar una salida integrada y acorde a los estándares que rigen el derecho de los refugiados en el mundo.
Por último, se requiere contar con autoridades que tengan un mínimo de conocimiento sobre la movilidad humana y los efectos que genera la irregularidad en las personas para el país receptor. En Chile ya habíamos tenido la experiencia de exigir vistos consulares a personas provenientes de República Dominicana, lo que supuso un aumento de la inmigración irregular a partir del año 2012. Sin embargo, la autoridad decidió seguir este derrotero, a pesar de las advertencias. Las consecuencias están a la vista. Aumento de “coyotes” y personas que se dedican al tráfico de migrantes e incluso “trata”; episodios de fallecimientos en el tránsito migratorio; y una serie de otros problemas que van pasando inadvertidos hasta que estallan, como lo vimos hace algunos días en Iquique.
Las personas sin documentación tienen problemas para emplearse, para desplazarse (sobre todo en el contexto actual de crisis sanitaria) y para integrarse en una sociedad que podría brindarles distintas oportunidades si no estuvieran destinadas a la irregularidad. Por otro lado, el Estado pierde su capacidad de controlar esos flujos, porque son evadidos a consecuencia de su propia política, convirtiéndose en un número oculto, que además termina por impactar la capacidad de recaudación por concepto de tributos. Sobre esto último, hay importantes estudios del Banco Central (Informes de Política Monetaria), Clapes UC y el Servicio de Jesuita a Migrantes, los cuales han relevado el aporte fiscal que ha supuesto el aumento de la inmigración.
La situación que estamos evidenciando estos días en Iquique demuestra, una vez más, la ausencia de una política migratoria con sentido de realidad y conocimiento. En vez de abordar la situación humanitaria que afecta a migrantes y nacionales de esa ciudad, el Estado opta por emplear la fuerza. Es la misma respuesta que esta administración ha dado a otros problemas, montando planes de retorno voluntario (o expulsiones encubiertas) a ciudadano haitianos, u operativos de expulsiones colectivas con amplia cobertura mediática. La no política migratoria, o la política de la expulsión como la llamamos, es lo que el Estado hizo el día viernes 24 de septiembre con las personas que se encontraban en la Plaza Brasil de la ciudad de Iquique, contraviniendo expresamente los lineamientos del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generando además la criminalización de los mismos, a consecuencia de las imputaciones penales que una veintena de personas debió enfrentar en el Tribunal de Garantía.
El corolario de esta performance vino de la mano de una ciudadanía enardecida, enarbolando banderas chilenas y quemando las escasas pertenencias de las personas desalojadas un día antes. La imagen de un “coche” volando por los aires hacia una fogata improvisada, lanzado por una persona con la camiseta de Chile, es la expresión chilena del siglo XXI de la “banalidad del mal”, cuyo cauce ha sido construido y fomentado por las propias autoridades locales.
Es de esperar que la crisis de la degradación social que tuvo su ensayo el día sábado 25 pasado, con la marcha contra la inmigración, donde se leían carteles de “Chile para los chilenos, no más inmigrantes indeseables”, sea el punto de inflexión para que las autoridades dejen de lado el errático comportamiento que han tenido hasta la fecha y lleven adelante un abordaje de esta crisis con alianzas regionales y de las agencias técnicas especializadas en la materia, teniendo como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.
