La falta de confianza es un problema estructural que impide avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible de nuestras ciudades, es decir, que sea a la vez eficiente, equitativo y medioambientalmente sustentable. Recomponer el tejido social se ha señalado como una de las claves para el fortalecimiento de las comunidades y su capacidad de organizarse para reclamar sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente. Es fundamental recomponer la confianza en las instituciones, las reglas y los principios que regulan nuestra convivencia en las ciudades. La confianza pública debe recomponerse ahí donde ha fallado, esto es, en la capacidad de las instituciones de actuar y decidir inequívocamente en beneficio del bien común, y no delegando a las comunidades.
Un pilar esencial en la vida y prosperidad de las ciudades es la confianza. Las ciudades son tableros de un juego con múltiples reglas y principios que regulan la convivencia de los distintos actores que en ella se desenvuelven. Para que la vida en la ciudad fluya, se requiere que las reglas y principios se respeten y, más importante aún, que nos interpreten. Es decir, tenemos que estar dispuestos a jugar bajo las reglas y principios establecidos y estos deben velar por el bien común por sobre el bien individual.
La confianza es el catalizador de todos los sistemas, instituciones y prácticas cotidianas en la ciudad. Un ejemplo muy simple sobre lo esencial que es la confianza en la vida en la ciudad es la experiencia diaria de los transeúntes frente a un cruce peatonal. Estos confían en que los automóviles se detendrán para poder cruzar. Y los conductores de vehículos, por su parte, transitarán bajo la premisa de que los peatones no cruzarán en cualquier parte. La confianza en que el «otro» cumplirá con su parte es esencial a la vida en las ciudades.
Mientras más complejas son las ciudades, mayor despliegue de confianza se requiere. No podemos aspirar a conocer a todos sus residentes y hacerlos nuestros conocidos para empezar a confiar. Confiar solo en aquellos que conocemos limitaría nuestras propias posibilidades de acción, goce, asociación y creación del espacio urbano. Tampoco podemos pretender estar encima de cada actividad que simultáneamente ocurre en la ciudad, ni de las múltiples decisiones que se toman a diario. La ciudad es un gran sistema complejo en que nos especializamos y coordinamos con otros, donde cada cual hace su parte, y confía en que el otro también hará lo suyo respetando las reglas del juego que entre todos hemos acordado.
La confianza es una experiencia de garantía sobre el actuar del otro. La confianza mutua se sostiene en la experiencia de respeto a las reglas y principios de convivencia que acordamos entre todos. Tristemente, sin embargo, la experiencia cotidiana que nos define en nuestro país es la opuesta. La confianza es traicionada, una y otra vez. Y peor aún, aquellos a cargo de supervisar que actuemos acorde a las reglas, son los que con sus acciones o flagrante inacción benefician a unos en desmedro de otros. Es muy larga la lista de desarrollos privados y públicos que, amparados en normativas frágiles y permisivas o procedimientos poco transparentes, sacrifican nuestros barrios, territorios y ecosistemas a espaldas de la comunidad y con toda impunidad, y que han terminado por deteriorar la confianza de la población a niveles sin precedentes.
Entonces, ¿cómo confiar cuando las expectativas han sido, una y otra vez, traicionadas? ¿Cómo confiar, por ejemplo, en que la vivienda social ahora sí será adecuada y digna, cuando la experiencia muestra lo contrario? La vivienda segregada, espacial y socialmente, ha sido una traición a la promesa de la vivienda propia como pilar y punto de partida de una vida marcada por la estabilidad, progreso personal y familiar. La experiencia cotidiana de quienes crecieron en esos entornos ha sido de abandono y desigualdad, generando una fuente permanente de desconfianza. ¿Cómo apoyar o creer en los beneficios de la densificación equilibrada, si la experiencia más frecuente y regular ha sido el abuso expresado en una mala densificación, que ha cambiado por completo el paisaje urbano de muchas ciudades en Chile? El descontento expresado en el 18-O encarna también una desconfianza frente a la promesa incumplida de prosperidad y sobre todo la de inclusión urbana. Desconfianza ante las respuestas pobres y tardías de quienes debíamos velar por el bien común en la ciudad.
La falta de confianza es un problema estructural que impide avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible de nuestras ciudades, es decir, que sea a la vez eficiente, equitativo y medioambientalmente sustentable. Recomponer el tejido social se ha señalado como una de las claves para el fortalecimiento de las comunidades y su capacidad de organizarse para reclamar sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente. Es fundamental recomponer la confianza en las instituciones, las reglas y los principios que regulan nuestra convivencia en las ciudades. La confianza pública debe recomponerse allí donde ha fallado, esto es, en la capacidad de las instituciones de actuar y decidir inequívocamente en beneficio del bien común, y no delegando a las comunidades que carguen solas con el peso de reconstruirse a sí mismas, asumiendo que no hay nadie más en quien confiar que en su red más cercana, donde la comunidad aparece como refugio ante los abusos, agresiones y descuido de las instituciones y los actores que las representan.
[cita tipo=»destaque»]La nueva Constitución puede contribuir a sentar las bases para que las ciudades, su gobierno y su planificación puedan enfrentar de manera efectiva y eficiente los desafíos sociales, económicos y ambientales que demandan acción y compromiso en cada territorio. Establecer los gobiernos para las ciudades puede dar respuesta a la promesa incumplida de descentralización y de delegación de poder, que en la práctica pondría a prueba la confianza en la capacidad e integridad de los actores locales para cumplir con su parte en la tarea de construcción de ciudades donde prime el bien común.[/cita]
La confianza se recompone en las prácticas cotidianas, no solo dentro de las comunidades sino en las instituciones que dan cuerpo a la sociedad. Solo en la medida que las instituciones y las personas que las representan van cumpliendo la promesa para la que fueron mandatadas, y las normativas cumplen y resguardan en la práctica el interés público, sin que las condiciones cambien cada vez que estas no favorecen un interés particular, será posible dar cabida a la confianza en nuestras instituciones y quienes las encabezan. Si las señales, como la de la alcaldesa de Valdivia, de paralizar la proliferación de loteos en el bosque valdiviano, son consistentes en el tiempo, vale decir, si frente a nuevos escenarios vuelve a primar el interés común en las decisiones que se toman (incluido el resguardo de los ecosistemas naturales), paso a paso la confianza se irá recuperando.
En el caso de la ciudad, es fundamental recomponer y fortalecer el rol de la planificación urbana como garante del bien común y de la promesa de inclusión, equidad, eficiencia y sustentabilidad que esta debiera encarnar. Si la ciudad es el tablero de un juego, la planificación es el libro de instrucciones que define principios, funciones y condiciones, inspirados en una visión compartida de la comunidad y el territorio que queremos construir.
Es necesario, a la vez, transitar desde una idea pasiva de participación ciudadana a la de un involucramiento activo de las comunidades para proponer, idear, codiseñar y evaluar los procesos y proyectos que van dando forma a los barrios y ciudades. Esto también requiere de una respuesta institucional que otorgue garantías de transparencia y acceso a la información antes, y no después, que los proyectos son aprobados; que existan espacios formales para audiencias públicas para proyectos de alto impacto, espacios de mediación y resolución de conflictos, y en última instancia, un sistema judicial que tenga verdaderas competencias para enfrentar controversias urbanas. Con esto no solo se ahorra tiempo y plata, sino que, sobre todo, se construye y cimienta la confianza.
La nueva Constitución puede contribuir a sentar las bases para que las ciudades, su gobierno y su planificación puedan enfrentar de manera efectiva y eficiente los desafíos sociales, económicos y ambientales que demandan acción y compromiso en cada territorio. Establecer los gobiernos para las ciudades puede dar respuesta a la promesa incumplida de descentralización y de delegación de poder, que en la práctica pondría a prueba la confianza en la capacidad e integridad de los actores locales para cumplir con su parte en la tarea de construcción de ciudades donde prime el bien común. Para la construcción del Chile y de las ciudades que queremos, cabe recordar una de las famosas citas del pensador chino Confucio: “Sin confianza no podemos sostenernos”. Esta vez nos puede faltar todo, menos la confianza.