En respuesta a opinión «Sobre ciudadanías rurales y Kast»

Señor Director:

En la edición del diario El Mostrador del miércoles 24 de noviembre de 2021, se pública un artículo de doña Beatriz Bustos sobre ciudadanías rurales. En el que señala textualmente:

Los 30 años de la Concertación son vistas como años de mejoramiento y expansión, pero beneficiando a las industrias… En la Región de O’Higgins entre 1994 y 2020, la segunda área de inversión pública fueron embalses, también a beneficio de la agroindustrial. Mientras la “infraestructura ciudadana” quedó al esfuerzo propio. ¿Qué otra cosa son los comités de agua potable rural?

Las dos afirmaciones no son correctas:

1.-Los gobiernos de la concertación duraron 20 años: Patricio Aylwin, 4 años; Eduardo Frei, 6 años: Ricardo Lagos, 6 años y Michelle Bachelet, 4 años.

2.-en relación con las cooperativas y comités de agua potable rural que son noticias desde hace poco tiempo y que existen hace más de 50 años su historiz es la siguiente:

El Programa de Agua Potable Rural de Chile nace el año 1964, con la adopción del Plan Básico de Saneamiento Rural según el compromiso internacional de la Resolución de la XII Asamblea Mundial de la Salud de 1959, que establece la prioridad del establecimiento público de agua y de la Carta de Punta del Este de 1961, de los ministros de Salud de América Latina que fija la meta del abastecimiento de agua potable al 50% de la población rural entre 1960 y 1970.
El Plan Básico de Saneamiento Rural se inicia en Chile para los años año 1964 – 1970, financiado con un convenio entre el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID -.

En el gobierno del Presidente Frei Montalva, se crea la Oficina de Saneamiento Rural del Servicio Nacional de Salud. La oficina debía definir las localidades rurales desde 200 a 1.000 habitantes entre las provincias de Coquimbo y Ñuble y sus Departamentos de Estudios y de Construcción ubicarán las fuentes de agua, diseñarán los proyectos y construirán los estanques, las redes de cañerías de distribución y las conexiones a las viviendas. El Departamento de Promoción con asistentes sociales y promotores promoverá y organizará a los vecinos en Cooperativas de Agua Potable Rural para la administración del sistema y en los trabajos no técnicos como excavaciones y rellenos de zanjas para las cañerías. Este trabajo de los socios será valorizado en el 20% del costo total del proyecto y permitirá a las Cooperativas ser propietarios legales del sistema.
Muchos años más tarde el Estado creó conveniente facilitar la organización legal creando Comités de Agua Potable Rural como organizaciones comunitarias a través del Ministerio de Obras Públicas, no consideró el trabajo de los socios como aporte y financió totalmente la construcción de los sistemas a través de licitaciones públicas..

Las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural son organizaciones comunitarias de gran importancia para las familias rurales de Chile y extraordinariamente valiosas en la organización social y participación de la comunidad. En las localidades rurales existe la escuela, la cooperativa de agua potable, el o los clubes deportivos y a veces la posta. Las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural son propietarios de sus sistemas, verdaderas PYMES por el volumen del negocio y suministran agua potable a cerca de dos millones de personas en Chile.

Las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural están formadas por socios que son los vecinos de cada localidad, no tienen fines de lucro, sus directivas no reciben sueldos y sólo el personal técnico y administrativo es rentado

En el caso de la Región de O’Higgins existen 35 Cooperativas y 183 Comités de Agua Potable Rural (APR), según informe del Ministerio de Obras Públicas, que supervisa estos sistemas. 218 organizaciones legales que operan, administran y mantienen sistemas de APR y en algunos casos, alcantarillado, plantas elevadoras y plantas de tratamiento de aguas servidas, tienen más de 75.000 socios y 300.000 beneficiarios y distribuyen agua potable a más de un 30% de la población total de la Región de O’Higgins.

Lo que doña Beatriz Bustos define como “infraestructura ciudadana” rural ha sido totalmente financiado por el Estado, a través de los ministerios y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR – que define el Consejo Regional de cada región en forma autónoma. Los sistemas de agua potable rural, las casetas sanitarias, el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas servidas. Las escuelas, los liceos técnicos agrícolas, postas de salud, retenes policiales, pavimentación de caminos rurales e instalación de energía eléctrica. En el gobierno del Presidente Lagos se aplicó el plan 5.000 kilómetros para pavimentar caminos rurales secundarios a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Los pavimentos de veredas, construcción de plazas, áreas verdes, sedes sociales y otras obras son financiadas por las Municipalidades o a través de los de los Fondos Regionales de Inversión Local – FRIL – cuyos proyectos son postulados por los municipios y aprobados por cada Consejo Regional.

En el caso de la región de O’Higgins, el año 1990, establecimos el primer convenio de programación de Chile con el Ministerio de Obras Públicas que permitió pavimentar cientos de kilómetros, conectar cabeceras de comunas, terminar el camino a Pichilemu, balneario natural de la región y construir tres pasos desnivelados en Rancagua, uno para ampliar la ciudad y dos para dar seguridad y fluidez en la carretera 5 Sur.

Uno de los efectos no buscados pero real fue el surgimiento de líneas de taxis colectivos que crearon cientos de empleos y trasladan diariamente a miles de personas entre localidades, comunas y capitales regionales.

La pregunta es? Los embalses, los pavimentos, las escuelas, los liceos técnicos, las postas y los retenes mejoran o no la calidad de vida los habitantes rurales?.

La autora pareciera plantear la duda que estas obras sólo favorecen a la agroindustriales. La realidad demuestra que estas obras crean miles de empleos y mejora extraordinariamente la vida de las familias rurales . En los años 90 muchísimas casas rurales no tenían luz eléctrica, los niños no podían estudia en la noche y las dueñas de casa no contaban con agua caliente, lavadoras ni planchas eléctricas. Esta era la realidad dramática que ha cambiado para bien de las familias rurales.

La autora está profundamente equivocada. Señalar que lo que ella define como “infraestructura ciudadana” quedó el esfuerzo propio de los habitantes de las localidades rurales y señala a los Comités de Agua Potable Rural como ejemplo es un error gigantesco, como queda demostrado con los antecedentes entregados.

Juan Núñez Valenzuela, exintendente regional de O»Higgins