Opinión
El nuevo equipo político que próximamente asumirá la conducción del Ministerio de Defensa Nacional se enfrentará a tremendos desafíos y, entre ellos, la identificación y selección de las mejores alternativas que se propongan para el desarrollo de las capacidades estratégicas (sistemas de armas) que nuestro país precisa desplegar, considerando los dividendos de la paz que hoy podemos disfrutar y un nuevo entorno social, caracterizado por grandes cambios de paradigmas. Sin embargo, ante la mirada complaciente de un “propietario ausente” (la autoridad política) que no ha ejercido una “propiedad responsable”, la meritocracia militar sigue anclada en el éxito histórico de su profesión (al igual que los economistas) y continúa desestimando la importancia de los códigos emergentes y la revisión social de su desempeño, en situaciones que los afectarán dramáticamente si no sintonizan sus objetivos con la sociedad que nace.
En este escenario de urgentes prioridades sociales y de un marco financiero muy restringido, el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric ha comprometido una serie de tareas para la “transformación institucional de la Defensa Nacional”, entre las cuales destaca la “elaboración participativa de una nueva Política de Defensa Nacional”. La magnitud de sus efectos para la política militar hará necesario que nuestras nuevas autoridades políticas de la Defensa Nacional deban mostrar un estilo de acción franco, prudente, creíble y proactivo, que facilite impulsar los cambios que ello necesariamente producirá en la fuerza militar. La experiencia comparada de las relaciones civiles-militares señala que un debate presupuestario centrado principalmente en las restricciones impuestas por la situación financiera produce en los líderes militares su bloqueo mental, al sentirse frente a una amenaza que no pueden resolver y que, debido a ello, habitualmente este deba reorientarse hacia la identificación compartida de alternativas para la implementación prioritaria de algunos programas que permitan la mantención actualizada de un núcleo básico de defensa de capacidades conjuntas, que resulten realmente imprescindibles para los escenarios estratégicos más probables, dentro de un financiamiento posible y razonable, entregándose así señales de confianza en una voluntad positiva de solución.
Las publicaciones especializadas en esta materia señalan que habitualmente las diferencias principales en este debate se originan cuando los militares advierten sutilmente que ellos conocen mejor que nadie los que se necesita para la Defensa Nacional y que cualquier reducción respecto a lo que proponen pone en riesgo la seguridad del país, lo que no es así, ya que frecuentemente la carrera militar se desarrolla alrededor de los medios militares particulares de su respectiva especialidad y no sobre la identificación y solución integral, conjunta y política de los problemas estratégicos, utilizando los medios que resulten más apropiados. Es decir, ella se centra alrededor de una particular manera de ganar la guerra, sin considerar que, para la solución de las demandas militares, a nivel estratégico no hay verdades absolutas, sino solamente alternativas, con diferentes riesgos y costos asociados.
De esta forma, resulta muy improbable que los militares puedan determinar aisladamente los reales requerimientos de capacidades prioritarias, pues para ello se requiere evaluar también muchos otros factores importantes, incluyendo objetivos políticos, costos, escenarios estratégicos, efectos macroeconómicos, soporte público, prioridades nacionales, etc. Diversos ejemplos muestran claramente que bajo presiones financieras ellos tienden a priorizar los sistemas de armas más prestigiosos, tales como las grandes unidades de combate y sus plataformas más populares, reduciendo paralelamente la poco vistosa operación y sostenimiento que permite mantener el alistamiento de la fuerza, disminuyendo así artificialmente sus capacidades operativas.
En síntesis, los requerimientos de capacidades estratégicas de la Defensa son mucho más que un asunto militar, para ser resuelto por militares, lo que lamentablemente no se ha cumplido durante los últimos 30 años, en que hemos gastado más de 13 mil millones de dólares en enormes programas de armas, muchos de ellos innecesarios o ineficaces, y que, por si fuera poco, este Gobierno en sus últimos días pretende seguir incrementando con nuevas compras difícilmente justificables.
Por esta razón, llegó el momento de que la próxima ministra de Defensa Nacional ejerza su liderazgo con coraje para que, en el marco de la elaboración de la nueva Política de Defensa comprometida, se inicien a la brevedad los estudios que permitan identificar las mejores opciones consistentes con ella, mediante un “institucionalizado proceso de planificación por capacidades, de carácter conjunto”, que incluya la participación activa de una “fortalecida institucionalidad civil” (no pseudociviles apernados) que evalúe sus implicancias políticas, estratégicas y financieras, considerando una nueva postura estratégica de cooperación y legítima defensa, dentro de la gran tarea de “pensar cómo tenemos unas Fuerzas Armadas para todos”, a la cual nos ha convocado la nueva ministra Maya Fernández.
