Opinión
Desde hace un tiempo, se viene constatando una transición en el régimen político territorial, donde el componente espacio geográfico se ha relevado. En esa perspectiva la dimensión institucional de la transición territorial y la puesta en valor del espacio, se podría identificar y caracterizar desde las resoluciones que el sistema político ha venido formalizando ‘lentamente’, desde que se recuperó la democracia, lidiando regularmente con un atávico centralismo que caracterizó al país desde lo político, lo social y económico… y qué decir de lo cultural, situación que está insoslayablemente en el inconsciente de la/os habitantes del país v/s los cada vez más explícitos deseos y voluntades de mayor descentralización.
Entre los hitos del proceso están la votación directa de alcaldes y concejales, la separación de la votación de alcaldes y concejales, la creación de los gobiernos regionales con designación presidencial de intendentes y elección indirecta de los consejeros regionales desde la configuración de colegios electorales conformados por la/os concejala/es de las comunas agrupados por provincia, posteriormente, elección directa y popular de consejeros regionales y, tras unos años, en términos similares, la elección directa de gobernadores/as regionales. Estos son algunos de los ‘lentos avances institucionales’ en el proceso descentralizador, por lo menos en su dimensión política. Sobre la dimensión administrativa hay bien poco que indicar y aún bastante menos en la fiscal, las que siguieron ancladas a los instrumentos que evacuó la dictadura cívico-militar (desconcentración administrativa e instrumentos de financiación capitaneados desde el ministerio del interior y la dirección de presupuesto).
Parte de estos ‘lentos avances institucionales’, encontraron mayores grados de aceleración al implementarse las medidas reformistas del gobierno de la Nueva Mayoría, coalición política que lideró Michelle Bachelet, cuando, vía modificación de la ley de partidos, sistema electoral y de descentralización política, fiscal y de administración del Estado, se dispusieron, cual nuevo engranaje del sistema político. Todo ello, de algún modo, abrochado por el proceso constitucional que desplegó el mismo gobierno, donde la dimensión descentralizadora se impuso no sólo desde lo político, sino que cómo valor ineludible de abordar en lo sucesivo.
Desde lo no institucional, lo que hemos venido caracterizando como geografía de la multitud, en cuanto forma conceptual que busca agrupar el movimiento social en las territorialidades ‘lugarizadas’ a lo largo y ancho del país, diversas y complejas, cada una, ha relevado sistemáticamente estos reclamos contra el centralismo y demandas de más descentralización, se podría afirmar, desde la recuperación de la democracia. De hecho, el engranaje de reformas que planteó la coalición Nueva Mayoría, junto con el proceso constitucional del mismo gobierno, fue una respuesta al despliegue que realizó la multitudinaria geografía desde el 2010 (con énfasis más evidente y marcado), cuestión que desembocó, como ya se conoce en octubre del 2019, entendiéndose como un estadio o momentum de intensa acumulación/sedimentación de energía social que explica el acuerdo de noviembre 15 que formalizó el actual contexto constitucional.
Por lo tanto, lo que plantea hoy día la Convención Constitucional, es una fase más de un largo camino, que ciertamente pareciera constituirse en un aventón importante para los propósitos descentralizadores que se han esculpido en tiempo y espacio desde la sociedad chilena. Quedará por ver cómo se van logrando los aspectos específicos de esta propuesta, ya que la forma Estatal Regional Autónoma del Estado Chileno, que comporta redefiniciones en otras escalas del territorio como son las comunas y las denominaciones autonómicas de otra naturaleza que se plantearon y se aprobaron en el Pleno de la Convención, precisan de la armonización con los otros resultados que se concreten, sobre todo en la comisión de sistema político, la que tiene que ver con el régimen político, sistema electoral, congreso nacional y otras definiciones.
Lo descrito brevemente hasta aquí, implica una transición del régimen territorial político del Estado chileno, la cual se explica, en el fondo, en el dinamismo, heterogeneidad, sedimentación de capa tras capa del proceso político, identitario, de conflictividades socio-ambientales, sociales, económicas y culturales del espacio geográfico, dadas las diferentes escalas que lo constituyen y dispuestas, además, inter-escalarmente para su mejor comprensión, las que recorren la persona/sociedad lugarizada pasando por el barrio, la comuna y llegando a unidades mayores como las agrupaciones de comunas o regiones. Esto es, el espacio geográfico en pleno, ejerciendo sus relaciones espaciales de poder, hecho reconocido y asumido por quienes tenían/tienen intereses de diverso tipo (elites nacionales conectadas con la escala internacional a partir de los flujos de capital).
Lo avanzado en descentralización, fuera de tener que armonizarse con los resultados que evacuaran las otras comisiones de la Convención (la de sistema político en particular), obliga no sólo a ser sigilosos en este proceso de transición territorial, ya que toda transición tiene elementos nuevos que deben convivir con los vigentes y que responden a décadas de acostumbramiento/disciplinamiento territorial/político/económico que no son simples de desmontar, sobre todo desde las conciencias (¿y también las inconciencias?), de los imaginarios de las mayorías apostadas en estos espacios geográficos.
También hay que ser asertivos en leer adecuadamente las relaciones espaciales de poder, las que justamente demostraron su poder real en la Convención, ya que las mismas deberían estar circunscritas a balances y contrapesos justos que aseguren el bienestar de los habitantes del territorio del país. Como nunca, en esta transición del régimen territorial de Chile, encontrará en cada uno de los instrumentos de ordenamiento del territorio (desde políticas, como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), a planes específicos como los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), Planes Reguladores Comunales (PRC) , entre otros), el desafío de fortalecer la unidad del estado chileno, ya que la que hoy se tiene, es más bien discursiva que real. Lo avanzado hasta ahora en la Convención Constitucional es más una oportunidad que un riesgo, ya que abre un camino para asegurar la mayor autonomía posible, sin perder la necesaria coherencia nacional.
