Opinión
El déficit habitacional en Chile se encuentra en su punto más álgido de las últimas décadas y, lamentablemente, todo indica que podría aumentar el 2022.
Los créditos y el precio de los arriendos se hacen cada vez más inalcanzables para la población vulnerable. Por otra parte, la producción de viviendas se hace más costosa ante el alza de los materiales de construcción de los últimos años. Además, la desaceleración económica, la inflación y la disminución de los beneficios sociales entregados el 2021, impactarán directamente en las ya remotas posibilidades de acceder a la vivienda para las familias de ingresos medios y bajos. Todo lo anterior, producirá un posible incremento del allegamiento, los campamentos y el arriendo informal y abusivo.
En consecuencia, estamos frente a una emergencia habitacional que afecta al menos a 600 mil familias de forma directa, cifra que pareciera ir en aumento. Ante este escenario, no puede pasar desapercibido la posible aprobación en el congreso del Plan de emergencia habitacional.
Después de más de tres años de amplia discusión y participación de distintos actores sociales, en diciembre del año pasado la Comisión de Vivienda del Senado aprobó el proyecto de ley sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional. Esta iniciativa contiene distintos elementos que agilizan procesos para mejores viviendas, pero reviste especial importancia la última modificación que se le hizo al proyecto, incorporando un capítulo que mandata y otorga facultades al ejecutivo para desarrollar un plan de emergencia habitacional en el corto plazo, levantando información detallada de la demanda por vivienda, conformando estrategias locales para enfrentar el déficit habitacional, y abriendo un abanico de posibles soluciones.
El proyecto debiera pasar dentro de los próximos días a la discusión en el pleno del Senado y la Cámara. De ser aprobada esta ley, no será la solución a todos los problemas urbanos y habitacionales, pero sí será un avance, especialmente por el carácter de urgencia que se le imprime a la problemática desde el accionar del Estado. Frente a esta oportunidad, será importante que en la discusión y su posterior implementación se consideren algunos elementos:
En primer lugar, no olvidemos que tras el déficit habitacional hay un déficit urbano. Construir viviendas sin construir ciudad será repetir errores del pasado. No es posible enfrentar la exclusión habitacional sin enfrentar al mismo tiempo la segregación urbana. Es de esperar, entonces, que un plan de emergencia habitacional conlleve a impulsar la inversión pública y privada para la construcción de ciudades justas.
En segundo lugar, está ley mandata a los organismos del Estado central a apurar los procesos de postulación, adjudicación y construcción de vivienda, pero será esencial que la emergencia sea abordada de manera participativa y descentralizada, potenciando el rol crítico que debieran tener en el diseño y la implementación de proyectos urbano-habitacionales las familias organizadas, autoridades locales y desarrolladores inmobiliarios, entre otros actores.
Por último, para resolver el déficit de vivienda no basta con hacer lo mismo pero en mayor cantidad y más rápido. Un componente esencial de la estrategia debe ser la diversificación de las soluciones habitacionales. Hablamos de nuevos modelos constructivos, de tenencia, de financiamiento y de participación, que permitan adaptar las soluciones a las oportunidades de los territorios y a las necesidades de una demanda habitacional diversa.
La eventual aprobación de este proyecto de ley es importante para Chile. No solo por sus efectos concretos en mejores políticas habitacionales con sentido de urgencia y de futuro, sino también por lo que puede representar simbólicamente. En tiempos de recambios de autoridades, un proyecto formulado y presentado por el gobierno saliente, pero liderado en el Congreso por el gobierno entrante, puede ser un valioso símbolo que abra el camino para la construcción de un nuevo pacto amplio nacional por la vivienda y la ciudad. Es de esperar que así se confirme.
