Opinión
La pandemia del Covid-19 está dejando consecuencias en los sistemas alimentarios, los que se ven fuertemente agudizados por la escasez hídrica que sufre nuestro país y las vulnerabilidades estructurales que ha arrastrado específicamente la pequeña agricultura. A la par del inicio de una guerra en Europa del este y que surgen nuevas variantes del coronavirus que mantienen al mundo en la incertidumbre, pese a los avances en la vacunación, la profundidad de esta marca es algo que aún no podemos conocer plenamente pero que nos urge a mantenernos en alerta.
Hasta el momento, tenemos importantes indicios de algunas de las principales vías de afectación de la pandemia en los sistemas alimentarios en las regiones de La Araucanía y Los Lagos, que pueden arrojar pistas de lo que sucede en otras regiones del país. A través del proyecto Siembra Desarrollo, que ejecutamos con el aporte de la cooperación canadiense, observamos impactos de la pandemia en la agricultura familiar campesina. La llegada del covid-19 se vivió para la agricultura familiar con miedo e incertidumbre que los llevaron a paralizar actividades productivas y debilitaron el capital social que subyace a muchas dinámicas rurales. La falta de adaptación a las particularidades rurales de los marcos regulatorios que se establecieron para el control de los desplazamientos agudizó la situación en muchas zonas rurales generando mayor aislamiento de los hogares. Quedando de facto excluidos del acceso a permisos de movilidad cuyas duraciones y vías de obtención se diseñaron con un claro sesgo urbano. Desde la dimensión productiva de la agricultura familiar la crisis sanitaria generó obstáculos para la comercialización, con cierres de puntos de venta y caídas en la demanda. Mientras tanto, las dificultades de acceso a mano de obra y el encarecimiento de los insumos agrícolas ocasionaron dificultades para mantener la producción e invertir en nuevas cosechas. El escenario resultante fue la caída en los ingresos, acompañado en algunos casos de endeudamiento y disminución en la producción. En el caso específico de las mujeres, es necesario sumar a este escenario la importante sobrecarga de tareas domésticas, productivas y de cuidados, muchas veces invisibilizadas.
Es importante, matizar subrayando que no todas y todos los productores se han visto afectados de la misma manera y magnitud. Son muchos los factores que contribuyen a mitigar o agudizar el impacto y entre los que resaltamos tres. Por un lado, los productores agroecológicos se han visto menos expuestos ante el alza de los precios de los insumos que los convencionales. Los productores con acceso y capacidades para el uso de las nuevas tecnologías han logrado mantener o incluso mejorar sus ventas abriendo nuevos mercados. Finalmente, las cooperativas y asociaciones han constituido una herramienta de mitigación del impacto para sus miembros.
No obstante, cobra en la actualidad especial urgencia el incremento de precios de insumos agrícolas y, más específicamente, los fertilizantes. Con un incremento del 50% de valor de importación con respecto al año anterior, el aumento de los costos desde el inicio de la pandemia y que sigue en alza (de más del 100% en algunos productos) supone una amenaza para la viabilidad de nuevas inversiones y cosechas. La historia reciente muestra la gravedad de este tipo de choques y las consecuencias que el incremento de los costos puede tener en el precio de los alimentos y acceso a la alimentación. En un contexto ya muy delicado, monitorear y adelantarnos a la tendencia alcista de los precios de los fertilizantes y los alimentos constituye una prioridad para el nuevo gobierno. En este sentido, existe un amplio rango de opciones para avanzar en la mitigación del impacto y en la construcción de resiliencia. Qué estrategias son más oportunas depende, ciertamente, de cada uno de los contextos y sus características. Pero dar las alertas tempranamente es la señal que hoy queremos dar.
