Opinión
La asunción del Gobierno del Presidente Gabriel Boric augura una serie de reformas en varias materias demandadas por la sociedad, mediante un programa ambicioso cuyos mismos ejes temáticos y ordenadores se sitúan en una perspectiva crítica de los consensos transicionales (feminismo, nuevo modelo de desarrollo, derechos sociales garantizados, etc.).
En este contexto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, liderado por la ministra Jeannette Jara, tendrá grandes desafíos para implementar las medidas relacionadas al modelo de relaciones laborales, habiéndose declarado como prioridades programáticas: el aumento y formalización del empleo, las 40 horas de jornada laboral, reajuste al salario mínimo a $500 mil al término del Gobierno, avanzar hacia la negociación multinivel y la tan postergada reforma de pensiones.
Se ha señalado que el camino para implementar estas medidas es el diálogo social, siendo este el eje fundador de la Comisión de Diálogo Social que conformarán empleadores; trabajadores; academia y sociedad civil, a formarse dentro de los primeros 100 días del Gobierno. “Se resuelve, se conversa, se llega a acuerdo”, declaró hace poco la ministra en la radio. Así también señaló que la opinión de empleadores respecto a la gradualidad de estas reformas va a ser parte de la “base de conversación para llegar a los detalles que permitan la presentación efectiva del proyecto”.
Este acercamiento hacia la concreción de las reformas que se estiman prioritarias, inspiradas por la agenda social decretada por la movilización popular, pareciera reflejar un mandato de la política institucional, y produce preocupación en el mundo de trabajadores y trabajadoras. Se podría decir que trae malos recuerdos, y es que no pareciera ser hace tanto: cuando hace 8 años, el Gobierno de Bachelet 2 comprometía lo mismo mediante una reforma laboral ambiciosa. Ahí nos enteramos que esa opinión de los empleadores sobre las reformas no era solo la base de la conversación sino también su última palabra.
Si bien en ese momento se buscó concretar avances de suma relevancia, especialmente en los derechos colectivos del trabajo (libertad sindical, negociación colectiva, huelga), considerando la evidencia internacional sobre la importancia de ellos para equilibrar la balanza empleador-trabajador, varias de estas medidas claves se morigeraron en la tramitación, se negociaron y hasta se excluyeron una vez aprobadas, por el ejercicio del “control constitucional” del Tribunal Constitucional o por la “labor interpretativa” de la Dirección del Trabajo de turno.
Si bien existen varios factores determinantes distintos, tales como el posicionamiento y origen político del nuevo Gobierno, la efervescencia social, el poder de los medios conservadores y la correlación de fuerzas sociales y políticas, no podemos dejar de ignorar las diversas lecciones propinadas por nuestra insistentemente rígida institucionalidad política. En este punto será clave entender que los cambios están más cerca de nacer que el día de ayer, pero que esto no asegura un parto seguro, que en cualquier caso será un proceso difícil y riesgoso.
De esta manera, las trabajadoras y los trabajadores deberemos estar atentos al avance de los cambios en beneficio de nuestros derechos laborales y previsionales, para que la tan mencionada gradualidad no sea tan gradual, al punto de frenar el impulso y la esencia de los cambios requeridos. Especialmente los derechos colectivos, que mediante la libertad sindical integral, la negociación colectiva ramal y el derecho a huelga efectiva, constituyen la principal causa y la garantía de las conquistas de las trabajadoras y los trabajadores a nivel mundial.
