Tarea comunicacional y política aparte para Boric e Izkia es ordenar filas entre los subsecretarios y clarificar su proyecto de diálogo para sus socios de Gobierno, dado que tanto el subsecretario de Interior Monsalve (PS) como Vergara de Prevención del Delito (PPD), han declarado de forma disonante con respecto a Siches o a Jackson en los pasados días, específicamente en lo que refiere a prisión política. Para sumar voluntades y confianzas colectivas, Apruebo Dignidad requiere ya dejar atrás la doctrina Aleuy, es decir, criminalización, represión y aislamiento. Difícilmente cualquiera de las vías políticas estará dispuesta a participar de un proceso a mediano y largo plazo si esto no sucede.
La visita frustrada de la ministra Izkia Siches a Temucuicui ha sacudido la arena política –tanto la chilena como la mapuche– y, a pesar de los desaciertos, ha generado la posibilidad inédita, en los últimos 25 años, de tender puentes de diálogo y abordaje político del conflicto, aunque ellos todavía se sostienen en frágiles cimientos. Ya con algunos días de distancia es posible sopesar mejor las necesidades de planificación, las discrepancias internas y las oportunidades que se abren para los distintos actores.
En primer lugar, el principal problema del Ejecutivo en Wallmapu es de orden político. Antes que una cuestión de protocolos, los que si bien son elementos cruciales para establecer encuentros interculturales, las posibilidades del diálogo pasan más bien por los grados de legitimidad que le otorguen a este procedimiento diversos actores.
Si bien tanto Boric como Izkia visitaron algunas comunas del territorio durante la campaña, lo cierto es que este Gobierno aún no ha construido capital político suficiente en la zona como para haber intentado un golpe mediático y simbólico entrando en Temucuicui. Como ejemplo, en toda la provincia de Malleco el candidato de Apruebo Dignidad solo obtuvo el 34% de votación; su coalición, por lo demás, ni siquiera está representada en el Parlamento. A diferencia de otros lugares del país, en Wallmapu el primer desafío de Siches o de cualquier otra representación del Estado es ganar confianzas largamente perdidas. En distintas organizaciones mapuche ese paso aún no se realiza, y en otros actores relevantes, como los gremios o el latifundio de la región, es evidente que el Gobierno de Boric no es el interlocutor que preferirían. Aguas revueltas a ambos lados del río.
Por eso es tan importante que el equipo de Interior, y los otros pesos pesados del Gobierno –Vallejo y Jackson– conozcan con precisión el mapa de actores políticos y organizacionales. Esto ha sido más notorio al observar las consecuencias y declaraciones cruzadas de las dos comunidades en el territorio: la Tradicional y la Autónoma. Mientras que el lonko de la Comunidad Autónoma Temucuicui, Víctor Queipul, señalaba a Interferencia que “si quieren dialogar con las comunidades deben pasar por mí”, el werken de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, replicaba recientemente –en «Mentiras Verdaderas» de La Red– que la visita de Izkia sí estaba autorizada por el lonko Juan Catrillanca, líder de la comunidad tradicional, y que eran conscientes del carácter simbólico de esta. Vale decir que ambos, tanto Catrillanca como Queipul, tienen experiencia en interlocución con el Estado, el primero en mesas de diálogo con la administración de Piñera I, el segundo en las negociaciones con el Ejecutivo a raíz de la huelga de hambre de presos políticos mapuche del 2010.
[cita tipo=»destaque»]Izkia movilizó energías y los debates políticos internos del movimiento mapuche se vuelven públicos, abriéndose entonces una mínima posibilidad de hacer política, pero es apenas una rendija, cualquier error hará cerrar filas al mundo mapuche más autonómico.[/cita]
Las diferencias entre las dirigencias públicas de Temucuicui ayudan a mostrar una cuestión de fondo no siempre bien observada: las trayectorias y proyecciones colectivas de las distintas vías políticas ensayadas por el movimiento mapuche contemporáneo. Los proyectos de control y autonomía territorial constituyen una fuerza importante que debe ser considerada en cualquier futuro diálogo, estimulándolos a mantener niveles de interacción con el Estado, sobre todo avanzando en temas sustantivos como tierra y el devenir de las forestales. El desafío es que el Gobierno reconozca la diversidad interna de este sector, advirtiendo los matices, las velocidades y las correlaciones de las expresiones políticas que desarrollan controles territoriales por la vía de los hechos. Por otra parte, las formas de participación institucionalizada –por ejemplo, en los representantes mapuche en la Convención Constitucional– también han crecido en influencia dentro de organizaciones y articulaciones mapuche, sobre todo al lograr instalar contenidos y demandas históricas en espacios de disputa de poder.
Estas dos formas de enfrentar el colonialismo histórico del Estado no siempre se encuentran ni comparten posiciones. Por ello, las relaciones políticas son un desafío tanto para la interna del propio pueblo mapuche como para cualquier Gobierno que declare querer avanzar en justicia y paz social. Si la iniciativa de diálogo gubernamental es seria –y al menos así lo indica el llegar a la zona con una comitiva de ministros–, necesariamente se generarán respuestas diversas entre las fuerzas organizativas del movimiento mapuche. Esto debería hacer más notoria a la opinión pública las diversas vías políticas del movimiento y, en consecuencia, cambiar las correlaciones de fuerza entre los distintos proyectos colectivos. Es lo que ha ocurrido durante los últimos días: Izkia movilizó energías y los debates políticos internos del movimiento mapuche se vuelven públicos, abriéndose entonces una mínima posibilidad de hacer política, pero es apenas una rendija, cualquier error hará cerrar filas al mundo mapuche más autonómico.
Aunque Izkia no abrió la puerta, al menos caminó hasta ella; y eso requirió coraje y ganas de arriesgar políticamente, pues es un hecho que con el episodio de Temucuicui a la ministra se le abrió un flanco de críticas importantes desde la derecha, sobre todo en lo que concierne al necesario término del Estado de Excepción. Sin embargo, llámese Delgado, Martorell o el diputado gremial de turno, estos nunca –en dos gobiernos– dejaron de dirigir sus políticas públicas para la zona desde recintos policiales: mera administración del conflicto a través de una repetida agenda de seguridad.
Tarea comunicacional y política aparte para Boric e Izkia es ordenar filas entre los subsecretarios y clarificar su proyecto de diálogo para sus socios de Gobierno, dado que tanto el subsecretario de Interior Monsalve (PS) como Vergara de Prevención del Delito (PPD), han declarado de forma disonante con respecto a Siches o a Jackson en los pasados días, específicamente en lo que refiere a prisión política. Para sumar voluntades y confianzas colectivas, Apruebo Dignidad requiere ya dejar atrás la doctrina Aleuy, es decir, criminalización, represión y aislamiento. Difícilmente cualquiera de las vías políticas estará dispuesta a participar de un proceso a mediano y largo plazo si esto no sucede.
El escenario para Wallmapu hoy está abierto y en movimiento: los que repiten consignas para sus nichos se estancan; en cambio, las que conociendo la tradición saben mirar al futuro, esas son las que corren los cercos.