Opinión
A propósito del reciente lanzamiento, elaborado durante la administración saliente, del Plan Nacional de Prevención y Manejo de la Obesidad Infantil al 2030 que resalta los graves problemas de salud pública vinculados a la dieta que se producen en nuestro país (obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer), llama poderosamente la atención la evidente discordancia entre las causas identificadas y las propuestas planteadas. Mientras hay consenso en atribuir las alarmantes cifras a causas estructurales, vinculadas a los determinantes sociales de la salud y ambientes obesogénicos, las propuestas planteadas se encuentran mayoritariamente centradas en guías, normas y medidas de intervención individual, las cuales no poseen evidencia de obtener resultados positivos hasta el momento, cuestión que se explicita en el mismo marco teórico del Plan y en sus referencias.
De las 35 medidas propuestas en el Plan de Obesidad Infantil sólo 2 son de índole estructural, es decir, están dirigidas a modificar los ambientes obesogénicos. Valoramos y felicitamos ambas medidas que buscan modificar los entornos inmediatos de la población. La primera apunta a mejorar los entornos escolares, expandiendo la Ley (20.606) —que hoy restringe venta de alimentos “alto en” dentro de las escuelas— a los entornos inmediatos de las escuelas. La segunda, se orienta a la conformación de grupos de apoyo comunitario para aumentar la lactancia materna. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para impactar sobre las determinantes sociales de la salud y modificar los ambientes obesogénicos, como plantea su diagnóstico. Por el contrario, la mayor parte de las medidas incorporadas en este Plan, están dirigidas al desarrollo de numerosas guías, orientaciones técnicas y normas para aplicar en atención primaria de salud, las que después conllevan capacitación de los profesionales que las aplicarán y que se traducirán en un sinnúmero de recomendaciones a las familias de niños y niñas respecto de qué es bueno comer o no y la práctica de actividad física adecuada, reduciendo la problemática a acciones educativas, las que no consideran las barreras físicas y económicas que tendrán esas familias para cumplir dichas indicaciones.
Los y las autoras que el Plan de Obesidad utiliza de referencia teórica, así como los múltiples organismos internacionales (FAO, OMS, UNICEF y otros) referenciados, han insistido en la necesidad de sumar a las tradicionales acciones educativas e informativas en salud, medidas estructurales que apunten al corazón causal de estos problemas. Esto implica actuar en dos frentes: por una parte, aumentar la disponibilidad y acceso físico y económico a los alimentos saludables; y por otra, tomar medidas enérgicas para restringir la disponibilidad y acceso, así como el marketing, a alimentos no saludables. Los mismos autores concuerdan (lo cual es recogido en la parte teórica de Plan) que resulta imprescindible que esas medidas sean intersectoriales, y sin embargo, la mayor parte de las medidas propuestas se restringen exclusivamente al sector salud. En este sentido, se echan de menos en un “Plan Nacional” medidas transversales que apunten a modificar las determinantes sociales y los ambientes obesogénicos, como el subsidio a alimentos saludables (producción, transporte y comercialización), el aumento del sueldo mínimo para asegurar el acceso económico a los mismo, acciones que promuevan el aumento de ferias libres en todo el país y circuitos cortos de comercialización para pequeños productores agrícolas y pesqueros, entre otras. Asimismo, quedan ausentes del Plan Nacional medidas potentes que limiten la disponibilidad y el acceso a los alimentos no saludables, como impuestos específicos a alimentos con sellos “Alto en” o el aumento de restricciones al marketing de alimentos no saludables (hoy se limita sólo la dirigida a menores de 14 años). Probablemente, si queremos tener efectos reales en la población infantil, es hora que empecemos a considerar a los alimentos no saludables como en su momento se trató al tabaco, políticas cuyos resultados son evidentes en la última Encuesta Nacional de Salud.
Esperamos que las autoridades del ministerio de Salud entrantes reconsideren las medidas del Plan, complementándolo con medidas estructurales e intersectoriales, más directas y de mayor fuerza para enfrentar la obesidad infantil. El aumento de la obesidad posee magnitudes de epidemia y, como han descrito diversos autores, participa de una sindemia global en la que comparte conductores comunes con el cambio climático y otras formas de malnutrición, lo que se ha visto potenciado con la pandemia del COVID-19. No podemos seguir observando cómo nuestra población, y en especial nuestros niños y niñas, desarrollan malnutrición frente a nuestros ojos sin que seamos capaces de tomar medidas efectivas y basadas en evidencia.
