Opinión
Si hay algo que debe ser relevado en este debate constitucional es cómo la idea de territorio se hace eje en las siete comisiones en que se organizó el trabajo del proceso constitucional… y eso, es tan positivo como necesario. Es positivo, ya que desde hace unos años la cuestión territorial se viene repitiendo en la deliberación pública, sobre todo, cuando de diseño y ejecución de política pública se trata. Que las políticas de vivienda, de seguridad ciudadana, las de educación, de salud, que el ejercicio de la justicia, que la representación política, que la conflictividad socioambiental, y un largo etcétera, hicieron o no (hacen o no) referencia al territorio. Qué decir del proceso de descentralización, verdadero ‘algoritmo político’ que lo relevó y releva cada vez más. Su incorporación, claramente ha sido a paso cansino, siendo un buen ejemplo de ello el propio proceso de descentralización que después de décadas aún no se completa, explicando en gran medida las desigualdades, asimetrías o injusticias territoriales de todo tipo. A partir de esto y, como se ha indicado en otras ocasiones, es oportuno referirse a la idea de ‘transición político-territorial interior de Chile’.
En otra oportunidad se planteó que, un buen punto de partida para avanzar en el afianzamiento de la ‘problemática territorial-Convención Constitucional’, es entenderla como una interrelación permanente entre la persona humana (sociedad) y su(s) entorno(s). Se indicó que, así como Aristóteles consignó que la Polis (ciudad-Estado, la política por medio de una politeia), se lleva en el inconsciente de la persona humana, a propósito de su necesidad de organización política, necesariamente, la cuestión territorial debe entenderse como un asunto inmanente de la misma persona humana. Es decir, si es que existe un zoon politikon o economicus, debe existir uno territorial, en su individualidad y expresión colectiva comunitaria o social. Así, por defecto, la democracia debería ser entendida como territorial, sostenida en pactos sociales territorializados, elemento que busca concretar (por mandato popular), el trabajo de la Convención Constitucional, que, para el caso de Chile, pareciera ser la idea de unidad en la diferencia la que gana terreno vs. otras visiones.
También se indicó, en otro momento, la necesidad de inscribir lo territorial en la idea de espacio geográfico, el que es una formalización de las interrelaciones que logran las personas con sus entornos, en diferenciadas escalas geográficas, permitiendo la comprensión de la persona humana como una síntesis de interescalaridad, esto es, la persona en su circunstancia individual espacial y temporal, que inmediatamente integra lo local, regional, nacional o internacional, sea por el consumo, sea por el horizonte político ideático, presente, pasado y, con proyección de futuro.
Así, un espacio geográfico (interrelación entre persona y entorno) debe entenderse también como un producto/producción social, en permanente mutación (heterogéneo y dinámico), nunca neutro y, reflejo de las correlaciones de fuerza política e ideológica, en un contexto de sistema económico capitalista (por lo menos desde el siglo XV, en adelante). Por otra parte, reforzando lo consignado y definiendo la idea de territorialidad, expresión de espacio geográfico, Heriberto Cairo (2001) consigna que “esta variabilidad se relaciona, evidentemente con el hecho de que la territorialidad es construida socialmente. Es un componente necesario de toda relación de poder, que, en definitiva, participa en la creación y mantenimiento del orden social, así como en la producción del contexto espacial a través del que experimentamos el mundo, legal y simbólicamente” (Territorialidad y fronteras del Estado-nación: Las condiciones de la política en un mundo fragmentado, pp. 31-32).
En ese marco, un Estado Regional Plurinacional, Intercultural y Autonómico; un Maritorio; una Justicia Plurinacional (Sistemas de Justicia) y un Congreso Bicameral vía una Cámara de Diputadas y Diputados (la política) y una Cámara Territorial (el territorio), que reemplazaría a la Cámara Alta o el Senado, como lo conocemos por estos días, comportan la idea de territorio, como también la de espacio geográfico. Si eso es así y si se avanza en esta dirección, en el caso del Congreso Bicameral Asimétrico, como parece que se perfila en la Convención Constitucional en cada una de sus expresiones institucionales, cabe preguntarse si es que no tienen un problema conceptual, simple pero real, ¿la Cámara Baja, Política y Plurinacional, no es territorial?, mientras que ¿la Cámara Territorial que reemplaza al Senado, no es política?
El espacio geográfico, como también el territorio, encarnan relaciones espaciales de poder individuales/personales y colectivas interescalares (vecinales, barriales, urbanas, regionales, nacionales e internacionales), todas interrelacionadas. Ahí, se contiene la representación política (entre otros aspectos de vida política, social, económica y cultural), la que por lo menos en los sistemas democráticos conocidos en la experiencia actual y pasada (comparada), desde el siglo XX en adelante y la que se vislumbra para el futuro, es articulada y gestionada desde un sistema de partidos políticos u organizaciones políticas independientes (como ocurre por estos días en la Convención), que buscan concretar la representación de personas y territorios, dibujando una y otra vez ‘unidades electorales – territoriales’ para representar ideales (cada veinte o treinta años, aprox.), posiciones políticas e identidades diversas (también las territoriales). En nuestra legislación vigente, eso se llama Territorio Electoral y explica la Cámara de Diputados y Senadores y, algo similar debería abordarse en la concreción legislativa que demandarán las definiciones constitucionales de la actual Convención Constitucional.
Con lo anterior, creemos sería oportuno que en el debate constitucional se afirme que, el Congreso Bicameral Asimétrico que se perfilaría, entre varias representaciones que puede ejecutar, tendrá la territorial-espacial, dejando en claro, además, que tanto las atribuciones y contrapesos que cada cámara tendrá, deberán ser adecuadamente ponderados para concretar el acto legislativo futuro. Y que ambas son eminentemente políticas, ya que territorio o espacio geográfico implican relaciones espaciales de poder, sintetizadas en estas nuevas nomenclaturas que se busca dejar a firme en esta transición político-territorial interna de Chile.
Puede parecer una ‘observación menor’ la que se expone, que, además, tiene larga data en el ordenamiento institucional chileno, pero hacer de la idea de territorio y espacio geográfico un eje transversal en el debate Convencional, que es positivo, precisa de clarificaciones útiles, dado todo el instrumental, vía política pública, que se vendrá fortaleciendo y diversificando democrática y unitariamente, en la diferencia y autonomía que precise el país.
Si el diseño institucional que busca proyectar la nueva Constitución es el óptimo para el país (que no se duda es el sentimiento generalizado), en esta fase en que nos encontramos, la idea de territorio o espacio geográfico debería permitir la mejor articulación posible entre una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), entendida como política matriz, con aquellas de desarrollo urbano (PNDU) y de desarrollo rural (PNDR), y con los instrumentos regionales (ERD y PROT) y comunales (PLADECO y PRC), con un sistema de representación territorial a multiescala, congresal y administrativo territorial interior.
En esta fase de la transición político-territorial del país, debería considerarse lo mencionado, del mismo modo que el papel de la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), que debe estar al servicio de la correcta incorporación de un sistema que responda a los desafíos territoriales existentes e instale la visión que Chile requiere en esta materia, por encima de la defensa corporativa de los intereses sectoriales de cada uno de los ministerios que la conforman. El desafío no es menor para el ministro de Vivienda y Urbanismo, quien debe liderar este proceso, ya que la tarea de la comisión supera la simple suma de los doce ministerios involucrados y lo que cada uno de ellos representa.
