Opinión
El viernes pasado, la presidenta de la Convención Constitucional, Maria Elisa Quinteros, envió una carta a todos los convencionales en la que les solicitó ser más cuidadosos sobre las formas en que comunican la labor del proceso constituyente, a velar por la veracidad y evitar la desinformación, ambos principios expresados en su Reglamento de Ética, asegurando que, de lo contrario, se puede afectar la democracia. En sus palabras, «el golpe que reciben las y los ciudadanos con cada desinformación daña el ejercicio libre de la democracia».
Coincidimos en nuestra preocupación por la desinformación y su impacto en los procesos democráticos, pues su difusión constituye un peligro claro, ya que se utiliza como un arma que ciertos grupos ocupan para impedir la renovación de un sistema que puede ir en contra de sus intereses, minando la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas e incluso deslegitimando la participación política de aquellas poblaciones menos privilegiadas –e históricamente vulneradas de la participación– dentro de los procesos democráticos, como es el caso de las mujeres, pueblos indígenas y disidencias sexuales.
En este contexto, es muy difícil distinguir quiénes comienzan estos ataques y cuáles son los intereses detrás de esto, pero es posible determinar su objetivo, el cual, pudiendo ser legítimo (esto es, no estar de acuerdo con lo debatido en la Convención), recurre a distorsionar la información que recibe la ciudadanía y con ello obliga a quienes se sienten víctimas de dicha desinformación a redoblar esfuerzos para desmentir y aclarar esas falacias, en paralelo a la labor que realizan como convencionales, ralentizando el trabajo constituyente, que se acerca rápidamente a sus plazos finales.
A partir de este fenómeno, podemos plantear un segundo problema: la desinformación siembra una semilla de duda sobre el proceso en su conjunto que es muy difícil de eliminar; la sombra de la posverdad queda y con ello difunde dudas sobre el objetivo del trabajo constituyente y sus protagonistas. En una retórica similar a “envenenar el pozo”, y teniendo en cuenta el caldo de cultivo que crea esta desconfianza, la legitimidad de los procesos democráticos se va perdiendo lentamente a medida que más noticias falsas o fake news se generan.
La capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadamente, y poder acceder a ellas a través de un filtro de información fidedigna, se va diluyendo, generando un daño irreversible a la democracia, por lo cual debería ser sancionado según los principios que sustenta el mismo Reglamento de Ética.
Asimismo, como menciona la presidenta Quinteros, en su carta antes mencionada, “responder con un estándar de compromiso y de responsabilidad con la democracia, quizás es mucho mayor con la que ha operado la política hasta ahora”. Por eso el llamado es a reforzar esos estándares éticos de entrega de información a la ciudadanía, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, sino que el trazado de los principios democráticos que nos regirán por las próximas dos o tres décadas.
