Opinión
“Conforme con las orientaciones teóricas y metodológicas del Foro Valparaíso, las enormes limitaciones de la ONU y, específicamente, del Consejo de Seguridad, no pueden entenderse si no se sitúan en una perspectiva histórica de larga duración”.
Ya van dos semanas de guerra entre Rusia y Ucrania. Paralelamente a las operaciones militares, la diplomacia de ambos países está llevando a cabo negociaciones para poner fin a la guerra. Y tampoco podemos olvidar, como anunciamos en nuestra anterior columna, las sanciones económicas por parte de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá para presionar a Moscú a abandonar la vía militar.
Apenas iniciado el conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para analizar la crisis. Estados Unidos y Albania presentaron una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania. En la votación llevada a cabo el 25 de febrero, de los 15 miembros del Consejo, 11 votaron a favor y 3 se abstuvieron (China, India y Emiratos Árabes Unidos). Solo Rusia votó en contra, lo que provocó que el proyecto fuese rechazado. Luego, el 2 de marzo la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena, con el apoyo de 141 de los 193 países que la conforman.
Pese a estas resoluciones, la sensación que se ha plasmado en diversos medios de comunicación y redes sociales es que la ONU carece de capacidades para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Conforme con las orientaciones teóricas y metodológicas del Foro Valparaíso, las enormes limitaciones de la ONU y, específicamente, del Consejo de Seguridad, no pueden entenderse si no se sitúan en una perspectiva histórica de larga duración.
Para comprender lo que está ocurriendo actualmente con el papel de la ONU en el conflicto Rusia-Ucrania, debemos retrotraernos a la primera mitad del siglo XX. Con el término de la Primera Guerra Mundial en 1918, la comunidad internacional consideró vital la construcción de un nuevo orden que permitiera poner fin a los conflictos bélicos. Es así como se creó la Sociedad de Naciones, cuya finalidad era garantizar la paz del sistema internacional. Pero en su mismo origen adolecía de enormes defectos para asegurar su existencia: Estados Unidos se negó a formar parte, la Unión Soviética había sido excluida de la Sociedad, y además no existían distinciones entre naciones pequeñas y grandes potencias en lo referido al derecho a voto.
Su incapacidad para sancionar a las potencias que amenazaban la paz –invasión de Abisinia por Italia, ocupación de la Renania por la Alemania nazi y la Guerra sino-japonesa– terminaron por hacer de la Sociedad de Naciones una institución irrelevante, como pronto lo demostró el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Al término de la guerra, las potencias aliadas coincidieron en la idea de crear una nueva institucionalidad supranacional que garantizara la paz. En la conferencia de San Francisco (1945), representantes de cincuenta países redactaron la Carta de la ONU, en la cual establecieron como propósitos y principios la mantención de la paz y la seguridad internacional, la supresión de los actos de agresión y la resolución de las controversias internacionales por medios pacíficos, destacando la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. Para garantizar estos principios, se estableció un Consejo de Seguridad, cuya misión consistiría en salvaguardar la paz mundial a través de resoluciones de carácter vinculante para todos los Estados miembros.
El órgano más importante de la ONU es el Consejo de Seguridad, ya que, de acuerdo con la Carta de la ONU, es el único que puede obligar a los Estados miembros a cumplir sus resoluciones. El Consejo está conformado por quince Estados –cinco permanentes y diez no permanentes- y cada uno de ellos posee un voto. Los miembros permanentes cuentan con una prerrogativa, que comúnmente ha sido definida como “veto”. El artículo 27 de la Carta de la ONU establece que las decisiones que tome el Consejo de Seguridad se aprobarán si cuentan con el voto afirmativo de nueve miembros. Pero también indica que “las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes”. Por lo tanto, de no haber consenso entre los miembros permanentes, las decisiones no se aprobarán.
Lo anterior ha llevado a que este derecho a veto haya sido sido utilizado de forma arbitraria por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos y Rusia -y anteriormente la Unión Soviética-, han recurrido sistemáticamente al veto para bloquearse mutuamente en la arena internacional. Por ejemplo, solo durante mayo de 2014 ambos países ejercieron este derecho 273 veces –83 Estados Unidos y 130 Rusia–.
A lo largo de la historia de la ONU han existido propuestas de reforma del Consejo de Seguridad. Entre ellas es necesario destacar: a) la eliminación del derecho a veto b) no permitir su aplicación en los casos de genocidio o crímenes de guerra, y c) la ampliación de los miembros permanentes y no permanentes. En ninguno de estos casos se logró el acuerdo necesario para su aprobación.
Con respecto a la ampliación de los miembros, el presidente Barack Obama se mostró partidario de incorporar a India -la mayor democracia del mundo, con más de mil millones de habitantes- como miembro permanente del Consejo de Seguridad, coincidiendo en este propósito con el presidente ruso Vladimir Putin. Anteriormente, en 2005, Alemania, Japón, India y Brasil (G–4) formularon una propuesta de ampliación del número de miembros permanentes y no permanentes sectorizados por continentes, aspirando a ocupar los puestos de miembros permanentes también. Esta propuesta también contemplaba conceder la membresía permanente al menos a dos naciones africanas. Sin embargo, el presidente estadounidense George Bush anunció su rechazo a esta iniciativa. En el mismo sentido se pronunció el embajador chino ante la ONU, Wang Guangya, quien señaló que la iniciativa del G–4 a juicio de su país era peligrosa ya que podría dividir a la ONU. Como integrante del G–4, Alemania ha insistido en la necesidad de que el Consejo de Seguridad refleje en su composición la distribución de poder real en el mundo. La solicitud de Alemania cobra mucho sentido si se considera que aporta junto a Japón el 28% del presupuesto de la ONU. A principios de septiembre de 2015 el G–4 redactó un texto para iniciar la reforma del Consejo en la Asamblea General de la ONU, pero finalmente China, Estados Unidos y Rusia se negaron a suscribir la iniciativa.
Además, los artículos 108 y 109 de la Carta de la ONU establecen que cualquier reforma de la misma Carta, y por extensión, del Consejo de Seguridad, debe ser aprobada por las dos terceras partes de los Estados miembros de la ONU, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, de no mediar un acuerdo político entre Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, es imposible pensar en llevar a cabo la mencionada reforma.
En nuestra próxima columna nos referiremos a algunas de las propuestas más recientes que podrían abrir la puerta para repensar el papel de la ONU en la mantención de la paz.
