Opinión
Mientras continúen existiendo las instituciones nacionales del pasado con sus lógicas exclusivamente meritocráticas, el centralismo seguirá siendo alimentado y la concentración del conocimiento estratégico continuará obstaculizando la autonomía regional y el desarrollo endógeno de sus territorios.
Voy a decirlo sin rodeos ni bemoles. La autonomía regional no existirá si no se fortalecen las capacidades regionales de gestión del conocimiento en Chile, lo que no ocurrirá dependiendo del actual sistema de programas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El desarrollo más endógeno de sus regiones y el despertar de sus economías ocultas o desaprovechadas no es posible sin la existencia de sólidas instituciones de esta índole radicadas establemente en el territorio. Tampoco es posible pensar una gobernanza fructífera entre actores del desarrollo que no tenga por base evidencias científicas actualizadas permanentemente sobre el entorno regional y sus desafíos.
La experiencia internacional muestra que para ello es indispensable disponer de instituciones regionales de financiamiento de la innovación estratégica, científica y tecnológica (no un escuálido programa como FIC-R), que esté sustentado en ley y posea garantías de su uso en esa función, no dependiendo de las preferencias populistas de los gobernadores de turno que, no pocas veces, condicionan el futuro colectivo regional a sus intereses electorales.
Un ejemplo cercano es Brasil, donde, a partir del retorno a la democracia hace más de tres décadas, todos sus estados han creado instituciones de financiamiento de la gestión del conocimiento regional para hacer más pertinente su aporte al desarrollo territorial y evitar su dependencia de los avatares de la política nacional (como sucede lamentablemente hoy con el desfinanciamiento de la ciencia y tecnología por el gobierno federal).
En el caso particular del Estado de Ceará, situado en el Nordeste, una de las regiones de mayor pobreza de América Latina, ello ha permitido avances significativos en la relación del gobierno con las universidades, produciendo políticas públicas basadas en evidencias que han traído mejorías sensibles en la eficiencia del gobierno. Así, el Banco Mundial destaca recientemente el espectacular resultado de sus políticas educacionales que lo han llevado desde ser uno de los peores en enseñanza básica y media hace una década a ser hoy los mejores de Brasil. Otro tanto sucede en los ámbitos de salud, seguridad ciudadana y finanzas públicas.
Chile vive un momento de grandes cambios institucionales y las intenciones del nuevo gobierno, constituyentes, parlamentarios y opinión pública albergan la esperanza de un nuevo y favorable marco jurídico administrativo y de recursos públicos para las regiones. Sin embargo, la sentencia del destacado historiador económico chileno Claudio Véliz es digna de ser escuchada en los actuales momentos refundacionales de nuestro país:
En la raíz del fracaso de todos los experimentos para modernizar y desarrollar América Latina está el error de considerar que estos países son una tabula rasa donde se puede iniciar desde cero la historia. No es así́: son sociedades que han desarrollado un sistema propio y antiguo, poderoso, que costará mucho reemplazar…
En efecto, el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, alertó hace tres décadas que:
El centralismo …civil o militar, siempre burocrático y legalístico, generado por un Estado ávido y ubicuo, cuyos tentáculos se deslizan en todos los dominios de la vida social, pero que, al mismo tiempo, suele ser tan flexible y plegadizo como para parecer invisible…
Alexis de Tocqueville, ya lo había advertido a mediados del siglo XIX :
Una vez que la centralización administrativa se ha prolongado durante un tiempo, el mismo poder que la fundó, si fuera más tarde a querer destruirla, siempre será incapaz de hacerlo… La centralización administrativa asume una habilidosa organización de la autoridad; ella forma una complicada máquina en la que todos los engranajes se acoplan entre sí y se prestan apoyo mutuo.
En efecto, cuando en el Chile de comienzos del siglo XXI ha emergido un modelo mental del desarrollo que percibe el centralismo como un obstáculo para alcanzarlo, son innúmeras sus manifestaciones que persisten en nuestra vida social, económica, política y cultural.
De ahí la difícil tarea de adecuar nuestras instituciones a las nuevas ideas de del desarrollo y, en particular, de diseñar nuevas políticas públicas y programas gubernamentales de acuerdo con nuevos principios y prácticas sociales.
La ideología neoliberal fue un componente clave del proyecto político de Pinochet, que se transmitió no sólo usando los medios de comunicación sino instalando sus valores en toda la vida social, y, por cierto, impregnando las políticas públicas y sus prácticas. Esta herencia de los llamados Chicago Boys, habría arrojado sus frutos hacia fines de la dictadura, como muestran las investigadoras del CEP Hinzpeter y Lehman a través del análisis de sus estudios de opinión pública: En 1990, los chilenos piensan que la pobreza es un comportamiento individual y que se es pobre por “flojera o falta de iniciativa” (48%), “falta de educación” (38%) y “vicios, como el alcoholismo” (35%).
Más aún, en este Estudio (La Voz de los Pobres) se sostenía que los pobres preferían el crecimiento económico frente a la igualdad de oportunidades.
Tres décadas después, con un elevado crecimiento económico y una baja movilidad social, la percepción y preocupaciones de los chilenos han cambiado notablemente. La Encuesta Bicentenario muestra como en 2021 sólo un 16% de los chilenos cree que un pobre tiene probabilidades de salir de la pobreza, y sólo un 7% cree que los trabajadores pueden llegar a obtener una jubilación digna.
La promesa meritocrática, como ha sostenido el Presidente Boric, no se ha concretado y las instituciones que regulan y orientan nuestra sociedad han caído en generalizado descrédito, como muestran el mismo CEP, Latinobarómetro y la Encuesta Bicentenario.
Quizás el coto más sagrado de la tiranía de la meritocracia en Chile sea el referido al conocimiento. Todo nuestro sistema universitario y su sistema de incentivos asume que los actores del sistema son recompensados en forma justa, según sus capacidades y … méritos. Y para ellos hemos montado una enorme parafernalia que mide quién es capaz y quién no.
Sin embargo, durante décadas hemos visto cómo un sistema de fomento a la ciencia y tecnología que dice buscar (en el discurso) la eficiencia micro, genera (en la realidad) ineficiencia macro. Porque el resultado histórico concentrador y endogámico del actual sistema nacional de ciencia y tecnología resulta hoy socialmente inaceptable y un obstáculo al desarrollo nacional.
[cita tipo=»destaque»]Ciertamente en el actual escenario de la descentralización y con una opinión pública favorable a las mayores autonomías regionales, se espera que el nuevo gobierno emprenderá programas destinados a fortalecer las capacidades regionales de ciencia y tecnología en las regiones más deficitarias (cumpliendo así su Programa de Gobierno).[/cita]
Ello se debe a que esa ideología meritocrática subsiste aún en el diseño y ejecución de los programas públicos de ciencia y tecnología vía Concurso que implícitamente asumen que los competidores poseen igualdad de condiciones para postular y no se preocupan de diseñar programas basales dirigidos a generar esa capacidad inicial. Si regiones como Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Los Ríos, Los Lagos, Aysén o Magallanes no obtienen buenos resultados en dichos concursos no sería problema del diseño o la orientación nacional sino de su propia falta de condiciones para emprender esos proyectos.
En Chile es imperioso y urgente enfrentar la ideología de la meritocracia que justifica y legitima y naturaliza un orden social de elevada desigualdad social, territorial y de género, al decir de Michael J. Sandel. Como el destacado filósofo de Harvard aclara, no se trata de desconocer la importancia de la selección o asignación por mérito, sino de reconocer que detrás de éste no existe sólo esfuerzo personal y que las posiciones sociales no sólo responde a aquel sino a un proceso histórico en que las instituciones sociales juegan un rol fundamental.
Es así como el sistema de investigación científica y tecnológica chileno ha establecido un sistema de incentivos que premia a las regiones que ya poseen determinadas masas críticas vía calificación de su calidad, frustrando los esfuerzos de otras en las cuales dicha inversión podría ser mucho más fructífera.
La ideología estriba en sostener que ésta es la distribución natural, óptima y justa de los recursos de la sociedad y no una decisión de política pública que debe ser evaluada.
Ciertamente en el actual escenario de la descentralización y con una opinión pública favorable a las mayores autonomías regionales, se espera que el nuevo gobierno emprenderá programas destinados a fortalecer las capacidades regionales de ciencia y tecnología en las regiones más deficitarias (cumpliendo así su Programa de Gobierno).
Pero el diablo (y el centralismo) está en los detalles y en el modelo mental de muchos formuladores de políticas públicas (por muy bien intencionados que ellos sean).
Es así como recientemente (10 de marzo) se ha realizado la Convocatoria del Concurso Anillos 2022 que declara un elevado interés por el fortalecimiento de masas críticas en ciencias sociales en las regiones de Chile para contribuir a su auto conocimiento y auto reflexión social como condición para mayor autonomía y gobernanza territorial post crisis social y pandemia. Como muestra de su clara intencionalidad descentralizadora el Concurso excluye expresamente de su postulación a las universidades metropolitanas.
Paras los entusiastas equipos de investigación de las universidades regionales las buenas noticias llegan hasta ahí. Porque las bases del Concurso tiene entre algunas de sus exigencias básicas (sin las cuales no se puede postular) la existencia previa en la región de un programa de doctorado en ciencias sociales. Un formulador del programa un poco más alerta hubiera detectado que con ello se excluye de inmediato las postulaciones de las regiones de Atacama, O’Higgins , Los Lagos, Aysén y Magallanes. O, se las obliga a asociarse con instituciones de otras regiones que posean esos doctorados y para las cuales el proyecto, en caso de resultar seleccionado, transferiría beneficios directos. ¿Alguien podría imaginar que existen incentivos para que postulen universidades de esas regiones a Anillos 2022?
Este circulo vicioso, concentrador de capacidades, no es exclusivo de ANID, sino también está presente en el sistema de asignación de proyectos de muchas instituciones gubernamentales, tales como CORFO. Los regulares llamados a concurso consagran, una y otra vez, el triunfo de los que ya están en el sistema, muchas veces sin lograr llegar donde la innovación es imprescindible, a veces lejos de las capitales regionales donde residen esos investigadores. Buscamos la llave donde hay luz, no donde se nos ha caído.
Incluso, hoy en día en medio del proceso descentralizador, asistimos al triste espectáculo de varias de las Estrategias Regionales de Desarrollo siendo realizadas por instituciones externas, las que no dejan capacidades instaladas en dichos territorios, aparte de un lindo e interesante libro.
La experiencia demuestra que dicha Estrategia (que es el principal instrumento de planificación regional) requiere desde el inicio (etapa de diseño) de una fuerza tarea institucionalizada, estable y competente para implementarla, realizar su seguimiento y evaluación.
Tal como el propio Sandel postula, la solución no es acabar con los incentivos por mérito en el sistema de investigación científica y tecnológica, sino complementar la asignación de estos recursos mediante programas públicos nacionales de fortalecimiento basal de capacidades regionales, basados en el desempeño.
Ya existe bastante experiencia internacional en esta materia y en Chile se han explorado algunos programas como los de MINEDUC para la educación superior regional (cancelado) o el propio programa ANID de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico (creado hace 20 años y que no ha conseguido irradiar en sus respectivas regiones).
Pero el mayor desafío de la descentralización es transformar a las regiones en sujetos activos de su propio desarrollo, no esperando ni dependiendo de las soluciones nacionales.
Por ello es indispensable abordar el componente crítico de este proceso que es el relativo a la gestión del conocimiento estratégico regional. Sin él, los gobernadores darán palos de ciego, como se acostumbra decir. Y ese componente debe ser financiado desde la propia región, a través de una institución especializada del gobierno regional, que forme parte de una sistema regional de gobernanza.
Mientras continúen existiendo las instituciones nacionales del pasado con sus lógicas exclusivamente meritocráticas, el centralismo seguirá siendo alimentado y la concentración del conocimiento estratégico continuará obstaculizando la autonomía regional y el desarrollo endógeno de sus territorios.
