Opinión
La tecnología y sus oportunidades de desarrollo nos han solucionado la vida en muchos aspectos cotidianos, pero también nos han enfrentado a dilemas éticos y algunos riesgos que son de preocupación global, como el uso de datos personales, o los cada vez más comunes ciberdelitos.
Pero, sin duda, una de las controversias a nivel mundial se relaciona con la expansión de las criptomonedas y su escasa regulación y supervisión —actualmente en pleno debate—, lo que deja la puerta abierta a diversos delitos y usos maliciosos que urge prevenir.
No se trata de crucificar los activos digitales y su utilización, sino de poner sobre la mesa las preocupaciones evidenciadas desde su origen, y que se vinculan con la falta de control por parte de gobiernos o entes reguladores.
Lo anterior, considerando que —según Coinmarketcap, el portal de referencia más importante para criptomonedas— el valor total de los fondos invertidos en criptodivisas en el mundo a diciembre 2021 se estima en unos 2,1 billones de dólares, monto que supera al de los 12 bancos más grandes del mundo combinados.
Según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los Activos Virtuales tienen el potencial de estimular la innovación y la eficiencia financiera, pero también crean nuevas oportunidades para estafas, actividades ilícitas, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero o activos, evasión tributaria, fraudes financieros, entre otros. Esto, porque las criptomonedas permiten realizar operaciones transfronterizas con rapidez, así como adquirir y traspasar activos digitalmente, generalmente fuera del sistema financiero regulado, lo que permite disfrazar el origen o destino del dinero, dificultando la detección de actividades sospechosas de manera oportuna.
Generalmente los hackers piden rescate a través de criptomonedas. Un ejemplo reciente fue el sucedido a la productora de yodo Atacama Minerals, que sufrió el ciberataque de sus archivos financieros por parte de hackers, quienes posteriormente solicitaron un pago en Bitcoins para desencriptar la información secuestrada.
La extraterritorialidad de las transacciones, es decir, que se pueden realizar desde cualquier parte del mundo, obstaculiza la detección de ilícitos y la aplicación de responsabilidades penales, haciendo fundamental la cooperación entre gobiernos.
Asimismo, la falta de transparencia es otro punto crítico a considerar, especialmente en las transacciones anónimas, que permiten incluso que una persona pueda tener varias cuentas y realizar transferencias entre ellas, dificultando la trazabilidad de las operaciones. En este sentido, recientemente, la Unión Europea dio un paso adelante y votó una normativa que prohíbe el anonimato en las transferencias de criptomonedas, exigiendo incluir información sobre su origen y beneficiario a las autoridades competentes.
De hecho, en el contexto de la guerra, ha crecido el uso de criptomonedas en Rusia, ya que es una forma de no perder poder adquisitivo ante las sanciones, pero también una forma de burlarlas. Además, se registró un incremento de solicitudes por parte de inversionistas rusos que buscan liquidar criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos, para resguardar sus fortunas, lo que pone en alerta al mundo occidental y la necesidad de conocer el origen y destino de las transferencias.
Es por lo expuesto, que un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitó una regulación internacional más estricta para la industria de las criptomonedas –como lo hacen algunas empresas de bitcoin—, que exija a intermediarios, como casas de cambio de moneda digital, tener estándares de verificación de identidad para prevenir delitos. Esto, porque la entidad señala que las criptomonedas son más populares en países percibidos como corruptos y con controles de capital más laxos, al contrario de países en los cuales el sector financiero tradicional está bien desarrollado.
Así como la constante es que la tecnología avance más rápido que las regulaciones, no podemos quedarnos de brazos cruzados como sucedió con las aplicaciones de taxis vía celular, que aún debaten su legalidad en Chile. Tampoco podemos desentendernos de algo que es una realidad y, por eso, es importante la autorregulación, promoviendo un comportamiento proactivo, con políticas y procedimientos adecuados para prevenir delitos asociados a monedas digitales, especialmente haciendo el due diligence a clientes y proveedores, estableciendo fuertes controles en todos los procesos donde estos se involucren.
No podemos esperar que salga la ley, son las mismas empresas que trabajan en el rubro las que deberían empezar desde ya con la autorregulación, como ya muchas lo están haciendo. Recordemos que el sector privado tiene un rol importante en prevenir el lavado de activos, y así como la industria financiera tradicional es un gran colaborador para frenar criminales, los traders también lo deberían ser. Ojalá sean las empresas las que sigan los mejores estándares, y que, la autorregulación se pueda establecer desde la industria a nivel mundial, aislando a las que se prestan para apoyar a criminales. El desafío es grande, pero el riesgo mayor.
