Opinión
Me costaría mucho creer que la primera Convención Constitucional de la historia de Chile, la primera paritaria que haya existido nunca, la misma que ha declarado que Chile es un Estado Regional, pudiera retroceder y quisiera rendirse ante los malabares emocionales, retóricos y legalistas que disfrazan al centralismo de ayer, de hoy, de siempre.
En el Pleno se cayó una norma que permitía a la primera cámara derrotar a la segunda —la de las regiones— si insistía por al menos un 57% de sus miembros. Gran noticia para los territorios. Cambia la correlación de fuerzas entre ambas ramas del poder legislativo. El diseño que el Pleno rechazó desbalanceaba el poder exageradamente en favor del centralismo y en contra de las regiones. Era la tercera y última propuesta de la Comisión. Las normas que no se aprobaron ese viernes 6 han quedado fuera del borrador del texto constitucional.
En la primera cámara —el congreso de diputadas y diputados— por representar a la población, tendrán mayor peso las grandes ciudades. Será una cámara con fuerte presencia de representantes de las grandes urbes, en especial, de Santiago. Justamente, la cámara de las regiones se crea para compensar ese desequilibrio poblacional y darle a los territorios el peso que les corresponde. Cada región tendrá en esa nueva segunda cámara el mismo número de representantes, sin importar el número de sus habitantes. No somos sólo ciudadanos en abstracto; también pertenemos a los lugares en los que se desenvuelve nuestra existencia. Los recursos de Chile no sólo están en el centro; están también, y a veces con abundancia, en las regiones.
La propuesta aprobada lista un conjunto de importantes atribuciones de la cámara de las regiones. Se trata de asuntos en los que revisa el proyecto aprobado por los diputados. La enumeración es taxativa. Por ejemplo, la cámara sí puede conocer un proyecto de ley sobre salud, pero no uno sobre el agua, la pesca, el royalty minero o la previsión social. Con todo, la lista se amplió bastante respecto de la propuesta anterior y eso es un avance.
En caso de discrepancia entre ambas camaras acerca de un proyecto de ley incluido en esa lista taxativa, primaba siempre —según la norma que se rechazó— la opinión de los diputados, si contaban para ello con al menos un 57% de los diputados presentes en la sala en ese momento. De esa manera, se instituía una fuerte desigualdad de poder en favor de los diputados y en desmedro de los representantes de las regiones.
El Pleno, al rechazar ese quórum, corrige este injustificada desigualdad entre ambas cámaras. Siguen siendo dos cámaras asimétricas —los proyectos de ley se inician en la primera y hay muchos temas que siguen vedados a las regiones— pero la asimetría ya no es una manera de encubrir una cámara de las regiones meramente decorativa. Ya no se podrá decir que la segunda cámara es una segunda camara de segunda clase. Ahora tiene diente. En caso de discrepancia, se forma una comisión mixta. La ley surgirá, entonces, del acuerdo de las mayorías de ambas cámaras. No de una sola que impone siempre su voluntad a la otra. Se ha establecido un contrapeso al poder del centralismo.
Esto forma parte de una serie de otras mejoras que se han ido introduciendo a las propuestas iniciales sobre sistema político. Me parece que, hechas las sumas y las restas, ha sido una evolución positiva.
[cita tipo=»destaque»]Estamos ante un resquicio legal burdo, lo que, en el fondo, es agraviante para los muchísimos convencionales que están haciendo su fatigoso trabajo con esfuerzo y buena fe, y para los ciudadanos quw seguimos el proceso en ese mismo espíritu.[/cita]
Pero… pero mientras escribo estas líneas me entero de que la norma rechazada ha sido agregada anoche ex profeso en una indicación de la Comisión de Justicia a propósito del Tribunal Constitucional… Es decir, se busca anular la votación del Pleno en la que se rechazó esta norma discriminatoria en contra de las regiones. Según las reglas, era la última vez que el Pleno podía votar sobre el tema. Pues ahora, a través de este resquicio legal, se intenta que vuelva a votar de nuevo una norma que ya votó y botó. El Pleno ya lo zanjó.
Lo que se plantea es que para los efectos del Tribunal Constitucional no podría constituir “conflicto de competencia” que el congreso de diputados rechace ni lo acordado por la cámara de las regiones ni lo acordado por la comisión mixta de diputados y representantes de las regiones, pues en tal caso los diputados pueden insistir “con el voto favorable de las cuatro séptimas partes de sus integrantes.” Se reestablece la desigualdad. El razonamiento es espúreo y evoca los peores momentos de la escolástica católica.
Lo primero que llama la atención es la voluntad de saltarse las reglas acordadas por los propios convencionales que se las quieren saltar. Es obvio que es un tema que forma parte de la Comisión de Sistema Político y de ninguna otra Comisión. Es obvio que esto se agrega en la hora undécima y sólo después que se rechazó la norma cuyo rechazo se intenta burlar. Si cada vez que el Pleno rechaza una norma se la puede revivir por la vía de otra Comisión, todo el funcionamiento con el que ha operado la Convención hasta hoy y aprobado sus normas, queda cuestionado. Es también obvio que la normativa sobre el Tribunal Constitucional no puede crear un quórum de insistencia —rechazado por el Pleno— para prohibir conflictos eventuales entre poderes autónomos del Estado. Si se aceptara este criterio, se podría diseñar y someter al Pleno todo un nuevo conjunto de normas constitucionales, opuestas a las ya aprobadas, so pretexto de impedir potenciales conflictos de competencia.
Todas las encuestas indican que la población está perdiendo su confianza en la Convención. Tinterilladas de esta naturaleza socavan la confianza. Creo que la ciudadanía espera de sus convencionales más llaneza y menos sofismas. Estamos ante un resquicio legal burdo, lo que, en el fondo, es agraviante para los muchísimos convencionales que están haciendo su fatigoso trabajo con esfuerzo y buena fe, y para los ciudadanos quw seguimos el proceso en ese mismo espíritu. Viniendo de quienes están redactando nuestras leyes básicas, las mismas que nos obligarán a todos, es doblemente desmoralizador.
Pero más allá de ello, esto pone al descubierto el empeño que hay en contener el poder legislativo de los representantes de las regiones, la resistencia que hay a compartir ese poder de hacer leyes con los territorios y la terquedad con que se quiere mantener el centralismo de la Constitución vigente.
Pero me costaría mucho creer que la primera Convención Constitucional de la historia de Chile, la primera paritaria que haya existido nunca, la misma que ha declarado que Chile es un Estado Regional, pudiera retroceder y quisiera rendirse ante los malabares emocionales, retóricos y legalistas que disfrazan al centralismo de ayer, de hoy, de siempre.
