Opinión
Recientemente el Gobierno dio a conocer varias medidas para enfrentar las alzas de los combustibles y de la energía eléctrica. Se anunciaron tres proyectos de ley:
Respecto de la primera, el FEPP se creó en el año 2001 a raíz del alza del precio del petróleo derivado de la llamada crisis del Golfo. Se aplicó para atenuar las variaciones de los precios de la gasolina automotriz, el petróleo diésel, el gas licuado de petróleo y el kerosene doméstico. Este fondo partió con 200 millones de dólares, los que se fueron aumentado sostenidamente en el tiempo y también reduciendo los productos que se incluyeron inicialmente, quedando solo el kerosene de uso doméstico. En este escenario el actual Gobierno ha decidido inyectar 40 millones e incluir, además del kerosene (parafina), el gas licuado de petróleo, GLP.
Con relación a continuar con el mecanismo de estabilización de las cuentas de electricidad, cabe recordar que la ley respectiva fue tramitada a raíz del estallido social para evitar las alzas que se producirían a partir del año 2020. La idea fue compensar el subsidio transitorio que se requería con las bajas que debían producirse a partir del año 2023, gracias a los nuevos contratos, suscritos en el periodo de la Presidenta Bachelet, con nuevos generadores que lograron incrementar la competencia. El mecanismo considera un sistema de crédito –Fondo de Estabilización– que es financiado por las empresas de generación, y que podía generar una deuda acumulada hasta junio 2023 o hasta que se acumule un saldo total de 1.350 millones de dólares (MMUSD). La mala noticia es que el total de 1350 millones de dólares ya se agotó y, por lo tanto, las cuentas de los clientes finales subirían, salvo que se implemente un nuevo mecanismo para evitarlo y a ello apunta la segunda medida anunciada por el Gobierno.
La tercera medida anunciada tiene su origen en un conciso informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto al mal funcionamiento de este mercado del gas. En él se recomienda la desintegración vertical del mercado de GLP y la apertura de redes de distribución de gas natural, lo que debiera resultar en aumentar la competencia y, por tanto, en una baja los precios. Del informe de la FNE se concluye que el margen de las distribuidoras de GNP ha oscilado entre el 50 y 55% del precio en los últimos años. Todo lo anterior dio origen a una iniciativa de varios alcaldes para distribuir gas desde los municipios, lo cual presenta importantes desafíos, particularmente de seguridad. En este escenario, no queda más que esperar a conocer el detalle de lo que el gobierno proponga y que ojalá avance hacia una solución regulatoria estructural tanto para el mercado del GLP como el gas natural.
Con todo, las medidas anunciadas por el gobierno son muy valorables, sin embargo, también se debe tener presente el sentido de urgencia, de modo de no llegar con ellas demasiado tarde.
