Opinión
Cuando hablamos de la comercialización de droga y/o de armas, es importante destacar que ambos delitos son considerados como la base para configurar el lavado de activos, principalmente porque este tipo de transacciones (compra y venta) se realiza en la mayoría de los casos con dinero en efectivo, debido a que los billetes no dejan un rastro fácil para dar seguimiento a su origen y, más complejo aun, determinar quién es la persona que pueda estar realizando la transacción por cocaína, marihuana o adquiriendo un revolver, permitiendo así una total impunidad.
De lo anterior entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el organismo encargado de resguardar que el sistema económico chileno no sea utilizado para que dineros provenientes de actividades ilícitas sea lavado o blanqueado en instituciones financieras y no financieras, como por ejemplo las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, agencias de aduana, usuarios de zona franca, notarías o conservadores (todos “Sujetos Obligados”), y que a su vez, por medio de ellas se esté permitiendo que dineros mal habidos retornen a la economía formal de manera aparentemente limpia?
El organismo que tiene como objetivo prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es la Unidad de Análisis Financiero o UAF, la cual fue creada por la Ley N°19.913 en el 2003 y define a un grupo importante de entidades como “Sujetos Obligados”, quienes deberán cumplir obligatoriamente con las exigencias del regulador dando íntegro cumplimiento a las circulares que se han publicado en el transcurso de los años y que, en caso contrario, los “Sujetos Obligados” se exponen a sanciones y multas, además de un gran daño reputacional para la organización y sus colaboradores.
Entre las obligaciones que establece la UAF se destaca que los “Sujetos Obligados” deberán reportar todas las operaciones que sean consideradas sospechosas, las que corresponden a todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad (económica) de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada.
De acuerdo a lo anterior, según el informe de gestión de la UAF para el 2021, el total de “Sujetos Obligados” inscritos y con al obligación de reportar a dicha entidad para el año pasado fue de 8.137 entre personas naturales y jurídicas, las que corresponde a 7.680 de las 38 actividades económicas que supervisa la UAF, y 457 a instituciones públicas. El 2021, la UAF recibió 9.738 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), esto significa, que en promedio el regulador recibió aproximadamente 38 ROS diario.
Al analizar el sector privado, observamos que el mayor número de entidades inscritas para reportar corresponde a los usuarios de zonas francas 31,3% (2.549), luego están las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria 19% (1549), los corredores de propiedades 15,9% (1290), y los notarios con un 4,8% (393).
En cuanto a la fiscalización, la UAF realizó 233 acciones de supervisión a través de monitoreo remoto. Sin embargo, observamos que del proceso de revisión a las Entidades Reportantes, éstas se distribuyen en 41 Notarios, 18 a casas de remate y martillo, 18 a compañías de seguros, 15 a corredores de propiedades, 15 a emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos u otro similar, 15 a organizaciones deportivas profesionales, y el resto se divide en otros 22 sectores. De lo anterior, llama la atención la exclusión de los usuarios de Zona Franca, siendo que ellos representan el mayor número de sujetos obligados inscritos y además que nuestro país sea considerado el 4to mayor exportador de droga.
Por otra parte, la distribución geográfica de las fiscalizaciones realizadas corresponden en su mayoría a las comunas de la Región Metropolitana (155), luego se encuentran Valparaíso (27), Atacama (8), Coquimbo (8), Antofagasta (5), Biobío (5), Los Lagos (5), Los Ríos (4), Aysén (3), O’Higgins (3), Magallanes (3) la Antártica Chilena (3), La Araucanía (2) Ñuble (2), El Maule (2), Arica (1) y, por último, Parinacota (1), quedando prácticamente excluido Iquique, quien tiene zona franca y es considerado un sector de riesgo en la internación de droga.
Por último, durante el año 2021 la UAF cerró 116 procesos sancionatorio, de los cuales 78 resultaron con amonestación escrita, 31 fueron archivados, 5 recibieron amonestación escrita y multa a beneficio fiscal y 2 fueron absueltos.
De lo anterior, y además considerando el análisis de las sanciones ejecutoriadas por la UAF, podemos concluir que si bien el regulador realiza su labor fiscalizadora, las sanciones se deben incrementar en lo económico para quienes no cumplan con la adecuada implementación de un sistema de prevención de lavado de activos y dar celeridad al proyecto que considera a las automotoras como Sujeto Obligado, debido a que es otro sector utilizado para limpiar el dinero sucio.
