En relación con la recientemente anunciada “consulta ciudadana para delinear la política de comercio exterior de Chile”, me parece que puede ser un ejercicio realmente interesante tomar el pulso de la ciudadanía (o de los stakeholders relevantes, está por verse la forma que va a tener el ejercicio) sobre un tema tan importante para el desarrollo del país. No nos olvidemos que el comercio exterior explica casi el 60% del PIB en Chile.
No sabemos detalles de esta consulta. Qué y cómo se va a preguntar, tampoco a quiénes, pero suponiendo que se sortean bien todos estos temas organizativos y se arman preguntas adecuadas para una muestra representativa de los usuarios del comercio exterior chileno, sin duda, este puedo ser un ejercicio relevante para hacer, tal como lo muestra el informe de este ejercicio en Nueva Zelandia (el Reino Unido también ha hecho ejercicios parecidos, pero con un alcance muy específico, fundamentalmente, determinar con qué países debían negociar TLCs luego de su salida de la UE).
Se debe tener presente, eso sí, que, en el caso de Nueva Zelandia, entre la consulta y la fecha de emisión del informe del “trade for all advisory board”, pasó más de 1 año (según la página web, la consulta terminó en octubre de 2018 y el informe final tiene fecha noviembre de 2019). Eso significaría, en el caso de Chile, que el informe del consejo asesor recién se tendría a la vista en noviembre del 2023, cuando solo quede más o menos la mitad de este gobierno. La pregunta que surge es: ¿va a estar la Subsecretaría de las Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Subrei) a la espera del informe del consejo asesor para fijar el rumbo que va a seguir la política comercial de este gobierno? Es complicado, porque pierde un poco el sentido de la consulta, si el gobierno ya empieza a avanzar en todas las materias sobre las cuales preguntó opinión. En el intertanto, me parece que se debería aprovechar para trabajar en “ordenar la casa”. ¿A qué me refiero? Seguir avanzando en racionalizar la atomización (y, muchas veces, duplicación de funciones) de entidades públicas que intervienen en el comercio exterior.
Entre los organismos gubernamentales que otorgan permisos para importar/exportar y los que apoyan a las empresas, en este proceso, podemos mencionar: Aduanas, SII, Agentes de Aduana, SAG, ISP, Seremi de Salud, Sernapesca, Sernatur, Subrei, Corfo, ProChile, Sercotec, etc. Dependiendo de los bienes de los que se tratan (o de si uno requiere apoyo estatal o no) a una empresa le podría tocar interactuar con casi todos los servicios mencionados. Por supuesto, cada servicio pide sus formularios, requisitos, etc. Se debe reconocer que se ha avanzado con el Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex), en tratar de ordenar estos procesos, pero se necesita avanzar mucha más celeridad.
Lamentablemente, nada de lo que he dicho es nuevo. Desde que yo trabajo en temas vinculados a la política comercial de Chile (hace más de 20 años) que se habla de la ventanilla única de comercio exterior, evitar duplicidad de autorizaciones, racionalizar los requisitos para exportar/importar, etc. Sin embargo, en esta materia nunca se avanza lo suficiente. Creo que una de las causas de este problema está en su naturaleza misma, es decir, la variedad de instituciones gubernamentales que participan en el proceso. Por muy importante que sea el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (que lo es), no está claro que tenga poder suficiente para decirle al director de aduanas o del SAG lo que tiene que hacer. Así funcionan los gobiernos (más bien, ¡así no funcionan!, pero es la dura realidad). En mi larga experiencia en el gobierno, para que las instrucciones de las autoridades tengan alguna posibilidad de ser cumplidas (sobre todo, aquellas que intentan cambiar conductas) deben venir desde el/la ministro(a) respectivo(a) o desde la Presidencia de la República y, además, deben estar sujetas a un constante seguimiento (de esas autoridades). No hay más, si no cumplen con esos requisitos, a esas ordenes se las lleva el viento.
Mientras esperamos los resultados de “la consulta ciudadana para delinear la política de comercio exterior de Chile”, sugiero que se establezca, en la Presidencia de la República (¿segundo piso, tal vez?), un(a) “champion” del comercio exterior chileno. Un(a) funcionario(a), con un pequeño equipo de asesores, que se instale en La Moneda bajo la mirada directa del Presidente (y en coordinación con la Subrei), a supervisar que las instituciones del gobierno faciliten las operaciones de comercio exterior de los usuarios, especialmente, las de las pymes. Fundamentalmente, el objetivo de este equipo sería mapear todas las instituciones que participan en los permisos para comercializar con el exterior (probablemente el Sicex ya lo tiene), racionalizar esa carga administrativa (requisitos, autorizaciones, permisos, etc.), transformarla en “pro-exportador/importador” y hacer, plenamente, operativa la ventanilla única de comercio exterior (utilización de documentos digitales, firma digital, etc.).
Me parece que si el gobierno es capaz de avanzar, decididamente, en la agenda señalada (que, como dije, no tiene nada de nuevo, pero no por eso es menos necesaria), el país va a estar en un gran pie para implementar los resultados de la consulta de política comercial teniendo su casa bien ordenada para que, especialmente, nuestras pymes, puedan aprovechar los grandes beneficios que supone el comercio exterior.