Opinión
La Convención Constitucional (CC) terminó la fase más importante de su trabajo, con la entrega del borrador de la Constitución, y se inicia quizá la etapa más trascendental de pulir el documento final que se someterá a un referéndum, pero no por ello menos álgida desde el punto de vista comunicacional. En efecto, para nadie es un misterio que ha existido un asedio constante al trabajo de las y los constituyentes, con críticas pero muchas otras sin sustento y claramente con un ánimo de manipular el discurso democrático de la Convención y distorsionar lo que allí se ha aprobado o discutido.
De esto último, varios estudios han dado cuenta de que el trabajo de la CC ha sido objeto de varios ataques de desinformación. Uno de los más recientes es la encuesta de Data Voz y la ONG Derechos Digitales, que estableció que un 58% de las personas encuestadas ha recibido noticias falsas del proceso constituyente, mientras que la Plataforma Telar aseguró que en abril se produjo el peak de la desinformación, en base a la cantidad de noticias falsas emitidas, en especial por redes sociales.
Por parte de nuestra Fundación Multitudes, en estos momentos estamos cerrando un estudio enfocado a las y los constituyentes, con relación a cómo la desinformación los ha afectado, y una gran mayoría, sobre todo mujeres, responde no sólo afirmativamente, sino que también ellos aseguran que se han sentido víctimas individualmente de estos ataques.
En este punto, la pregunta es quién o quiénes están detrás de estas agresiones informativas, y ahí entra en juego la mera especulación: grupos de poder que quieren mantener el status quo, movimientos políticos o sociales que promueven ideas maximalistas acerca del resultado del proceso, o simplemente ciudadanos de a pie que les parece entretenido hacer daño desde el anonimato, sin medir las consecuencias que sus actos provocan.
No obstante, donde sí podemos tener cierta coincidencia es que este tipo de hechos causan un daño a la democracia, porque se van minando las confianzas a una institucionalidad que ya está debilitada desde hace mucho tiempo, producto de un Estado y un sistema político que no siempre funcionan correctamente, debido a que no han sido capaces de generar los resguardos suficientes para garantizar probidad y transparencia en su quehacer.
Por eso, cuando todos debemos ser garantes de cuidar la fragilidad del sistema democrático, hechos como el realizado por el senador Felipe Kast, que sube a sus redes un video antiguo y descontextualizado de Nicolás Maduro, son una señal de alerta, un red flag demasiado relevante para dejarlo pasar. En efecto, uno espera de nuestros representantes en el Parlamento un poco más de seriedad y respeto por este proceso histórico, sin que ello implique silencio a su postura frente a la CC, pero lo que no es deseable es que se presten para esta suerte de ataque artero al que ya hacíamos mención.
El mismo estudio de Data voz y Derechos Digitales asegura que más de un 40% de quienes reciben noticias —de cualquier índole— de la Convención, las divulga entre sus redes sociales. Es decir, cuatro de cada diez personas, sin saber el origen o veracidad de la información, está dispuesta a reproducir en sus propias cuentas un video, una noticia o un meme relacionado con el proceso constituyente, amplificando hasta un número inestimable los contenidos de dicho material digital.
Si bien Kast finalmente borró el video y pidió disculpas por su error, el daño ya está hecho. Y si a eso le sumamos la cantidad de cuentas falsas o bots, sobre todo en Twitter, que difundieron ese registro audiovisual, más de alguno de los receptores se terminó de convencer que detrás del trabajo constituyente está la mano de un régimen fuertemente cuestionado en América Latina. Cualquier desmentido ulterior sólo genera más escepticismo de quienes necesitan argumentos para no respaldar a la CC.
No cabe duda de que este hecho no será el último, lamentablemente, pues hay una alta posibilidad que en los próximos días seamos testigos —y también víctimas— de otras desinformaciones de esta naturaleza. Y eso obliga a todos quienes se han estado informando del proceso a ser responsables, a verificar el origen de la información y sobre todo a contrastarla. Es un ejercicio que puede ser tedioso, pero que en definitiva ayuda a proteger la democracia que tanto nos ha costado fortalecer en las últimas décadas. Porque pedir perdón es fácil frente a un error, pero a veces las secuelas de éste no se verán hoy, sino que el próximo 4 de septiembre.
