Opinión
El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, lleva 11 años en el Congreso sin poder ser aprobado. La protección de la biodiversidad del país es una tarea urgente, pues Chile y el mundo enfrentan un escenario de pérdida masiva de biodiversidad y de crisis climática, donde 50% de nuestros ecosistemas y 62% de nuestras especies están amenazadas.
El proyecto fue aprobado por el Senado y luego pasó a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde fue mejorado sustancialmente. Actualmente se discute en la Comisión de Agricultura de la Cámara.
El proyecto crea nuevos instrumentos para conservar la biodiversidad, establece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que resuelve el vacío regulatorio y la dispersión en su gestión, reconoce los derechos de los pueblos indígenas y crea Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas, incorpora la gestión dentro y fuera de las áreas protegidas, no permite actividades industriales en su interior, aborda el control de las especies exóticas invasoras, crea regulaciones para la conservación de humedales, la restauración de ecosistemas amenazados y degradados, aborda el manejo de las áreas protegidas privadas, el uso sostenible de la biodiversidad y certificación de buenas prácticas, establece un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad y sanciones para su destrucción, entre otros.
Lamentablemente el proyecto ha tenido la oposición de varios sectores con campañas de desinformación, lo que ha demorado su tramitación. Entre los mitos recientes que se han presentado para detener su tramitación, es que el proyecto entregará recursos a parques privados que incentivan el negocio de nuestras riquezas naturales y que podría darse que el Parque Tantauco del ex Presidente Piñera reciba recursos estatales.
Cabe aclarar que la mayor parte de las áreas privadas protegidas son administradas por sus propietarios con su propio financiamiento, la mitad no posee plan de manejo, solo se dejan sin un uso extractivo y la vasta mayoría pertenece a pequeños y medianos propietarios. Estas áreas conservan ecosistemas no representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), se sitúan en sitios prioritarios para la conservación, aportan conectividad entre áreas del SNASPE, complementan la protección del sistema público y proveen importantes servicios ecosistémicos. Como mandata la Ley de Bases del Medio Ambiente, SBAP tendrá instrumentos para apoyar estas áreas.
Además se ha dicho que el Servicio de Biodiversidad no cuenta con recursos suficientes para asegurar la estabilidad y buenas condiciones laborales para los trabajadores de la Conaf. Es importante notar que el presupuesto para áreas protegidas ha sido históricamente bajo en Conaf y la creación del SBAP es justamente una oportunidad para que se pueda empezar a mejorar la institucionalidad y los recursos públicos para la conservación terrestre y marina. Sin ley se hace imposible mejorar este financiamiento y gestionar recursos adicionales. Para ello, el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en una nueva propuesta de mayores recursos para este servicio.
Finalmente se ha dicho que este proyecto de ley promueve negocios basados en la biodiversidad y la privatización en los Parques Nacionales. Nada más alejado de la verdad. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara aprobó 10 artículos para cerrar las áreas protegidas a actividades industriales en su interior (Artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79, 92 y 93), lo que es un hito histórico y restringió las concesiones solo para turismo de baja escala, actividades educativas y científicas. En otras palabras, dentro de nuestras áreas protegidas ya no se permitirán concesiones acuícolas, hidroeléctricas, mineras, etc., como ocurre hoy, como consta en los Arts. 69, 80d, 92 y 93 del proyecto de ley.
El proyecto tampoco permite que se privaticen las áreas protegidas, los Arts. 5, 67, 69 y 144 señalan que la administración de las áreas protegidas corresponderá solamente al SBAP, por lo que esta facultad no se puede delegar a ningún privado.
Por este motivo podemos asegurar, en pleno conocimiento y después de 11 años de seguimiento del proyecto de ley en el Congreso, que nuestro patrimonio natural esta seguro con esta ley y por eso cuenta con amplio apoyo ciudadano, como investigadores, centros científicos, guardaparques, numerosas ONGs dedicadas a la conservación de la biodiversidad, parlamentarios y la campaña ciudadana #YoQuieroSBAP de la Sociedad de Ecología de Chile, entre otros. Asimismo, el Presidente Gabriel Boric ha incluido en su programa la aprobación del Proyecto de Ley de Biodiversidad.
