Opinión
Este 2022 el Día del Patrimonio Cultural se pluraliza y pasa a llamarse el Día de Los Patrimonios, gesto no menor ni antojadizo, puesto que se reconoce la diferencia como parte sustancial de la vida cultural del país. Este reconocimiento de la diversidad de culturas y pueblos que componen nuestros paisajes y territorios es importante considerando el momento político que atravesamos, sobre todo luego de un estallido social donde el patrimonio y sus usos fueron cuestionados en tanto mecanismos que han sustentado exclusiones históricas y procesos de asimilación y homogenización.
Desde esa perspectiva, creemos necesario hacer referencia, desde un punto de vista analítico, a la idea de considerar los procesos de patrimonialización como fenómenos políticos. Esto se hace latente en el actual escenario de reorganización de lo común, al alero del proceso constituyente, que busca dejar atrás el modelo impuesto de Estado-Nación monocultural del siglo XIX y abrir cauces al reconocimiento de la diferencia a partir de la consagración de derechos políticos y culturales. Esta reorganización de nuestra comunidad política nos impulsa también a repensar las formas y paradigmas en que se ha desarrollado la institucionalidad del patrimonio en Chile y su accionar, los que han sido construidos por décadas bajo principios que han privilegiado lo material sobre lo inmaterial, los saberes expertos por sobre los populares y ha fomentado la despolitización de prácticas de significación y de memoria.
Claro, han existido transformaciones durante estos últimos años alentadas por las mismas comunidades, los trabajadores y las trabajadoras del patrimonio, y los impulsos de la agenda internacional en torno a estos temas. Ahora bien, como sabemos, la respuesta estatal en general ha sido insuficiente, tanto por la falta de recursos como por el profundo arraigo de visiones monoculturales, sin enfoque de derechos ni de voluntad real de democratizar la institucionalidad.
Por eso es importante que este año hablemos del Día de los Patrimonios, dado que traza un camino para la actual gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por tanto, no se trata tan solo de una cuestión nominal, meramente simbólica, sino de un diagnóstico que permite, primero, entablar un diálogo con el proceso de transformación política que habitamos, y por otro, generar un reconocimiento a años de reflexiones y disputas de miles de organizaciones, comunidades y pueblos que han buscado incidir en la institucionalidad cultural.
Precisamente, este cambio en el lenguaje es parte de una batería de enfoques que buscan impactar en el accionar institucional a través de la incorporación de una democracia cultural como plataforma para el ejercicio pleno de los derechos culturales, todo esto desde una perspectiva feminista, situada en los territorios y a partir de una convivencia intercultural. Estas definiciones, que son centrales en la actual administración, debieran permear todo el quehacer institucional y sus bases técnico-políticas.
Por ahora, ya se avizora el desenvolvimiento de este enfoque desde lo comunicacional, además del anuncio de procesos participativos amplios que esperamos se implementen para la elaboración de una nueva Ley de Patrimonio. También, ya se ha dado a conocer la elaboración una política de Sitios de Memoria y un fuerte compromiso con la memoria en tanto medio para la reparación y no repetición. Por último, iniciativas como la creación de Puntos de Cultura, entre otras, buscan hacer de las manifestaciones artísticas y de los distintos repertorios de la memoria cultural un espacio espejo, de encuentro y sinergias.
De esta manera, pluralizar el Día de los Patrimonios es un importante salto en el anhelado camino por pensar la política cultural de nuestro país de modos más democráticos, interculturales y con enfoque de derechos humanos.
