Opinión
Es verdad que las decisiones finales son personales y es en el fuero interno que cada uno debe responder el 4 de septiembre, sin embargo, la defensa de proyectos como el de la UCM y de todas las universidades del G9 es un imperativo ahora y lo seguirá siendo en los tiempos posplebiscito de salida, ya que algunos han estimado que estos proyectos de décadas para Chile no merecían estar reconocidos a nivel constitucional como siempre lo fueron.
Este jueves 26 de mayo y gracias a una iniciativa del Consejo de Presidentes de Estudiantes UCM de la sede de Talca, tuvimos un encuentro sobre el borrador de la nueva Constitución junto a la presidenta de la Convención, Dra. María Elisa Quinteros, y académicos de nuestra institución. En este encuentro, pudimos escuchar de parte de la presidenta, elementos destacables de la propuesta con algunas comparaciones con la actual Carta Magna.
Es claro que un tiempo acotado, como el que se tuvo, no alcanzó para profundizar o para establecer los aspectos críticos o de tensión de la propuesta, pero fue un ejercicio ciudadano, y en este caso universitario, que deberemos seguir haciendo. Sin embargo, sí alcanzó el tiempo para manifestar que existe una preocupación transversal en la comunidad universitaria a través de los discursos de los propios académicos presentes en las exposiciones, como también de nuestros estudiantes que hicieron preguntas sobre los artículos de educación en la propuesta y sus basamentos.
En ello, la pregunta sobre la existencia, sobre el reconocimiento o el financiamiento de nuestra propia institución, dan cuenta de esa gran preocupación. El riesgo sobre nuestra institución y sobre todas las que integran el G9 es una realidad, más allá de la ponderación que cada uno haga sobre el conjunto del texto o sobre otras dimensiones del mismo, al momento de discernir sobre su opción en el plebiscito de salida.
Lo que queda claro en esta propuesta de Constitución es la centralidad de lo estatal completamente, ya que incluso las instituciones que eventualmente sean reconocidas (como si hoy no lo fuéramos) por medio de leyes a construir, ya establece este mismo borrador que deberán estar sujetas a los criterios que el sistema de educación defina, teniendo ese sistema como único referente para ello lo estatal.
En otras palabras, la diversidad de proyectos o la provisión mixta que ha caracterizado siempre al sistema, desde antes del año 80 del pasado siglo (año en que comienza el desprestigio por un crecimiento sin límites y sin restricciones), se elimina y establece como único referente válido lo estatal. Esto supera con creces el buscar potenciar, incluso fortalecer la educación estatal, lo que es legítimo y urgente, ya que lo que hace es eliminar, opacar, desconocer, ignorar y discriminar a quienes, como la Universidad Católica del Maule, han aportado al territorio, las políticas públicas, a la movilidad social en las regiones y en el país desde sus inicios y que ha sido reconocido transversalmente en la historia de Chile.
Es verdad que las decisiones finales son personales y es en el fuero interno que cada uno debe responder el 4 de septiembre, sin embargo, la defensa de proyectos como el de la UCM y de todas las universidades del G9 es un imperativo ahora y lo seguirá siendo en los tiempos posplebiscito de salida, ya que algunos han estimado que estos proyectos de décadas para Chile no merecían estar reconocidos a nivel constitucional como siempre lo fueron.
