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¿Apruebo o Rechazo? Opinión

¿Apruebo o Rechazo?

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Mario Waissbluth
Por : Mario Waissbluth Ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctorado en ingeniería de la Universidad de Wisconsin, fundador y miembro del Consejo Consultivo del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile y profesor del mismo Departamento.
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Como respuesta a la más grave crisis política y social de las últimas décadas, todos los partidos políticos (menos el PC) pusieron en marcha el 15 de noviembre de 2019 el proceso de redacción de una nueva Constitución, en la esperanza de que fuera un importante instrumento de unión de todos los chilenos bajo un mismo techo, con reglas democráticas claras e inclusivas. Su nombre fue, precisamente, Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Habiendo leído con detención los 499 artículos aprobados en el Pleno de la Convención Constitucional, he llegado a creer que este difícilmente será el techo que nos una, sea cual sea el trabajo remanente de las comisiones de Armonización, Transitorias y de Preámbulo. Por el contrario, se ha visto una porfiada tendencia a profundizar las divisiones y a crear nuevos conflictos, por parte de los sectores más radicalizados que en los hechos controlan esta Convención.

Buscaron aplicar las mismas reglas de Jaime Guzmán, un cerrojo de 2/3 que impida al Congreso modificar la Constitución en los próximos 4 años. Ese intento felizmente fracasó, pero demuestra la insistencia radical de muchos convencionales. No será un Acuerdo por la Paz Social, sino un acuerdo partisano, que podría traer todavía más división al país, peor aun si se aprueba o rechaza por escaso margen en el Plebiscito. Sea este 47/53 o 53/47, la mitad de Chile quedará disconforme. Este borrador constitucional tiene, por cierto, una amplia mayoría de elementos positivos y rescatables, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, y tiene el mérito de poner en la palestra la descentralización y los pueblos originarios, pero contiene varios elementos que, por separado, son muy problemáticos, y que en conjunto pueden detonar un proceso de crisis política, económica, social y de violencia que supere con creces a la que motivó este acuerdo constitucional. Estos elementos son los siguientes:

  1. Plurinacionalidad desigual y extremista. Desde un inicio, quienes en la centroizquierda aprobamos este proceso estábamos convencidos de la necesidad de darle un reconocimiento formal a los pueblos originarios, cuestión a la que los partidos de derecha siempre se habían negado. Sin embargo, esta Constitución consagra desigualdades profundas, con escaños reservados en todos los niveles de gobierno, y autonomías territoriales excesivas, con autogobierno, con sistemas jurídicos propios, con un poder omnímodo dentro de sus territorios, lo que generará situaciones muy similares a las que hoy vemos en Temucuicui, desintegrando Chile en muchas islas de conflicto. ¿Qué pasará con las personas que viven en esos territorios y no se autoidentifican como de pueblos originarios? Esa indefensión parece inaceptable. Queríamos superar esa desigualdad, no profundizarla. Las obligadas expropiaciones que se proponen en el texto, cubrirán en los hechos miles de hectáreas en la Macrozona Sur. Se les definen escaños reservados en todos los cuerpos nacionales, regionales y comunales, con lo cual el principio de “un chileno, un voto» queda vulnerado. Reparar los daños del pasado no puede ser a costa de dañar a las personas del presente.
  2. Descentralización desintegradora y extremista. Del mismo modo, sigo convencido de la necesidad de descentralizar el país. Pero al definir regiones, comunas y territorios con total autonomía política, administrativa, económica y financiera, se desorganizará completamente la actuación del Estado, incluso en la prestación de servicios que se están definiendo como derechos sociales en el mismo texto constitucional. He estudiado y publicado sobre este tema por 20 años, y concluyo que los ciudadanos de regiones estarán peor, no mejor, con esta propuesta. Un país, para avanzar, necesita coordinación, y esta propuesta implica una gran descoordinación del Poder Ejecutivo. Hubiera bastado con imitar a la Constitución española, bien regional por cierto, definiendo en un artículo las 30 o 40 potestades que son del Poder Ejecutivo a todo evento para resolverlo pero… el extremismo es extremista.
  3. Debilitamiento y vulnerabilidad del Poder Judicial. Al definirse un Consejo Nacional de Justicia con minoría de jueces, con potestad para contratar, despedir y reorganizar el sistema judicial, este será muy vulnerable políticamente, eso sin contar con la existencia de Poderes Judiciales paralelos por cada pueblo originario. La de por sí abusada figura de la Acusación Constitucional ahora se extenderá también a jueces, militares, y gobernadores, y podrá aprobarse por simple mayoría de los asistentes en el Congreso. Esto es, por decir lo menos, insólito. Bastará un dictamen judicial que no les guste a algunos diputados para desencadenar la acusación. Por otro lado, si se aprueba el transitorio correspondiente, el retiro adelantado de jueces y fiscales mayores de 70 años producirá en lo inmediato la virtual parálisis de muchos tribunales y procesos penales. Por último, la nueva figura de tutela de derechos en lugar del amparo, generará decenas de miles de litigios de ciudadanos contra el Estado, generándose desigualdades entre ciudadanos litigantes y no litigantes, y debilitando severamente la acción del Gobierno en materia de políticas públicas. Como ejemplo, si la lista de espera de salud (que hoy está en dos años para algunas patologías) no se acorta de inmediato, habrá decenas de miles de juicios de tutela solo por ese tema. No habrá Gobierno ni dinero que lo pueda resolver en menos de una década. Si las aguas de Antofagasta traen trazas de arsénico (está en las arcillas de toda la región) lo mismo pasará.
  4. Facilitación de la violencia. En esto, los convencionales extremistas actuaron por omisión, eliminando del texto figuras imprescindibles como el Estado de Emergencia, mismo que el propio Presidente Boric ha debido decretar recientemente, y eliminando además el crucial rol de las Fuerzas Armadas para asistir a la ciudadanía en caso de emergencias civiles, como por ejemplo terremotos.
  5. Inestabilidad política y legislativa, derivada de las normas del sistema político. Por ejemplo, el texto pone fin a los quórums normalmente utilizados para temas relevantes. Así, muchas leyes podrán aprobarse por mayoría simple de los diputados presentes en la Sala, ni siquiera de la totalidad de los diputados. Como ejemplo aberrante, podría eliminarse la independencia del Poder Judicial, la Contraloría o el Banco Central por esta simple mayoría. Para el mismo propósito, estos sectores extremistas han acordado la desaparición del Senado como contrapeso esencial, bajo el absurdo argumento de que en una ocasión aprobó la Ley de Pesca (la cual también apoyaron los diputados). Las personas demandaban más control a los políticos, esta Constitución hace todo lo contrario. Les entrega a los futuros diputados control sobre muchos organismos del Estado, habrá un espectáculo permanente de múltiples acusaciones constitucionales, tendremos todo tipo de leyes absurdas que serán aprobadas y posteriormente rechazadas por otra mayoría simple en breves plazos. La abuela Jiles estaría en su salsa. Seremos un país más inestable, con diputados con mucho más poder y mucho menos control. Para remate, aquello que era indispensable definir constitucionalmente, como por ejemplo una mejor ley electoral y de partidos políticos, fue omitido. La esencia misma de una Constitución.
  6. Deterioro económico y del empleo. Se generará decrecimiento por la incerteza jurídica que involucra la nueva Constitución. Esto ocurrirá como fruto de diversas normas que implican mucho riesgo a la inversión y al derecho de propiedad. ¿Por qué alguien, chileno o extranjero, querría invertir en uno de los países más alejados del mundo, con un mercado pequeño y sin normas claras? Así, conceptos como expropiación “a precio justo”, la “incomerciabilidad” de los derechos de agua, el derecho a huelga por cualquier motivo no relacionado con la empresa, o la exigencia de autorizaciones previas de pueblos originarios para toda actividad en territorios que afecten sus derechos, ocasionarán un inevitable deterioro al patrimonio, no solo de las grandes empresas, sino también de cientos de miles de agricultores y pequeños empresarios mineros. Al paralizarse las inversiones, habrá mayor desempleo y menor recaudación fiscal, tan necesaria precisamente para satisfacer los derechos sociales. Por esta razón, las afirmaciones de que los ciudadanos tendrán mejor acceso a prestaciones sociales son simplemente falsas. Será una Constitución de derechos, como se presume, puramente en el papel.
  7. El “efecto Transantiago”. Cuando se puso en marcha este sistema de transporte, se concatenaron y fallaron simultáneamente muchos elementos, lo que ocasionó una crisis que se prolongó por muchos años, perjudicando a millones de ciudadanos de escasos recursos. Con los seis elementos arriba mencionados ocurrirá lo mismo. La descentralización extrema se concatenará con la plurinacionalidad, y ambas con los problemas económicos y la inestabilidad política, y así sucesivamente, en un círculo vicioso de mayor inestabilidad y violencia. No exagero entonces al decir que se puede ocasionar una crisis de imprevisibles magnitudes, un verdadero Transantiago Constitucional. 

Es falso también que, si se aprueba el Rechazo, volvemos a la Constitución de Pinochet. Es una consigna demasiado barata, pues es sabido que de ella solo quedan retazos menores, después de más de 200 reformas. En caso de Rechazo, el Congreso, que es el poder constituyente originario, y que no ha perdido esta potestad, podría comenzar desde el mismo 5 de septiembre un proceso que termine, en plazos razonablemente breves, y por el método que estimen conveniente (incluyendo, por ejemplo, la consulta a expertos), la elaboración de un acuerdo que recoja los aportes positivos del texto constitucional, que son muchos, pero que corrija los profundos y dañinos vicios arriba mencionados y que nos dé una casa de todos y para todos. En cambio, en el caso de Apruebo, al Congreso le será muy difícil realizar modificaciones mayores para corregir los vicios arriba mencionados, y si dependiera de Atria o Barraza, le será virtualmente imposible.

Ahora, al lector le toca decidir: ¿Apruebo o Rechazo? Vaya a votar y hágalo en conciencia. Usted ya imagina cómo votaré yo. 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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