Opinión
Para comprender cabalmente la gigantesca campaña que están impulsando los sectores de la sociedad chilena que se oponen, cualesquiera que sean las razones, al cambio constitucional, es preciso distinguir entre lo principal y lo secundario. Lo principal, es que la nueva Constitución por primera vez en la historia del Chile independiente, cambiara las relaciones de poder en la sociedad. Todas las constituciones anteriores han surgido producto de guerras civiles o de dictaduras. Así, la de 1833, fue producto del triunfo de los pelucones por sobre los pipiolos en la guerra civil de 1829 y posteriormente, la de 1925, que tuvo que ser modificada en su artículo 10 para posibilitar, la reforma agraria en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, demostración fehaciente del carácter oligárquico con orientaciones autoritarias de esas constituciones. La Constitución de 1980, con todas sus modificaciones posteriores, fue fruto de la dictadura militar.
La nueva Constitución que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre, altera la política, hace que los objetivos de la sociedad, el proyecto colectivo, surja de los ciudadanos Los ciudadanos estarán realmente en el asiento conductor de la sociedad, y son ellos los que elegirán los objetivos básicos de esta.
Frente a esta realidad, los sectores conservadores que se oponen al cambio utilizan como instrumento el miedo y la mentira. Se trata de construir un relato en el cual ambas dimensiones se potencian mutuamente: se miente para generar miedo y se genera miedo para mentir.
Se pretende, por tanto, transformar el texto constitucional propuesto, en distintas y diversas amenazas para generar temor. Este temor es el que divide a la sociedad entre aquellos cuya existencia es reducida, por el miedo, a una defensa de intereses particulares, y los ciudadanos que quieren cambios para construir un nuevo modelo de sociedad más inclusiva. Se trata de atemorizar a la sociedad para demostrar su ausencia de solidez y su fragilidad. No se trata de un miedo en el sentido psicológico, es decir, una especie de emoción concreta. Se trata de un miedo más profundo que tiene un sentido ético: una participación más o menos consciente en la conciencia colectiva de un peligro permanente y omnipresente, que considera una preocupación por lo que es o podría ser amenazado.
Para alcanzar eficazmente lo anterior, se requiere de la mentira. Se trata de construir y de diseminar en la sociedad la “falsedad deliberada», en palabras de Hannah Arendt, para distinguirla del error. Podría señalarse, por lo tanto, que la definición de la mentira en este contexto tiene tres elementos fundamentales: 1) una proposición que el mentiroso sugiere como verdadera, como por ejemplo, en la propuesta constitucional, que el Estado de Chile perderá su carácter unitario; 2) un enunciado que el mentiroso tiene por falso y que sustituye a la proposición verdadera, como por ejemplo que Chile seguirá siendo un país unitario aunque reconoce la identidad y autonomía de los pueblos originarios; 3) la intención de engaño, de quien conoce la verdad y emite el enunciado falso, es decir, la intención de lograr que el enunciado que falsea la verdad sea tenido por verdadero por los receptores, vale decir, por la sociedad.
Se trata de una mentira política en la medida en que está referida a asuntos comunes y públicos, es decir, a asuntos que conciernen o atañen a todos los ciudadanos en su calidad de miembros de la comunidad política. Existen, por lo tanto, mentiras a secas y mentiras políticas. Estamos en presencia de estas últimas. Se trata de mentiras organizadas que atacan verdades de hechos. La dimensión y la significación de estos hechos hacen que no sea suficiente una simple mentira, llevada a cabo por un mentiroso y su pequeño séquito de falsarios. Se requiere de una organización. Esta organización precisa de instrumentos de propaganda y de manipulación. Se procura de que la propaganda y la manipulación sustituyan la realidad por otra.
Esto afecta de manera muy determinante al funcionamiento del sistema democrático. En efecto, el sistema democrático requiere, para funcionar, de una opinión pública. Es decir, opiniones del público. Opiniones respecto a los asuntos públicos que son aquellos que afectan a la comunidad. Nada más pero nada menos. Se trata de opiniones, no de convicciones.
Para que exista opinión pública, verdadera y no manipulada, esta debe fundarse en la verdad y no en la mentira. Los ciudadanos deben estar vigilantes para impedir que la manipulación deliberada, fundada en la mentira y el miedo, pueda impulsar a la opinión pública a rechazar el texto constitucional.
