Opinión
La semana pasada se informó por la prensa que la Subsecretaría de Derechos Humanos cuenta con un archivo de miles de testimonios de exconscriptos, cuya “existencia se mantuvo en reserva no solo a los especialistas en temática de crímenes ocurridos en dictadura, que trabajan en la misma entidad, sino que también a la justicia”.
Los testimonios fueron entregados durante una mesa de trabajo en 2017, y el informe de la subsecretaría que salió de este proceso en 2018 dice que en “algunos casos se reconoce participación […], la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos”. Si estos testimonios incluyen información relevante para la justicia transicional, los jueces correspondientes deben tener acceso a ellos.
Pero la existencia de este archivo nunca fue secreta. El informe de la mesa de trabajo fue publicado en 2018. Estaba, y aún está, disponible online. La memoria de los exconscriptos en general tampoco ha sido escondida, sino ignorada.
Exconscriptos llevan casi dos décadas reuniéndose, dando testimonios, recogiendo informes médicos y psicológicos, y hablando sobre sus experiencias. Los primeros grupos informales surgieron alrededor de 2005. Luego las agrupaciones se formalizaron y, en una década, cerca de 100 mil exreclutas –una cuarta parte de aquellos que hicieron su servicio militar bajo Pinochet– se habían movilizado como parte de un movimiento fracturado.
El movimiento es “fracturado” por las diferentes estrategias legales y políticas de los grupos y por las diferencias personales de sus dirigentes y acusaciones mutuas de aprovechamiento. Sin embargo, es un movimiento unido por las memorias compartidas del servicio militar y por demandas en común, incluso pensiones y reparaciones por abusos físicos y psicológicos.
El informe de 2018 reconoce que la gran mayoría de los testimonios entregados denuncian hechos padecidos por exconscriptos. Los hechos denunciados incluyen: golpes; punta y codo sobre espinas; patadas en los genitales; obligación de comer carne cruda de perros y gatos, excremento de animales y excremento humano; obligación de matar a perros y beber su sangre; el “teléfono”; el “submarino”; colgamientos; abuso sexual; y la aplicación de corriente en distintas partes del cuerpo, incluso los testículos. Aunque también existía la persecución política de conscriptos, las torturas denunciadas fueron parte de la formación militar para hacer «hombres duros».
El Informe Valech entregó a los exconscriptos un lenguaje de tortura y derechos para entender sus experiencias y, luego, expresar sus demandas, pero también impuso límites. Siguiendo su mandato, la Comisión excluyó los testimonios de ciento dos exconscriptos “que denunciaron privación de libertad o tortura durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio” por no poder “determinar claramente las razones políticas de esos hechos”.
“Víctima” en la reconciliación chilena es una categoría política. El movimiento de exconscriptos, sin embargo, no tiene como base una identidad política compartida. Los exconscriptos son de todos los colores políticos. Hay una tendencia individual –a veces estratégica, a veces instintiva– de “despolitizar” sus testimonios, pero más trascendente aún es el hecho que las memorias de los exconscriptos no se conectan con la lucha por la memoria de ninguna forma consistente. En cambio, lo que une al movimiento es un sentimiento común de sufrimiento personal, donde lo personal no es necesariamente, y a menudo no es en absoluto, una ventana hacia una narrativa nacional o política más amplia.
Para los exconscriptos, la justicia transicional posicionaba la entrega de información sobre las desaparecidas y los desaparecidos como un prerrequisito para ser escuchados, y equipararon de manera reflexiva el no hacerlo con complicidad. Exconscriptos han colaborado en casos emblemáticos. Otros aún tienen miedo. A algunos no les interesa involucrarse. Pero la gran mayoría no puede cumplir con este prerrequisito por no tener información. Además, la obligación de abordar primero un tema que, para muchos exconscriptos, no tenía relación con sus recuerdos del servicio militar ni su sentimiento de ser también víctimas, silenció desde un principio sus narrativas.
Las y los familiares de personas desaparecidas o asesinadas merecen acceso a información relevante entregada por exconscriptos para el esclarecimiento de casos pendientes.
Exconscriptos merecen ser tratados y escuchados como los protagonistas de sus propias historias, no solo como posibles testigos en las historias de otras personas.
