Opinión
En los últimos días un reportaje de un canal de televisión puso en conocimiento de la opinión pública las malas prácticas de la empresa distribuidora de gas más importante del país. Sin embargo, el tema es de larga data. En 2017 fue promulgada una ley que establece que a las empresas distribuidoras de gas se les fijarán tarifas cuando excedan una rentabilidad equivalente a la Tasa de Costo de Capital, cuyo piso mínimo es un 6%, más un margen adicional de tres puntos porcentuales, la que es chequeada anualmente por la Comisión Nacional de Energía. Previo a la promulgación de la esta ley, en 2016, Metrogas creó una empresa relacionada, Agesa, que importa el gas natural y lo vende a Metrogas a un precio, obviamente, superior. Con ello, las mayores rentabilidades las percibe Agesa y no Metrogas y así evita la fijación de tarifas.
Cabe destacar que la ley exige que las compras de gas entre empresas relacionadas se hagan a través de licitaciones públicas. Lamentablemente, un artículo transitorio de la misma ley establece que los contratos anteriores de suministro de gas deben respetarse. Agesa fue creada con 6 meses de anterioridad a la promulgación de la ley y se le traspasó el contrato que mantenía Metrogas con su proveedor de gas hasta el año 3030.
Un estudio reciente de la Fiscalía Nacional Económica determinó que desde la promulgación de la ley en 2017 al año 2021 hubo un incremento de entre un 12,7% y 20,2% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas. Este incremento también ha afectado al sector comercial e industrial. Este estudio también abordó el mal funcionamiento del mercado del gas envasado y que dio origen a que más de 100 alcaldes se organizaran para intentar distribuir este combustible, lo cual no está exento de problemas de seguridad. Sin embargo, los problemas relativos al mercado del gas natural no fueron tan visibles para la opinión pública ni para los alcaldes, ya que la penetración de la red de gas natural es baja. El 80% de las comunas del país no tiene acceso ella.
No obstante, la iniciativa de los alcaldes obligó al Gobierno anterior a enviar un proyecto de ley para mejorar la regulación del mercado del gas, tanto del envasado con el de red. Este proyecto mantenía la exigencia de licitaciones públicas supervisadas por la Comisión Nacional de Energía para contratos de aprovisionamiento de gas entre empresas relacionadas y, para los contratos existentes a la fecha, establecía que el chequeo de rentabilidad deberá considerar la rentabilidad de todo el grupo económico, es decir, en el caso de Metrogas, debiera incluir también a la empresa Agesa. Lamentablemente, el Gobierno actual decidió retirarlo con el argumento de mejorarlo.
Como solía decir mi abuelita: «Lo perfecto es enemigo de lo bueno».
