Opinión
Las complejidades que deja la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el control del orden público están a la vista. No olvidemos que las tareas de seguridad pública están reservadas a las policías y que la participación de las FF.AA. en tales funciones ha sido extraordinaria. Solo ante la ineficacia de las fuerzas policiales en el control de la violencia en La Araucanía, las FF.AA. han sido llamadas a cumplir un rol totalmente ajeno a su mandato y sin tener las herramientas legales adecuadas para ello. Ello evidentemente las expone innecesariamente a toda clase de riesgos. Veamos un ejemplo reciente.
Resulta sorprendente que el Estado de Chile, a través de su Ejecutivo, solicite prorrogar el Estado de Excepción Constitucional en la zona de La Araucanía, con el propósito de evitar delitos terroristas contra las personas que allí habitan o circulan y, por otro lado, la Corte de Apelaciones de Concepción revoca la decisión del Juez de Garantía de Cañete, decretando arresto preventivo domiciliario total, por representar un peligro para la sociedad, a dos miembros de la Armada de Chile, quienes, en noviembre pasado, durante Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado para proteger a la población de terroristas, concurrieron a apoyar a carabineros que se encontraban bajo ataque con armas de fuego.
Los infantes de marina fueron recibidos con disparos de armas largas, lo que queda en evidencia por los impactos de balas recibidos en los carros Mowag, razón por la cual, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa, se vieron obligados a utilizar su armamento y dieron muerte a un comunero que ese encontraba en el lugar del ataque.
¿Quién lo entiende? El Estado, a través del Poder Ejecutivo, los manda a cumplir un mandato y luego, el mismo Estado, a través del Poder Judicial, los acusa inmisericordemente, por cumplir con su deber. Así las cosas, esto no va a resultar. El Ejecutivo solo quiere dar señales comunicacionales —o pirotécnicas— de estar abordando el conflicto. Pero ello no es suficiente para garantizar una paz exitosa en la zona. Cuesta entenderlo.
Mientras el Estado de Chile no entienda que estamos frente a un conflicto armado interno de baja intensidad, con participación de fuerzas con armamento, entrenadas y logísticamente preparadas, lo que a todas luces requiere aplicación de normas especiales, como el Derecho Internacional Humanitario y la participación de la Justicia Militar (que no se manda sola y depende de la Corte Marcial, integrada en mayoría por ministros civiles y esta, dependiente de la Corte Suprema), la presencia de las FF.AA. en la Macrozona Sur solo servirá para que sigan acusándolas de violar los DD.HH., mientras los terroristas seguirán destruyendo, incendiando y asesinando a civiles.
Ahora será con mayor impunidad y violencia, ya que habrán neutralizado a las FF.AA., al igual como ya lo hicieron con las policías. Basta ver lo ocurrido el viernes pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con el brutal asesinato del cabo 2° David Florido, quien se inhibió de usar su arma por temor a represalias judiciales.
Si las FF.AA. no pueden hacer nada distinto de lo que pueden hacer las policías, ¿a qué van a La Araucanía?
